La captura de Óscar Parra Aispuro, alias “El Parra” o “El Tekolín” (inocente en tanto no se determine su responsabilidad mediante la sentencia de un juez según el artículo 13 del CNPP), ejecutada el pasado jueves 12 de junio, no fue quirúrgica ni premeditada, como la de Pablo Edwin Huerta Nuño, alias “El Flakito”, en Tijuana. O al menos no lo parece.
A diferencia de la aprehensión del capo de los Arellano Félix, la detención del líder del Cártel del Mar causó muchos problemas con la comunidad sanfelipense, con el agravante de que ningún ministerio público reconoció tener investigaciones o mandamientos judiciales en su contra. Por lo que podría salir libre en las próximas horas.
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La tarde del pasado jueves 12 de junio, Parra Aispuro fue detenido en compañía de su escolta, José Leonel González Zamora, de 47 años, en la calle Olmos, frente a la Sociedad Pesquera Aispuro, propiedad del propio Parra y su familia.
La detención se dio tras una serie de episodios violentos en el séptimo municipio, donde se han documentado masacres, enfrentamientos y varias detenciones perpetradas en contra de células vinculadas a La Chapiza, grupo preponderante del Cártel de Sinaloa, en San Felipe.
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El General Laureano Carrillo, actual secretario de Seguridad Ciudadana, comentó ante los medios de comunicación el 18 de junio, que Huerta y Parra forman parte de la lista de 16 objetivos prioritarios para combatir la violencia en la entidad.
El problema es que, en el caso del Parra, ni la Fiscalía General de la República (FGR) ni la del Estado han trabajado para armar algún expediente en su contra.
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Parra es originario de Hermosillo, Sonora, pero radicado desde hace muchos años en el puerto de San Felipe, donde estableció su base criminal por medio de la pesca ilegal de totoaba, y que se amplió al trasiego de drogas e incluso a la actividad legal de la pesca, esto de acuerdo a la información de inteligencia recabada por las autoridades locales. Sin embargo, actualmente sólo está detenido por el delito de portación de arma de uso exclusivo del Ejército (una pistola 9 milímetros) y también por la posesión de fentanilo. Ninguno de estos cargos calificados como graves por el Código Penal.
Esta es la segunda vez que Óscar Parra Aispuro enfrente acusaciones por delitos vinculados a su supuesta actividad criminal. Antes, en el año 2018, fue aprehendido por la hoy extinta Policía Estatal Preventiva (PEP) durante un operativo realizado en el puerto. En aquel momento fue acusado de homicidio calificado en contra del militar, Emanuel Esaú Saldaña Ramos.
Para acreditar su responsabilidad, el Ministerio Público presentó testigos y una videograbación de la noche del 30 de diciembre del 2017 -el día del crimen-, la cual fue desechada por el juez Héctor Cortés Peña al considerar que se extrajo de manera ilegal del bar “Rockodile”. La entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no pudo sostener el caso en su contra, y recobró su libertad tras cinco años de proceso judicial.
LA SEGUNDA CAPTURA DEL PARRA
“Ya me han revisado varias veces; no escondo nada”, se le escucha decir a Óscar Parra Aispuro, mientras entrega un folder amarillo a miembros castrenses, marinos y agentes federales, que lo cercaban en el exterior de su vehículo GMC Sierra, modelo 2016, blindado, con placas locales BC-0619-A, propiedad de la Sociedad Pesquera Aispuro, negocio ubicado sobre la calle Olmos de San Felipe, y donde El Parra estacionó su vehículo antes de ser intervenido.
Notoriamente molesto por la intervención, conversa con los militares y les refiere que no tiene problemas, aunque acepta que duró cinco años encerrado (haciendo referencia a su detención en 2018 cuando se le involucró en el homicidio de Emanuel Esaú Saldaña Ramos, un militar). Durante más de 10 minutos intercambiaron palabras, frente al numeroso grupo de ciudadanos que se detenían para videograbar e intentar amedrentar a los soldados y marinos.
Los videos de los transeúntes fueron la evidencia concreta de la detención de Parra Aispuro, ocurrida a plena tarde del jueves 12 de junio, a las afueras de la empresa propiedad de Óscar, pero que según el propio Registro Público de Comercio (RPC), comparte sociedad con Gastón Eduardo, su hermano (asesinado en marzo pasado); Ángel Iván Soberanes Miranda, su cuñado; Brittany Parra Cuevas, su hija; y Yulissa René García Fernández, sobrina de Juan Luis García Ruíz, alias “La Yegua”, socio criminal del Parra en el tráfico de totoaba.
Al momento de ser revisados, mientras un grupo de elementos federales conversaba con Parra y éste les mostraba toda la documentación de su vehículo y su persona, del otro lado del automóvil, su escolta endurecía el cuerpo para evitar ser inspeccionado.
“¿Viene armado? ¿Viene armado?”, cuestiona un marino mientras revisa a José Leonel González Zamora, el cual endurece el cuerpo e ingresa las manos a sus bolsillos, intentando evitar que detectaran lo que resguardaba entre sus pertenencias.
“¡Viene armado!”, grita el soldado al momento que revisa al acusado que recuesta su abdomen en el vehículo. El grito motivó al resto de los soldados a cambiar de formación y postura. El Parra y su escolta fueron asegurados y trasladados a las instalaciones de la Subdelegación de la Fiscalía General de la República (FGR) ubicada en la calle Novena de Mexicali, donde permanecieron durante varias horas.
Fuentes especularon que se había hecho un contacto con mandos de la Ciudad de México para conocer si había alguna carpeta de investigación en su contra; o bien, si podía abrirse un expediente exprés. Sin embargo, no hubo nada.
Al igual que la primera vez que fue capturado, la FGR, que lo relacionaba como integrante de la delincuencia organizada, no tenía un sólo expediente en su contra, por lo que permaneció bajo resguardo de la Subdelegación.
Luego, el Informe Policial Homologado presentado ante el Ministerio Público Federal arroja una versión diferente a lo que se captó en las videograbaciones. Ahí refieren que una agente federal mujer se dio cuenta que había un arma de fuego en la guantera del vehículo, y fue eso lo que motivó a la captura.
Consultada, en la Fiscalía General del Estado (FGE) tampoco tenía nada en su contra, aunque reconocieron que ubicaban al Parra como un generador de violencia en las Mesas de Seguridad para la Construcción de la Paz. Pero fuera de eso, no hay nada, sin importar los videos, los operativos y todo, ni los múltiples homicidios que se atribuyen al grupo que presuntamente lidera en San Felipe.
Horas después de la captura y mientras se llevaba a cabo el proceso ante el Ministerio Público, el área de narcomenudeo de la FGE acudió a las instalaciones de la Sociedad Pesquera Aispuro con la intención de “reventar” el inmueble con una orden de cateo, pero los agentes se enfrentaron con un numeroso grupo de manifestantes allegados al Parra, que intentaron impedir la revisión del inmueble.
Policías investigadores, acompañados de elementos de la Semar, ingresaron a la empresa en medio de gritos y empujones de allegados al Parra, que intentaron complicar el operativo. Al final, pese a la inspección no se localizó nada ilegal en el lugar.
Al respecto, lo único que informó el general Laureano Carrillo fue que se decretó la prisión preventiva en contra del supuesto operador del Cártel de Sinaloa, en San Felipe, por la portación de arma de fuego y dosis de fentanilo. Sin embargo, no había -hasta el momento- nada más que pudieran fincarle, por lo que se espera que en las próximas horas se defina la hora de la audiencia para vinculación a proceso.
LAS LIGAS DEL PARRA
Aun sin cargos, los reportes de inteligencia de las autoridades en la mesa por la Paz y seguridad de Baja California, insisten en que Óscar Parra Aispuro ha tejido grandes redes en diversos ámbitos, y llegó a dirigir un numeroso grupo delictivo, donde una de las más importantes es la conexión familiar que tiene con su cuñado, José Luis Dagnino López, actual Presidente Municipal de San Felipe -esposo de Fanny Judith Parra Aispuro, hermana- y uno de los hombres más cercanos al diputados morenista Juan Manuel Molina.
Varios de sus antiguos operadores han sido asesinados durante los últimos años, pero dos destacan entre ellos: Gastón Eduardo Parra, su hermano; y Héctor René Aróstegui Torres, alias “El Hammer”.
El primero de ellos fue detenido en noviembre del 2020 por elementos de la FGR durante un operativo en el que también se capturó al hoy fallecido Sunshine Rodríguez Peña; a José Luis García Ruiz, la Yegua; a Enrique “Kiki” Méndez; y a Segundo Valenzuela.
Las autoridades aseguran que el Parra, al igual que Gastón Eduardo Aispuro y René Aróstegui, dirigían actividades de pesca legal en el puerto de San Felipe, pero los dos últimos fueron asesinados en sus respectivos negocios durante el presente año.
Derivado de videos difundidos y de narcomantas colocadas en cadáveres, las áreas de inteligencia presumen que el Parra había encontrado una sociedad con La Chapiza, para mantener el control y distribución de drogas desde la comunidad portuaria, entendiendo que San Felipe es uno de los principales puntos de ingreso de La Chapiza a Baja California, dado que en Mexicali tienen un impedimento por su encarnizado conflicto con Los Rusos, dirigidos por Jesús Alexander Sánchez Félix, expuesto como una persona de interés para el FBI.
En esos mismos canales de comunicación se descubrió que muchos de los asesinatos cometidos en el puerto de San Felipe se debían a una supuesta alianza con un grupo independiente de San Felipe con Los Rusos, con la intención de ingresar a operar al séptimo municipio.
Varios de los asesinatos exponían el nombre de un sujeto conocido como Pablo Avitia, un ex operador del Parra, con quien -al parecer- había tenido un conflicto y una posterior ruptura.
Tras la captura del Parra, una de las principales preocupaciones de las mesas de seguridad era una posible escalada de violencia derivada del intento de ingreso de Los Rusos, grupo ligado a La Mayiza -enemigos de Los Chapos-, al puerto de San Felipe, tal y como hace un año lo hicieron en el Golfo de Santa Clara, en San Luis Río Colorado, una comunidad que forma parte -al igual que San Felipe- del Alto Golfo.
Durante los últimos meses, elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) han desarticulado a varias células de la delincuencia organizada en este punto, ligadas a La Chapiza, además de generar un conflicto con la FGE, al grado que la segunda se vio obligada a desarticular a toda la estructura operativa en el puerto, ante la sospecha de que estuviera vinculada con la delincuencia organizada.
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