Valle Aguilasocho y Bátiz García, nuevos magistrados de Sala Superior del TEPJF

Con un avance del 98.3789 por ciento de actas electorales computadas y una participación ciudadana de 12.7684 por ciento, hasta un corte de las 14:00 horas del 5 de junio de 2025 -tiempo de la Ciudad de México-, Claudia Valle Aguilasocho y Gilberto de Guzmán Bátiz García, se perfilaban para ocupar las dos vacantes a magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (PJF), entre 15 candidatos a dicho cargo.

Bátiz García, postulado por el Poder Ejecutivo, obtuvo 4 millones 496 mil 315 votos (17.9673 por ciento). Mientras que Valle Aguilasocho, postulada por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, obtuvo 3 millones 958 mil 861 votos (15.8197 por ciento).

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Según un perfil elaborado por la organización no gubernamental Observatorio Electoral Judicial (OEJ), Bátiz García contaba “con experiencia en el ámbito electoral y judicial, ha ocupado cargos destacados como Magistrado Electoral en Chiapas y Consejero Electoral local. También integró la Judicatura estatal, supervisando la disciplina judicial y recursos del Poder Judicial”.

“Ha colaborado con organismos nacionales e internacionales, como la SCJN, y participado en reformas judiciales y proyectos relacionados con justicia penal y democracia electoral. Su trayectoria combina funciones ejecutivas, académicas y la promoción de derechos”, agregó la organización no gubernamental.

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Cuenta con estudios de Especialidad en Derecho Notarial por la Universidad de Salamanca, España y en Derecho y Política Jurisdiccional por la Universidad Castilla-La Mancha, España. Es Doctorante en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas.

Fue director de Relaciones Nacionales e Internacionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de 2009 a 2011, participando en el Consejo Judicial Centroamericano y firmando la Declaración de Garavito. Además, fungió como coordinador de asesores de la Mesa Directiva del Congreso de Chiapas, de 2011 a 2012.

Se desempeñó como Consejero de la Judicatura en Chiapas (2012-2016), periodo en el que supervisó la disciplina judicial y administró recursos del Poder Judicial local. También fue vocero estatal para la Implementación de la Reforma Penal.

Fungió como Consejero Electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, del 2017 al 2019. Así como magistrado del Tribunal Electoral de Chiapas (TEECH), desde 2019, nombrado por el Senado de la República.

Es profesor universitario en materias como Derecho Constitucional, Sistema Político Mexicano y Administración de Justicia en diversas instituciones. Participó en obras colectivas, como el capítulo sobre reelección electoral en el libro ‘Democracia y justicia electoral en Chiapas’ (2022), donde abordó los desafíos institucionales relacionados con este tema.

“Durante su presidencia del tribunal (2022-2025), dirigió procesos como los comicios locales de 2021 y 2024. Asimismo, implementó un modelo de ‘justicia cercana’ mediante audiencias públicas en zonas indígenas y rurales. En 2021, la Sala Superior del TEPJF revocó una sentencia del TEECH bajo su presidencia, en la que se anulaban las elecciones municipales de San Cristóbal de las Casas por violencia política de género”, indicó la ONG, en cuanto los posibles conflictos de interés de Bátiz García.

Mientras que Valle Aguilasocho es magistrada de la Sala Regional Monterrey del TEPJF, desde 2016, y en los 10 años anteriores ocupó diversos cargos en la Sala Superior de dicho Tribunal, desde secretaria de estudio y cuenta hasta secretaria general de acuerdos. De los 15 candidatos fue la única propuesta por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Según destacó una ficha elaborada por el Observatorio Electoral Judicial, “comenzó su trayectoria en el Poder Judicial en 1992, ocupando cargos como actuaria, secretaria de juzgado y secretaria de estudio y cuenta en el TEPJF”

“Ha fungido como Secretaria General de Acuerdos y magistrada electoral, liderando la Sala Regional Monterrey desde 2016. En 2024, participó como magistrada provisional en la calificación de la elección presidencial, destacando su experiencia en justicia electoral y su labor académica en derecho penal y procesal penal”, detalló la ONG.

Cuenta con estudios de Maestría en Derecho Procesal Penal, así como en Derechos Humanos y Derecho Constitucional. Ha participado en actividades académicas y ha sido docente en el Centro Universitario de Tijuana, Campus Ensenada, impartiendo cursos como Metodología Jurídica de la Investigación, Derecho Penal y Procesal Penal. Colaboró en espacios internacionales en la Escuela Judicial Electoral, promoviendo justicia constitucional y derechos humanos.

Ingresó al Poder Judicial de la Federación (PJF), en 1992, como oficial judicial en el Segundo Tribunal Unitario de Circuito, en Mexicali, Baja California. Posteriormente, desempeñó cargos como actuaria y secretaria de juzgado en Baja California y Ciudad de México, así como secretaria de estudio y cuenta en la Sala Superior del TEPJF.

Asimismo, se desempeñó como Secretaria General de Acuerdos de la Sala Superior del TEPJF y posteriormente fue designada magistrada electoral en 2016, asumiendo la presidencia de la Sala Regional Monterrey. Fue nombrada sexta magistrada provisional de la Sala Superior del TEPJF, para validar la elección presidencial de 2024.

“Ha resuelto más de 280 juicios de inconformidad e intervenido en casos emblemáticos como la nulidad de elecciones en Zacatecas en 2016. Su experiencia en justicia electoral incluye 32 años en el PJF con roles claves en juzgados y tribunales. Ha enfrentado acusaciones de vínculos con el PAN y el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Medios y organizaciones civiles han cuestionado su independencia judicial, vinculándola al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, miembro de la Sala Superior”, indicó la ONG, en cuanto los posibles conflictos de interés de Valle Aguilasocho.

“Su designación en 2024 como magistrada temporal en la Sala Superior del TEPJF para la calificación de la elección presidencial, generó controversias, con votos en contra de magistrados que argumentaron antigüedad superior de otros candidatos”, enfatizó el Observatorio Electoral Judicial.

Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación -desde el 4 de noviembre de 2016- informó, el 31 de octubre de 2024, que aceptaría la ampliación de su cargo hasta el 2027.

Por su parte, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación -desde el 4 de noviembre de 2016-, también aceptó la ampliación de su cargo, posibilidad que le otorgaba la reforma judicial.

Tanto Rodríguez Mondragón, como Fuentes Barrera, concluyeron, el 31 de octubre de 2024, su periodo por el que fueron elegidos por el Senado de la República, en noviembre del 2016.

Rodrigo de la Peza López Figueroa, titular del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, canceló, el 5 de julio de 2024, la orden al TEPJF, para que nombrara a los dos magistrados faltantes de su Sala Superior.

El juzgador federal negó la suspensión definitiva en el amparo promovido por una asociación civil, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CMDH), que buscaba forzar la integración de la Sala Superior del TEPJF, ante la omisión del Senado para llenar las dos vacantes.

El viernes 28 de junio de 2024, De la Peza López Figueroa mandó al TEPJF, nombrar a dos magistrados decanos de Sala Regional, para integrar la Sala Superior, ello en vez de al exigir al Senado, elegir a los magistrados de entre las ternas que le envió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en septiembre de 2023.

El juez federal basó su resolución en el artículo 167 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, que ordenaba a las salas del TEPJF designar magistrados suplentes en casos de ausencia, aunque solo para las que no excedieran de 30 días.

“El Pleno de la Sala Superior del TEPJF deberá designar a dos personas Magistradas Electorales de las Salas Regionales, que deben cumplir con el requisito de ser decanas, esto es, con mayor antigüedad, o en su caso, de mayor edad; de tal suerte que se supla la ausencia prevaleciente como consecuencia de la omisión reclamada, y dicha Sala Superior quede integrada por siete magistrados electorales, para que pueda sesionar válidamente y sus resoluciones se tomen en unanimidad, mayoría calificada en los casos expresamente señalados en las leyes o mayoría simple”, ordenó De la Peza López Figueroa.

La suspensión original decretada por el juzgador federal, que solo era provisional, fue revocada el 4 de julio de 2024, por unanimidad, en el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, cuyos tres magistrados resolvieron que no había algún daño inminente que se debía suspender, debido a que la Sala Superior del TEPJF podría funcionar con cinco integrantes, y solo requería seis para declarar la validez de la elección presidencial a más tardar el 6 de septiembre del presente año.

Los magistrados del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa agregaron que la ley citada por De la Peza López Figueroa, sólo facultaba al TEPJF para suplir vacantes de menos de 30 días, no vacantes permanentes.

El TEPJF incluso anunció que presentaría una denuncia penal contra De la Peza, una medida inusual sin pasar antes por una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), mientras que la Secretaría de Gobernación le promovió un juicio político en el Congreso, que puede resultar en su destitución.

La noche del 4 de julio de 2024, con tres votos a favor, los integrantes de la Sala Superior del TEPJF ordenaron a su Dirección de Asuntos Jurídicos, para denunciar ante la Fiscalía General de la República (FGR), al juez Rodrigo de la Peza López Figueroa.

En la mañana del mismo día, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al Poder Judicial de la Federación (PJF), de fraguar un “plan con maña” para quitarle a Morena y sus aliados de los partidos Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y del Trabajo (PT), la mayoría calificada en el Congreso de la Unión.

El mandatario nacional sostuvo que la orden del juez Rodrigo de la Peza López Figueroa, para nombrar dos magistraturas vacantes en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, buscaba que juzgadores afines a la oposición consiguieran la mayoría de votos en el Pleno de la Sala Superior del TEPJF.

Según lo denunció el político tabasqueño, una vez conformado, dicho “bloque conservador”, podría imponer su criterio para cancelar la elección presidencial, en un escenario “exagerado”, pero también en la discusión respecto a la denominada cláusula de sobrerrepresentación.

“Es una maniobra politiquera que un juez, que no tiene facultades, le pida al Tribunal que nombre a dos magistrados que hace falta, pero, ¿por qué quieren que se nombre a esos dos? Todo es un plan con maña, porque los dos que quieren poner son del bloque conservador y entonces tendrían mayoría en el Tribunal”, detalló López Obrador.

“Y entonces el Tribunal podría cancelar la elección, pero, para no exagerar, lo que más añoran es que se aplique una fórmula que no está en la Constitución para que Morena y sus aliados no tengan mayoría calificada en la Cámara de Diputados y no puedan reformar la Constitución. ¿Es mafia o no es mafia?”, criticó el presidente.

“¿Hay un plan del Poder Judicial para quitarles la mayoría calificada?”, le preguntó un reportero, durante la conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

“Si, así como se está planteando. Cuando dice la Secretaria de Gobernación que va a interponer una demanda para juicio político está bien. Ya basta de que estén pisoteando la Constitución y no es nada más este caso”, abundó el político tabasqueño.

“Los que deberían de respetar la Constitución, los ministros la violan. La Constitución establece en el Artículo 127 de que ningún funcionario público puede ganar más que el Presidente y ellos ganan cuatro veces más que lo que gana el Presidente de la República. ¡Son unos caraduras, cretinos!”, enfatizó López Obrador, quien también acusó al juez de atreverse a pisotear la Carta Magna, porque, según él, se sentía protegido por los ministros de la SCJN.

“Lo que acaba de hacer un juez: se atreve a ordenarle al Tribunal Electoral que se nombre a dos nuevos magistrados, ¿y con qué facultad si constitucionalmente es el Tribunal Electoral el que tiene la facultad de calificar la elección presidencial?”, insistió el mandatario nacional.

“Pero, ¿cómo se atreve a violar así, a pisotear la Constitución? Porque se siente protegido por los de la Suprema Corte y los de la Suprema Corte se sienten protegidos, porque tampoco son los que mandan, en esto hay nivelitos, arriba hay otros”, aseveró el titular del Poder Ejecutivo Federal, quien también advirtió que, de no aprobarse la reforma constitucional, los jueces seguirían dejando en libertad a los delincuentes.

“Vamos a suponer, a aceptar sin conceder de que no se lleva a cabo la reforma, imagínense en qué terminaría el país, si los jueces dejan en libertad a delincuentes peligrosos de las bandas que operan en el País y a delincuentes de cuello blanco”, señaló López Obrador.

El 3 de julio de 2024, la virtual presidenta de la República electa, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que el PJF invadía las facultades del Poder Legislativo y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Durante una conferencia de prensa -llevada a cabo desde su casa de transición, ubicada en la alcaldía Iztapalapa-, Sheinbaum Pardo aclaró que su evaluación no se centraba únicamente en la presidenta de la SCJN, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, sino en el Poder Judicial de la Federación en su conjunto.

“No, no creo que en particular esté en evaluación la presidenta de la Suprema Corte, sino el Poder Judicial en sí. Por eso es el planteamiento de la reforma al Poder Judicial”, indicó la virtual presidenta de la República electa, quien también planteó la necesidad de una reforma al PJF, argumentando que, según ella, no actuaba buscando la justicia de manera equitativa para todos.

“Ayer lo dije: más allá de la renuncia o no, el problema es cómo está actuando el Poder Judicial en nuestro país y hay muchísimos casos que muestran que no se actúa buscando la justicia, ni es pareja para todas y para todos”, afirmó la ex titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Sheinbaum Pardo también mencionó casos en los que, según su opinión, el Poder Judicial de la Federación había cometido abusos sobre otros poderes, citando como ejemplo el caso de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE). Además, hizo referencia a situaciones en las que se liberaban a delincuentes, afectando la seguridad y la paz de los mexicanos.

“Invaden facultades del Legislativo, invaden facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, declaró la virtual presidenta de la República electa, respecto a los integrantes del PJF.

“El juez Rodrigo de la Peza, este juez es el mismo que concedió efectos contra la Ley de la Energía Eléctrica, es un juez que no es la primera vez que hace suspensiones frente a acciones que hace el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo. La Constitución claramente especifica que en el caso electoral el máximo organismo es el Tribunal Electoral y la Sala Superior […] ¿Qué tiene que hacer un juez exigiéndole algo al (sic) Tribunal Superior de Justicia de la Federación en materia electoral?”, dijo Sheinbaum Pardo, un día antes.

“Un juez que antes ya había actuado en contra del Poder Legislativo, es decir un juez que actúa políticamente, le exige a la Sala Superior que nombre a dos, cuando, entiendo que se requiere sólo uno más para calificar la elección presidencial”, aseguró la virtual mandataria nacional electa.

“Cuando la Secretaria de Gobernación dice que ya es juicio político contra un juez es porque, ¿qué tiene que estar haciendo un juez? Valdría la pena ver quién es este juez, dónde trabajó, quién lo formó. Para eso es importante la reforma judicial”, agregó Sjeinbaum Pardo.

El 3 de julio de 2024, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) ratificó la petición de juicio político contra el juez Rodrigo de la Peza López Figueroa, por ordenar al TEPJF, que nombrara a dos magistrados que hacían falta para completar el Pleno de su Sala Superior, luego que el Senado había incumplido con dicha atribución.

El 2 de julio de 2024, SEGOB presentó su solicitud en la Secretaría General de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por el titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, Omar Gutiérrez Lozano.

El mismo día, a través de un video publicado en su cuenta de la red social X, Luisa María Alcalde Luján, titular de la SEGOB afirmó que era “evidente” que De la Peza López Figueroa, “actuaba por consigna”.

“El día de hoy solicitaremos su juicio político por violar la Constitución. Es evidente que actúa por consigna […] Muy bien por el Tribunal Electoral, que frente a la pretendida intromisión del Juez de Distrito Rodrigo de la Peza López, decide defender su autonomía y su mandato Constitucional como máxima autoridad en la materia”, expresó la funcionaria federal.

Tras enterarse de la cancelación de la orden del juez federal, el presidente López Obrador dijo, el 5 de julio de 2024, durante su conferencia de prensa matutina, que no era necesario el juicio político contra De la Peza López Figueroa.

“Ah qué bien, qué bueno, porque, ah ¿no fue por voluntad propia? No le hace, qué bueno, porque la Constitución es muy clara con eso, corresponde a las autoridades electorales la calificación de la elección al Tribunal Electoral, cómo se va a meter el juez a algo que no le corresponde”, respondió el mandatario nacional.

“No es de interpretación, es muy claro que es la autoridad electoral, es última instancia el Tribunal Electoral para estos asuntos, no sé quién lo asesoró. Pero si ya se resolvió qué bueno, felicidades”, comentó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“¿Mantendrán juicio?”, lo cuestionó un periodista. “No, no, no, si ya se resolvió ya para qué, qué bueno, para qué va a estar uno en puerta de autoridad, como se decía antes”, indicó el político tabasqueño.