Adriana Dávila Fernández y Juan Marcos Gutiérrez González Irigoyen, excandidatos a la dirigencia y la secretaría general del Partido Acción Nacional, exigieron al actual dirigente, Jorge Romero Herrera, desconocer los resultados de la elección del Poder Judicial, celebrada ayer domingo 1 de junio.
En un pronunciamiento público emitido en conjunto con el resto de quienes formaron parte de la planilla de Dávila Fernández en el proceso interno del año pasado, la exsenadora y el exdiputado federal por Baja California arguyeron que en primera instancia la elección de jueces, magistrados y ministros derivó de una reforma avalada por “una súper mayoría artificial”.
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Se refirieron a la cantidad de curules que Morena y fuerzas aliadas concentran en la Cámara de Diputados, equivalente a “casi 75%” y afirmaron que el bloque oficialista sólo obtuvo 55% de votos en las elecciones federales de 2024.
Agregaron que, para sacar adelante la reforma al Poder Judicial de la Federación, enviada al Congreso por Andrés Manuel López Obrador (presidente de México de 2018 a 2024) los legisladores oficialistas, quienes asumieron como tales el 1 de septiembre, secuestraron y extorsionaron a senadores que para entonces eran de oposición y cuya oferta política inicial se contraponía a la elección popular de juzgadores.
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Durante el proceso legislativo, el senador Miguel Ángel Yunes Márquez, quien arribó a su escaño al amparo del Partido Acción Nacional, favoreció al oficialismo votando a favor de la reforma al PJF.
Los panistas expusieron que además “la reforma se encuentra impugnada ante organismos internacionales”.
Dávila Fernández, Gutiérrez González Irigoyen y el resto de quienes contendieron por integrar el Comité Ejecutivo Nacional del PAN también acusaron que el Proceso Electoral 2024-2025 “resulta altamente ilegal, inequitativo e injusto”.
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Reprocharon que con el nuevo esquema de elección de jueces la carrera judicial quedó de lado, pues a los aspirantes se les permitió contar con una calificación mínima de 8 en la carrera de derecho para solicitar registro como candidatos.
Otro de los reclamos de los panistas apuntó a la baja afluencia de votantes el día de ayer. Según estimaciones del INE la participación en las urnas fue de entre 12.57 y 13.32 por ciento.
A propósito, señalaron que “mediando un acarreo y orientación del voto promovido por el gobierno que rayan en la obscenidad, todo ello confirma que no es cierto que el ‘pueblo’ hubiere querido esta elección”.
Del sistema de preselección (a cargo de los Poderes de la Unión) y el número de puestos (881, a nivel federal) así como de candidatura (3 mil 422), expusieron que semejantes factores imposibilitaron que hubiera “condiciones mínimas” para votar “de manera informada y transparente”.
Igualmente reclamaron que en las urnas los ciudadanos encargados de las casillas se vieron impedidos de contar los votos, pues estos se trasladaron a las sedes de los Consejos Distritales, donde a partir de ayer se empezaron a contar.
Aseguraron en los comicios contendieron abogados vinculados al crimen organizado o “alineados” a Morena y que los gobiernos federal y estatales operaron ilegalmente a favor de los contendientes oficialistas, valiéndose de recursos públicos, presión política y “control institucional”.
Dávila Fernández, Gutiérrez González Irigoyen y demás ex contendientes internos exhortaron a Romero Herrera a impugnar el proceso electoral y los resultados de la elección.
Se pronunciaron porque los legisladores del PAN introduzcan una contrarreforma con la que el proceso en curso quede anulado de tal suerte que se restituya el Poder Judicial de carrera.
“El PAN no debe legitimar la elección popular de personas juzgadoras y menos ser partícipe de ninguna simulación”, consignaron.
Con motivo de la elección el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, anunció que en el próximo período de sesiones los grupos parlamentarios de Acción Nacional en la Cámara de Diputados y el Senado presentarán una “contrapropuesta integral” orientada a derogar la Reforma al Poder Judicial, de tal suerte que prevalezca “un sistema de justicia verdadero, ágil y transparente”.
