En cada ocasión que le han preguntado a la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, respecto a las manifestaciones, cierres de carreteras, de escuelas, paros, plantones, bloqueos de empleados de gobierno o de ciudadanos inconformes con acciones u omisiones de su administración, durante tres años y siete meses, una y otra vez se ha limitado a decir que las respeta. Pero no lo hace.
Ordenar apagar la luz -que costean los ciudadanos-, como lo hizo el 17 de mayo en la explanada del Centro Cívico mientras miles de manifestantes comían tacos de carne asada y exigían “su renuncia, revocación de mandato, cuentas claras sobre los motivos de la revocación de la visa de la gobernadora y mayor seguridad”, no es respeto, es abuso de poder y un evidente acto de represión.
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Marina Ávila no ordena el uso de la fuerza pública para desalojar manifestantes, pero eso no es respetar, es apenas no arriesgarse a violentar derechos humanos. Además, para ganar tiempo o mejorar su imagen, públicamente les hace promesas que después no cumple.
De recibirlos, ni hablar. Los manifestantes que lograron tener audiencia con Ávila, lo hicieron después de irrumpir en un acto “público”. Fue el 27 de noviembre de 2024 cuando los trabajadores burócratas que se manifiestan contra una posible reforma al ISSSTECALI, ingresaron sin invitación a la conferencia semanal de la gobernadora en Rosarito. “Si yo quisiera tengo los votos en el Congreso. No lo vamos a hacer así, no hay madruguete”, les advirtió de su ilegal control del Poder Legislativo.
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Los maestros intentaron también verla después en otra conferencia en Tijuana, pero la Fuerza Estatal de Seguridad impidió su ingreso.
Ávila terminó diciendo que “no hay, ni habrá, un proyecto de reforma al ISSSTECALI, pero sí un saneamiento al Instituto, el cual se comenzará a trabajar en enero de 2025”, del cual los afectados, seis meses después continúan sin ser informados.
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Así, durante más de tres años, su gubernamental versión de respeto, sigue chocando con la realidad y mantiene demasiados frentes abiertos. De manera más grave en Tijuana, Mexicali, Tecate, Ensenada y San Quintín, cinco de siete municipios.
Las viudas de burócratas o policías reclamando prestaciones o seguros de vida. Trabajadores del sector educativo, del sector salud, empleados gubernamentales en general, con derechos violentados de manera reiterada, falta de pagos, de liquidaciones, el no reparto de insumos, no asignación de plazas, carencia de personal, escasez de medicamentos y etcéteras.
Alumnos sin clases; enfermos sin servicios de salud; ciudadanos sin títulos de propiedad; conductores pagando por placas innecesarias; madres reclamando por sus hijos desaparecidos; mujeres exigiendo el esclarecimiento de feminicidios gritando que “Marina no es aliada”; transportistas reclamando asignación de rutas, con todo y una fugaz huelga de hambre en el Instituto de Movilidad Sustentable de Baja California (IMOS).
Los laboristas textileros demandando acciones que eviten que los aranceles los dejen sin empleos; más reciente el 3 de junio, los manifestantes, convocados por la organización Ensenada Digna en el Primer Foro “Proyectos Estratégicos del Gobierno Federal”, rechazando la ampliación del puerto en El Sauzal, en Ensenada, al grito de “¡Playas sí, contenedores no!”.
En ese caldo de hartazgo, cientos de ciudadanos quedan secuestrados en medio del tráfico generado. Por ejemplo, el 2 de junio el bloqueo del acceso en la Garita El Chaparral de Tijuana; el 28 de mayo por el cierre de seis puntos estratégico en la carretera Transpeninsular en San Quintín, que también afectó la salida de productos perecederos de exportación; o el 20 de mayo, el embotellamiento de la carretera al aeropuerto de Tijuana por una caravana automotriz.
Pero si los que cierran carreteras no logran soluciones de fondo, menos son atendidos los que se conglomeran pacíficamente.
La gobernadora simplemente los desoye, como lo hizo con los que rechazaron el reemplacamiento y renovación de licencias como medidas recaudatorias en Mexicali; o los que pidieron transporte digno, rechazaron los aumentos en Ensenada.
Igual fueron ignorados los que pidieron a Marina que retirara a su marido de la Coordinación de Proyectos en Baja California; la gobernadora les respondió, refrendándolo en su poderosa posición, hasta que el mismo Carlos Torres anunció el 3 de junio “una pausa en los proyectos sociales y de participación pública”.
Para mostrar respeto, Ávila Olmeda está obligada a escuchar y dar respuestas claras; a trabajar con sus gobernados para presentar soluciones de fondo, no paliativos que los obligan a salir periódicamente a reclamar a las calles; a no violar las leyes laborales fallando pagos, ni el derecho a la salud por falta de insumos; a cumplir los compromisos económicos y sus promesas sin afectar cobrando a los deudores o las fugas de dinero por corrupción, en lugar de seguir exprimiendo a los contribuyentes cautivos.
Como gobernadora, no es un títere. No se trata sólo de hacer lo que le digan. El o la presidenta en turno es responsable de administrar con visión y eficiencia creativa la hacienda pública, innovar al momento de dar respuesta a los problemas del estado.
Con más de tres años arrastrando conflictos, en medio de una crisis de credibilidad, le llegó el momento de gestionar la realidad, de mostrar sus capacidades para resolver problemas. A rendir cuentas con honestidad, o enfrentar las consecuencias.
