Joaquín Galván, defensor de Derechos Humanos de Oaxaca, acusó, el 3 de junio de 2025, que Hugo Aguilar Ortiz -actual titular de la Coordinación de Derechos Indígenas, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), quien, tras la conclusión del Programa de Resultados Preliminares del Instituto Nacional Electoral (INE), sería el virtual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)-, intentó sobornar a la activista Sandra Estefana Domínguez Martínez.
A finales de 2022, dicha activista laboró en el Gobierno estatal oaxaqueño, durante la Administración de Alejandro Ismael Murat Hinojosa. Dos años antes, en el 2020, Domínguez Martínez había denunciado por violencia digital al coordinador de las Brigadas, Donato Vargas, por administrar un chat de índole sexual, en donde se difundían imágenes de mujeres mixes desnudas.
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La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó, el 28 de abril de 2025, que en coordinación con diferentes instituciones estatales y federales, localizaron, cuatro días antes, los cadáveres de la activista Domínguez Martínez, y de su esposo, Alexander Hernández Hernández, reportados como desaparecidos el 8 de octubre de 2024.
“Entendamos algo. No busco ni me interesa que a Hugo se le retire el cargo de ministro ni nada, como digo, es un abogado brillante. Aquí el punto es que dicen que los indígenas estamos representados en él, pero el lleva casi 20 años operando para el gobierno, no para los pueblos”, indicó el defensor de DD. HH., en su cuenta de la red social X.
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“El no es ningún nuevo Benito Juárez ni ninguna otra tontería idealizante, es una persona que no está exenta de ser cuestionada por su ejercicio dentro del INPI por temas como los megaproyectos, las consultas y el manejo a las denuncias contra miembros del INPI por mujeres”, agregó Galván.
“Creo que los retos de Hugo como ministro van a ser: Desapegarse de su militancia obradorista, desapegarse de la figura de Adelfo Regino [Montes, titular del INPI] y por supuesto, definir si juzgara con la escuela social e indígena que trae de su juventud o a través de la escuela oficialista gubernamental.
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“Cuando mi compañera Sandra Dominguez denunció a funcionarios del INPI por su participación en chats de acoso sexual contra mujeres indígenas, el equipo jurídico del INPI encabezado por Hugo Aguilar envió a uno de sus abogados a ofrecerle un cheque abierto a cambio de su silencio”, afirmó el defensor de DD. HH.
“Esta situación se hizo a través del abogado miembro del equipo Cristian Mahatma. Mi amiga Sandra me lo reportó inmediatamente, les dijo que no quería más que la destitución de Rolando Vázquez Perez, jefe de plazas del INPI”, insistió Galván.
“Buenos días, les comento que el día de ayer en la noche tuve un intercambio de comunicación con Hugo Aguilar Ortiz, me respondió de forma cordial y sutil por supuesto dejando en claro su postura sobre mis declaraciones como yo las mías y finalizamos deseándole un buen ejercicio”, dijo, el defensor de DD. HH., el 4 de junio de 2025.
“Soy consciente que mis posicionamientos de estos días respecto a la elección de Hugo Aguilar han tomado fuerza en la discusión pública, pero no por ello permaneceré callado ante los ataques racistas sistémicos de ciertos sectores conservadores contra el ministro electo”, finalizó Galván.
Por su parte, la diputada federal por el Partido del Trabajo (PT), Martha Aracely Cruz Jiménez, también acusó a través de su cuenta en X, a Aguilar Ortiz, de violencia en su contra. Aunque después eliminó la publicación.
“Esta situación donde Adelfo me violenta, es por un acompañamiento que hice a la víctima de su hermano Paco Regino, y ahí sí tuvo participación directa Hugo Aguilar, entre varios funcionarios del INPI”, comentó la legisladora, en relación a un comentario que hizo sobre la difusión de un video, en el que se encontró con el actual titular del INPI.
Aguilar Ortiz fue el responsable de coordinar las consultas entre comunidades indígenas para avalar los llamados megaproyectos del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico.
En el caso del Tren Maya, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció que el proceso de consulta no cumplió con los estándares internacionales en la materia.
Por ejemplo, las consultas para este megaproyecto, tildado de ecocida por diversas organizaciones ambientalistas y el Tribunal Internacional de Derechos de Naturaleza, se realizaron sin presentar los estudios de impacto ambiental.
“La Oficina observó que la convocatoria, el protocolo y la información presentada sólo hacían referencia a los posibles beneficios del proyecto y no a los impactos negativos que pudiera ocasionar. Durante las sesiones observadas, en diversas ocasiones las personas participantes preguntaron sobre dichos impactos sin obtener una respuesta clara y completa. La ausencia de estudios sobre los impactos o la falta de difusión de los mismos, dificulta que las personas puedan definir su posición frente al proyecto de manera plenamente informada”, consignó la ONU-DH.
“En cuanto a la adecuación cultural del proceso, es motivo de preocupación que la metodología del mismo no haya sido construida y acordada con las comunidades involucradas. Esto implicó que la definición de a quién consultar, dónde hacerlo y en qué momento fuera establecida unilateralmente por las autoridades“, expuso el organismo internacional, como parte de las irregularidades que buscaron legitimar el proyecto.
En las consultas del Corredor Interoceánico también pesan señalamientos de posible simulación e imposición. Por ejemplo, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) denunció que el proceso de consulta incumplió con estándares internacionales.
“Como lo estipularon pueblos indígenas nahuas y popolucas de la región en sus actas de asamblea, rechazando el proyecto de ferrocarril del Istmo de Tehuantepec: para esta pretendida consulta, ‘invitaron solo a algunas autoridades de las comunidades indígenas de la región sin un previo proceso de información en sus respectivas comunidades, por lo cual las autoridades no podían hablar a nombre de sus comunidades que ni siquiera estaban informadas’”, dice el comunicado del CEMDA firmado por 125 organizaciones y activistas.
La oposición al Tren Interoceánico enfrentó procesos de persecución e incluso de violencia. Arnoldo Nicolás Romero, un comisario ejidal de San Juan Gichicovi, Oaxaca, el cual formó parte de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), la cual se oponía al Tren Interoceánico, pero que fue asesinado en enero de 2025.
Aunado a dicho homicidio, una de las compañeras del comisario ejidal de San Juan Gichicovi, Juana Inés Ramírez Villegas enfrenta, junto a otras 23 personas defensoras, un proceso penal abierto por sus acciones de resistencia contra el Tren Interoceánico.
En septiembre de 2024, más de 20 organizaciones integrantes de la Misión Civil de Observación en el Istmo de Tehuantepec, presentaron un informe por las supuestas agresiones vividas por pueblos indígenas, personas y comunidades, entre mayo 2021 y mayo 2024, en el marco de las obras del proyecto del citado Corredor.
