Simulando ando

Con frecuencia la crítica hacia legisladores locales y federales es que se convierten en “levanta dedos”, pero hay otros que pueden presumir productividad, y aun así hacer nada

Es bien sabido que en el Congreso de la Unión existen empresas consultoras que ofrecen sus servicios para manejar imagen, vestimenta e incluso hasta planes de trabajo para hacerse parecer un diputado o senador productivo, aunque la realidad es que, en lo que se convierten es en simuladores o simuladoras.

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No podemos aseverarlo, pero al menos esto parece que hizo la senadora morenista Julieta Andrea Ramírez Padilla, cuyo nombre suena ya como posible candidata a la Gubernatura de Baja California para el 2027, o en su defecto, para la Presidencia Municipal de Mexicali, aunque es innegable que su puesto en el Senado le da mayor proyección nacional.

Más allá de sus aspiraciones políticas, la senadora ha construido una imagen de contestataria en torno a los debates y discursos, ganados principalmente en los “post-debates” o “post-discursos” gracias al aparato de comunicación social que dirige.

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Lo único malo es que, en torno a las iniciativas y el trabajo legislativo de verdad, la joven política no ha mostrado mucho interés en dejar huella o en hacer algo trascendente como legado en las leyes federales.

Según la plataforma del Senado de la República, la legisladora morenista ha presentado 23 iniciativas de reforma a diversas leyes, de las cuales 19 son promovidas por ella; el resto son adhesiones y sólo una fue aprobada, que, dicho sea de paso, es de las que se adhirió.

Pero eso no es lo verdaderamente importante en torno a su trabajo legislativo, sino que al revisar cada una de sus iniciativas podemos identificar que se trata de una gran simulación, pues en lugar de proponer cambios sustanciales, realiza correcciones ortográficas, uso de sinónimos o modificación de sintaxis o incluso aumentar penas de delitos cuya sanción final no representa ningún cambio, pues no ameritan prisión.

Podemos decir que el 95 por ciento de las iniciativas son de correctora o editora, como, por ejemplo, una reforma que busca apoyar a los pescadores, donde el texto original dice:

“Un apoyo anual directo a pescadores de pequeña escala”, pero la reforma de Julieta dice: “un apoyo anual directo a pescadores de pequeña escala en los términos del último párrafo del artículo 4 Constitucional”.

El artículo 4 dice que el recurso deberá ser destinado de manera oportuna y sin capacidad de reducirse. En otras palabras, es lo mismo.

O en otro caso, Ramírez Padilla modificó un párrafo que se ubicaba de la siguiente forma:

“La constancia relativa a los antecedentes penales sólo se podrá extender en los siguientes supuestos”, y ella propuso “en ningún caso la autoridad administrativa expedirá constancias relativas a los antecedentes penales salvo en los siguientes supuestos”.

También hizo una modificación a la Ley Federal del Trabajo para aumentar de media hora a una hora el periodo en el que puede descansar un trabajador (quizá la iniciativa más importante de Julieta, junto con la de agregar la frase “acoso laboral” en la misma ley.

También modificó la Ley General de salud para modificar “post parto” a “posparto” o agregar la frase “atención a grupos vulnerables en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública”, cuando hablaba de protocolos homologados policiales. Esa frase la agregó a varios párrafos de la Ley, cuando ya estaba englobado en otros puntos.

También modificó la Ley de Educación para agregar la palabra “nutricional” al referir la promoción de la educación física y prevención de adicciones, cuando la ley ya lo engloba en materia de salud.

Otro de los elementos que modificó es agregar un renglón donde solicita brindar atención prioritaria a los embarazos adolescentes, cuando la misma ley establece que “toda mujer embarazada tendrá derecho a los servicios de salud”.

En la misma reforma modificó palabras como “infancia” o “menores” por “niñas, niños y adolescentes”.

La mayoría de sus iniciativas -que no han sido aprobadas- tienen como objetivo robustecer o modificar sintaxis; pero en los que no, puede provocar confusiones legales, toda vez que impuso una sanción en el Código Penal Federal para hasta seis años de prisión a quien cometa maltrato animal, lo cual es algo que queda estipulado en los códigos penales locales, por lo que ahora agregaría la responsabilidad a la Fiscalía General de la República para que investigue estos delitos.

En conclusión, la legisladora ha creado una narrativa de trabajo legislativo, pero que en fondo es intrascendente, toda vez que no cambia en absoluto ninguna ley, no crea ni garantiza absolutamente nada, y si ninguna iniciativa avanza o se detiene, no representa ninguna afectación o beneficio para la ciudadanía.

Es el gran problema de ver al Congreso de la Unión como un escalón de una carrera política y no una oportunidad para mejorar la vida de las personas.