Indolencia cómplice muestra la FGE y la delegación en Baja California de la FGR, en la investigación de delitos en objetivos que realmente afectan la violencia en la entidad
Durante las últimas semanas hemos podido observar cómo el Gobierno de México ha tomado una postura más radical en las intervenciones relacionadas a la seguridad en Baja California, donde, sin tener que meter todo el arsenal, han asestado importantes resultados, que van desde captura de objetivos prioritarios hasta localización y decomiso de droga, combustible ilegal y demás insumos de la delincuencia organizada.
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El estilo de Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal, ha dado seguimiento a la escuela calderonista de su mentor Genaro García Luna, y dirigido sus intervenciones a los decomisos y la captura de objetivos prioritarios, pero poco a las estructuras financieras.
La detención de Pablo Edwin Huerta Nuño, “El Flaquito”, que podemos considerar la detención más importante que se ha hecho en Baja California -quizás- desde la captura de Fernando Sánchez Arellano, alias “El Ingeniero”, líder del Cártel de los Arellano Félix, se dio en Cumbres de Juárez, sobre la calle Cumbres de la Encantada, donde residen varios políticos, funcionarios y empresarios de la localidad.
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Aunque el General Laureano Carrillo afirmó que tenían información desde hace 30 días sobre el trabajo realizado por autoridades federales, la realidad es que no fueron notificados o requeridos para brindar apoyo al operativo.
El madruguete no sólo fue para el Flaquito, sino para las autoridades bajacalifornianas, en las que parece que el Gobierno de México desconfía y no les comparte información, pese a que cuentan con reuniones de seguridad diarias.
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Lo mismo pasó con la captura de Óscar Parra Aispuro, alias “El Parra”, quien fue intervenido por autoridades federales en el puerto de San Felipe.
En ambos casos existen coincidencias: tanto el Parra como el Flaquito se sentían cómodos en los municipios donde eran buscados; no se escondían de las autoridades; y fueron capturados en negocios de su propiedad formalmente registrados, o en su domicilio.
¿Existen motivos para que el Gobierno de México desconfíe de su homólogo de Baja California? No formalmente, salvo la incapacidad e inoperancia.
El hecho de que en un periodo corto de tiempo autoridades federales hayan podido capturar a dos objetivos en puntos donde se sabía que se ubicaban, demuestra que los gobiernos locales no los estaban buscando.
No hay mandamientos judiciales por crímenes locales contra ambos objetivos; y si los había -en el caso del Flaquito-, jamás se armó un equipo para ejecutarlas. ¿Habrá órdenes de aprehensión contra los otros 14 objetivos prioritarios de Baja California?
Tanto la fiscal María Elena Andrade Ramírez como el delegado de FGR, Victorino Porcayo Domínguez, tienen cuentas que rendir, toda vez que ninguna detención o investigación relevante de los objetivos prioritarios corre por cuenta de los entes encargados de la persecución de delitos en la entidad.
Los pocos integrantes de la delincuencia organizada detenidos, como Felipe Eduardo Barajas Lozano, alias “El Omega”; o Gerardo Rueda Torres, alias “El Tochín”, se encuentran bajo procesos judiciales derivados de investigaciones en Sinaloa y en los Estados Unidos, pero no en Baja California.
Son ya casi cuatro años del gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda y dos de la Fiscal; también son ya casi siete años de los gobiernos de la Cuarta Transformación y los resultados en materia de seguridad no se observan… Sólo se minimizan, se politizan o se simulan.
En Baja California los delitos de mediano y bajo nivel se pueden considerar medianamente controlados y con tendencias a la baja. Se han dado resultados importantes en robos con violencia, de vehículo, asaltos e incluso crímenes con tintes terroristas; pero los de alto impacto, los que asustan a la ciudadanía, siguen formando parte del anecdotario.
El siguiente punto para garantizar la seguridad es demostrarle a la delincuencia organizada que Baja California no puede ser utilizada como un campo de batalla libre para el Cártel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
¿Se van a atrever o seguiremos con placebos hasta que se acabe la guerra?
