La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) desmintió, el 11 de junio de 2025, el reporte de la agencia británica Reuters, de que el Gobierno del presidente Donald Trump estaría “presionando” a la Administración de su homóloga de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para que investigara y procesara a políticos con presuntos vínculos con el crimen organizado, y para que los extraditara a Estados Unidos si existiesen cargos penales allí.
“Tanto la propia Cancillería mexicana como el Departamento de Estado de los Estados Unidos hemos dado cuenta de manera transparente de las diversas conversaciones mantenidas entre ambos países sobre distintos temas, incluida la seguridad”, dijo la SRE.
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“Es absolutamente falso que en las reuniones sostenidas con el secretario Rubio o con su equipo del Departamento de Estado, se hayan transmitido solicitudes de investigar, perseguir o extraditar a algún funcionario o funcionaria de México”, comentó la Cancillería.
“Las conversaciones han girado en torno a la búsqueda de acuerdos en diversos temas con base en los principios de soberanía, coordinación sin subordinación y respeto a los derechos humanos”, destacó la Secretaría de Relaciones Exteriores, en su cuenta de la red social X, donde la Embajada de Estados Unidos en México, replicó la publicación y puso unos emoticones de aplausos.
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El Gobierno de Trump estaría “presionando” a la Administración de su homóloga de México, para que investigara y procesara a políticos con presuntos vínculos con el crimen organizado, y para que los extraditara a Estados Unidos si existiesen cargos penales allí, según lo reportó, el 11 de junio de 2025, Reuters, citando cuatro “fuentes familiarizadas con el asunto”.
En el reporte titulado ‘EE.UU. presiona a México para que procese a políticos con vínculos con cárteles’, firmado por el periodista Diego Oré, además de editado por Stephen Eisenhammer y Suzanne Goldenberg, Reuters se basó en dos de sus fuentes que afirmaron que en las pláticas entre funcionarios estadounidenses y mexicanos se mencionaron a cinco funcionarios actuales de Morena y un ex senador, incluyendo a Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, incluso amenazando con imponer más aranceles si el Gobierno encabezado por Sheinbaum Pardo no tomaba medidas,
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La agencia británica afirmó que las solicitudes -planteadas al menos en tres ocasiones por Marco Antonio Rubio García, titular del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) y su equipo, en reuniones bilaterales y conversaciones con funcionarios mexicanos- buscaban presionar al Gobierno mexicano para que investigara a funcionarios y lanzara “una ofensiva sin precedentes contra la narcocorrupción”.
“En las discusiones, los funcionarios estadounidenses han pedido acciones contra varios políticos del propio partido Morena, de Sheinbaum, incluso amenazando con imponer más aranceles si México no toma medidas, dijeron dos de las fuentes. Las conversaciones no se han reportado previamente. La Administración de Trump ha justificado su imposición de aranceles a México en la creciente influencia de los cárteles sobre el Gobierno del país latinoamericano”, dijo Reuters.
“Una ofensiva -que podría afectar a funcionarios de alto rango mientras estén en el cargo- marcaría una drástica escalada en los esfuerzos de México contra la corrupción relacionada con el narcotráfico. Sin embargo, conlleva riesgos políticos para Sheinbaum, ya que algunas de las acusaciones involucran a miembros de su propio partido, según declaró a Reuters un miembro de su Gabinete de seguridad”, señaló la agencia británica.
“La solicitud estadounidense se planteó inicialmente en una reunión en Washington el 27 de febrero [de 2025], encabezada por Rubio y el Canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente [Ramírez], según informaron las cuatro personas familiarizadas con el asunto”, abundó Reuters.
“La Fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, y otros funcionarios de los Departamentos de Seguridad Nacional [DHS] y Justicia [DOJ], así como del Tesoro [USDT], asistieron a la junta, indicaron las cuatro personas. El Fiscal General de México, Alejandro Gertz [Manero], y el Secretario de Seguridad, Omar [Hamid] García Harfuch, también estuvieron presentes”, detalló Reuters.
“La Presidencia de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores [SRE], la Fiscalía General mexicana [FGR] y la Secretaría de Seguridad [y Protección Ciudadana, SSPC] no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre las conversaciones. La Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos tampoco respondieron a los pedidos de comentarios sobre las pláticas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos declinó comentar”, reveló la agencia británica.
“México envió a 29 figuras de cárteles a Estados Unidos a fines de febrero -la mayor entrega de este tipo en años- tras las amenazas de Trump de imponer aranceles generalizados a los productos mexicanos. Según dos de las fuentes, en las pláticas también se discutió la posibilidad de agilizar la captura y/o deportación de objetivos prioritarios de la [Administración Antidrogas] DEA y el [Buró Federal de Investigaciones] FBI”, recordó Reuters.
“Como parte de las conversaciones, dos de las personas familiarizadas con el asunto indicaron que funcionarios estadounidenses también plantearon la idea de nombrar a un zar estadounidense del fentanilo, para que se comunique directamente con el equipo de Sheinbaum sobre los avances en la lucha contra el opioide sintético que ha dejado una estela de muertos por sobredosis en Estados Unidos”, destacó la agencia británica.
“Washington también presionó a México para que realizara inspecciones más exhaustivas de la carga y los viajeros con destino a Estados Unidos en la frontera entre ambos países, uno de los cruces más transitados del mundo”, subrayó Reuters.
“Aunque la Fiscalía General de México es independiente del Gobierno de Sheinbaum según la Constitución del país, Washington ha acusado durante mucho tiempo a México de proteger a políticos presuntamente vinculados con los cárteles. Los gobernadores estatales en funciones y los legisladores federales gozan de inmunidad procesal para la mayoría de los delitos y sólo pueden ser procesados por delitos federales graves, como narcotráfico o crimen organizado, si lo autoriza el Congreso”, destacó la agencia británica.
“Reuters no pudo determinar si Estados Unidos proporcionó a México una lista de políticos sospechosos de tener vínculos con el crimen organizado ni pruebas en su contra. Sin embargo, dos de las fuentes afirmaron que en las pláticas se mencionaron a cinco funcionarios actuales de Morena y un ex senador, incluyendo a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila”, enfatizó Reuters.
“Ávila anunció en sus redes sociales el 11 de mayo que Estados Unidos les había revocado las visas de turista a ella y a su esposo. No explicó el motivo y afirmó que la cancelación era ‘una injusticia’. El Departamento de Estado y la Embajada de Estados Unidos en México no se han pronunciado sobre el caso”, agregó la agencia británica.
“Perseguir a políticos en funciones se ha considerado desde hace tiempo una línea roja en México, según cinco diplomáticos acreditados en el país latinoamericano. Si bien en ocasiones se ha arrestado y procesado a políticos mexicanos por corrupción en Estados Unidos, esto sólo ha ocurrido después de que dejaran el cargo”, comentó Reuters.
