La Misión de Observación Electoral (MOE), de la Organización de los Estados Americanos (OEA), indicó, en un informe preliminar publicado el 6 de junio de 2025, que no recomendaba que el modelo de selección de jueces mexicano se replicara para otros países de la región”
Aunque destacó que la votación del domingo 1 de junio de 2025 se desarrolló en un clima de tranquilidad, la MOE destacó “con preocupación” el bajo nivel de participación ciudadana, aproximada en 13 por ciento. También advirtió del “alto porcentaje de votos nulos y no marcados”.
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La Misión de la OEA estuvo encabezada por Heraldo Benjamín Muñoz Valenzuela, ex titular de los ministerios de Relaciones Exteriores de Chile, del 11 de marzo de 2014 al 11 de marzo de 2018, durante el Gobierno de Michelle Bachelet Jeria, así como del de la Secretaría General de Gobierno chileno, del 7 de enero de 2002 al 3 de marzo de 2003, durante la Administración de Ricardo Lagos Escobar, además de ex presidente del Partido por la Democracia (PPD), desde julio de 2018 hasta agosto de 2021.
La MOE subrayó que la participación electoral fue de sólo el 13 por ciento, una de las más bajas en la región, lo que indicaría un desinterés significativo del electorado, debido a que más del 85 por ciento no participó. También hizo énfasis en que se registró una cantidad notable de votos inválidos, reflejando confusión o rechazo al proceso.
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Asimismo, la Misión de la OEA comentó que la reforma se implementó de manera apresurada, sin un debate honesto, plural ni comprensivo, lo que limitó el análisis técnico de las problemáticas del Poder Judicial de la Federación. Ante ello, señaló que la elección por voto popular podría politizar el PJF, subordinando decisiones técnicas a intereses electorales, según estándares internacionales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Asimismo, la MOE explicó que los requisitos para candidaturas (como promedios académicos y experiencia), no garantizaban la idoneidad, ni evitaban la politización, especialmente para cargos clave como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
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La Misión de la OEA expresó, además, que los mandatos temporales y la reelección en los cargos, incentivarían a los jueces a fallar según la opinión pública, en lugar de las normas, afectando su independencia.
La MOE dijo que ante la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, su funcionamiento no estaría bien normado, por lo que sus competencias para sancionar y remover jueces generaban preocupación por posibles presiones externas.
La Misión de la OEA criticó, además, que el proceso de comicios judiciales se llevó a cabo en un plazo muy corto y sin legislación electoral clara, obligando al Instituto Nacional Electoral (INE) a improvisar reglamentos y acuerdos.
La MOE también analizó que el INE recibió solo el 52.9 por ciento del presupuesto solicitado, lo que limitó la organización y redujo el número de casillas, afectando la accesibilidad al voto.
La Misión de la OEA explicó que el diseño de las boletas (múltiples cargos, colores, subcategorías) y el cambio en la forma de votar (escribir números), generaron confusión y demoras (15 a 20 minutos por elector).
Además, la MOE destacó que hubo un gran desconocimiento entre los electores sobre los cargos, candidatos y cómo votar, debido a esfuerzos insuficientes para informar. Asimismo, subrayó que el micrositio “Conóceles”, del INE, fue útil, pero tuvo alcance limitado, ya que el 27 por ciento de los hogares mexicanos no tenía acceso a internet.
La Misión de la OEA también destacó los retrasos en la apertura de casillas, debido a que a las 9:00 horas del 1 de junio de 2025, sólo el 41.73 por ciento de las casillas estaban instaladas, lo que generó demoras y dificultades para los votantes.
La MOE criticó que no se implementó un Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), lo que retrasó la difusión de resultados y afectó la transparencia. Asimismo, comentó que el escrutinio no se realizó en las casillas, lo que generó dudas sobre la cadena de custodia y redujo la confianza en el proceso.
Además, la Misión de la OEA denunció el reparto de “acordeones” o listados de candidatos a votar, potencialmente constituyendo propaganda ilegal y coacción al voto. También indicó que el INE no publicó detalladamente los ingresos y gastos de las campañas, contraviniendo principios de transparencia.
La MOE también enfatizó de la simultaneidad con elecciones de ayuntamientos en Durango y Veracruz, lo que complicó la organización y generó riesgo de influencia partidista en los comicios judiciales.
Asimismo, la Misión de la OEA indicó que la división en circuitos judiciales-electorales hizo que algunos jueces fueran elegidos solo por una parte de los ciudadanos afectados por sus fallos. Además, recordó que no se explicó cómo se definieron las circunscripciones, generando sospechas de intencionalidades políticas.
