Mujeres del poder de Baja California dejan sola a víctima que denuncia abuso sexual de Erik Morales, exsecretario de Bienestar en Tijuana
En su lucha para alcanzar candidatura de elección popular y puestos directivos de los tres órdenes de gobierno, las mujeres de la política mexicana pugnaron y, tras muchos años, lograron que los partidos de un país machista aprobaran leyes que los obligaran a designaciones y asignaciones de cargos públicos con paridad de género.
Aunque estas reformas no garantizaron la llegada de las mejores mujeres afiliadas a las instituciones políticas, porque las conexiones partidistas siguen siendo determinantes, es innegable que los cambios representaron un importante avance.
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Algunos de los argumentos público-sociales esgrimidos para lograr esta paridad, y los nombramientos de damas en importantes áreas de la administración pública, han sido que las mujeres son más honestas, sensibles y sororas. El tema aquí es que ningún estudio ha probado que estos rasgos sean inherentes a la biología del sexo femenino, porque son temas de personalidad, educación, formación y valores.
Y hoy, en Tijuana, Baja California, se está viviendo un ejemplo de que aún con muchas mujeres en puestos claves de poder, las víctimas femeninas continúan padeciendo la ausencia de solidaridad.
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El 11 de julio del 2025, se hizo pública la salida del Erik Isaac Morales Elvira de la titularidad de la Secretaría de Bienestar del XXV Ayuntamiento de Tijuana, después que una muchacha en sus temprano 20 lo denunciara el 10 de julio, y relatara cómo el día 4 del mismo mes, ese hombre de 48 años, muchos kilos, 1.73 metros de estatura y entrenamiento de box, siendo superior jerárquico, la encerró en su oficina, privándola de la libertad y la abusó.
La joven, apoyada por psicólogos, hizo una descripción descarnada de cómo el funcionario la llamó a su oficina con motivo de trabajo, y después le manoseó incluyendo sus zonas íntimas, la besó por donde pudo, se le friccionó y la estrelló de manera soez y agresiva, a pesar de que ella lo rechazó de viva voz; le dijo que por favor se detuviera, y que no lo hiciera.
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Cierto es que una denuncia no significa culpabilidad y el Artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales es muy claro en cuanto a la presunción de inocencia mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Tampoco se trata de linchar al exfuncionario y exboxeador identificado como El Terrible Morales, aunque antes, en enero de 2024, él ya había tenido otra denuncia por otro delito similar, y esa carpeta sigue sin resolverse después de 18 meses.
Pero lo que hicieron el puñado de mujeres empoderadas en Baja California y adheridas a los gobiernos locales fue dejar sola a la víctima veinteañera y generarle un vacío. Todas se quedaron calladas, como si la causa de la joven no fuera parte de sus obligaciones y estuviera en contra de sus intereses.
El 14 de julio, tres días después que se hiciera pública la salida de Morales, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda -quien junto con su esposo Carlos Torres, promovió al expugilista como precandidato a la alcaldía de Tijuana, pero fue superado por el actual presidente municipal Ismael Burgueño, a quien la mandataria terminó imponiéndole al Terrible como funcionario-, fue cuestionada respecto al tema de su otrora protegido; respondió simplemente que no sabía de las denuncias y luego, a pesar del evidente desinterés, se atrevió a repetir su acostumbrada línea de “nuestro apoyo siempre a las mujeres”.
Caso similar el de Candelaria Aracely Márquez Peña, titular del Instituto Municipal de la Mujer (Immujer) en el Ayuntamiento de Tijuana: no buscaron a la víctima para brindarle apoyo, ni le ofrecieron otro tipo de soporte en lo público o lo privado, y cuando se le preguntó por la denuncia el día 14, también dijo: “No tenemos conocimiento de eso”, y se dio la vuelta evitando responder más preguntas del tema.
Teresita Balderas Beltrán, Síndico Municipal tijuanenses que recibió la denuncia el 10 de julio, tardó seis días en dar la cara y lo hizo a través de un boletín publicado en redes sociales: “Ante las denuncias que recibimos en contra de un funcionario del Gobierno Municipal actuamos con transparencia y estricto apego a legalidad atendiendo con perspectiva de género y cuidando en todo momento la integridad y los derechos de la persona denunciante. Nuestro compromiso en claro: actuar con firmeza y sensibilidad ante situaciones que vulneren la dignidad humana. En este gobierno, la justicia y el respeto a los derechos de las mujeres son principios irrenunciables”, concluyó el comunicado.
De las otras damas del poder no se supo nada: ni de la Fiscal General del Estado, María Elena Andrade Ramírez; ni de Hortensia Noriega León, fiscal Especializada en Delitos Contra la Mujer por Razón de Género; tampoco Mónica Vargas Núñez, titular del Instituto de la Mujer del Estado de Baja California (INMUJER); o de Magdalena Bautista Ramírez, directora del Centro de Justicia para las Mujeres; menos de Dunnia Montserrat Murillo López, presidente de la mesa directiva de la XXV Legislatura de Baja California; y de Rosina del Villar, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, partido al que ha representado Morales Elvira como diputado federal, funcionario estatal, precandidato a la alcaldía de Tijuana y secretario de Bienestar municipal.
Son tantas mujeres acomodadas en puestos públicos, con buenos sueldos, que tienen la consigna y obligación de proteger a las víctimas femeninas, y al final, en medio de la crisis, tan poco apoyo y tan grande la sensación de indefensión.
PD.- Los hombres del poder no reaccionaron mejor: intolerable y vergonzante el silencio del alcalde Ismael Burgueño y del secretario general Arnulfo Guerrero, ambos responsables de las relaciones y las políticas del Ayuntamiento.
