Pobladores de las comunidades de Los Barriles y El Cardonal denunciaron que el Ayuntamiento de La Paz y sus servidores públicos entregaron zonas de playa y caminos costeros a particulares, incluso empresas.
Mientras tanto, a los habitantes de la ciudad capital les exigen la regularización del predial, multas por obstrucción de banquetas y clausura de obras por no contar al momento de la inspección con una licencia de construcción visible; incluso mano dura a comerciantes con la suspensión y clausura de sus establecimientos.
Publicidad
Documental y visualmente, ZETA comprobó que funcionarios públicos al servicio de la presidenta municipal, Milena Paola Quiroga Romero, autorizan cambios de uso de suelo y autorizaciones de construcción en caminos costeros y zonas de playa.
“Ya nos estamos quedando sin playas: a Balandra ya no podemos ir porque limitan el acceso, hasta hay que pagar; El Saltito cerrado; Cerritos imposible; y ahora Los Barriles, El Sargento y La Ventana a la venta. Entendemos la necesidad de nuestros pueblos, los rancheros, porque no hay una economía fuerte; el caso no es que vendan, el caso es que el Ayuntamiento de La Paz les da licencias de construcción en caminos costeros y zonas de playa, y ellos permiten que se apropien de nuestro patrimonio”, denunció Margarita L. Lucero, habitante del municipio de La Paz y con familia en la comunidad de Los Barriles.
“Todos los habitantes saben que esas casas tienen relación con altos funcionarios de La Paz, ellos se adueñaron de la zona de playa de nuestra tierra. En primera desviaron el camino costero Los Barriles – El Cardonal, bloquearon el paso, y como pensaban que nadie iba a decir nada lo hicieron a nuestras espaldas. No hay manera de saber de quiénes son los terrenos; ni siquiera tienen clave catastral y ya hay residencias de lujo construidas”, lanzó Margarita Lucero.
Publicidad
En una revisión del área, con documentos de Catastro Municipal se constataron dos cambios de uso de suelo entregados mediante el oficio No. US-645/23, al cual se le aprobaron licencias de construcción sobre el camino costero, desviando totalmente el acceso tradicional para dar pie a residencias de lujo frente al mar. Cada terreno tiene un área de alrededor de 2,369 metros cuadrados, 31.5 de frente por 75 metros de fondo aproximadamente.
En el visor urbano aparecen como terrenos rústicos con un valor comercial de 819 mil 718.25 pesos, aunque aún no han sido urbanizados y supuestamente no cuentan con servicio de agua potable.
Publicidad
“Este Ayuntamiento ha permitido la construcción de conjuntos habitacionales, departamentos y residencias, todo de lujo, sin la necesidad de un estudio de factibilidad sobre el agua potable; no hay manera. En cambio los particulares y funcionarios públicos propietarios, pagan su estudio de factibilidad y una ‘tarifa’, por no decir mordida, al Organismo del Agua Potable para que los dejen construir. Es una mafia este Municipio”, señaló la denunciante.
SIMULAN RECUPERACIÓN DE ACCESO A PLAYAS
Un claro ejemplo de simulación por parte del Ayuntamiento de La Paz por “liberar” los accesos es la popular Playa El Saltito, que por muchos años lleva colocada una “pluma” o barrera en la entrada al sitio al que sólo se pueda acceder caminando.
En un supuesto “acto de justicia”, el Ayuntamiento retiró la barrera en abril del 2023 para que los ciudadanos puedan entrar y disfrutar de esta playa que se ha convertido en emblemática. Sin embargo, meses después fue nuevamente cerrada por particulares, los cuales cuentan con propiedades privadas en el lugar. Y eso fue comprobado por una pareja que trató de entrar hace unos días, el guardia no les permitió el ingreso.
“Ya cálmate mejor, está otra vez cerrado El Saltito… Está bien canijo pasar, por dónde pasamos, pues… Por ahí paso… No está el pick up del señor ese… es que está abierto el portón, me hubiera pasado… Sí, pues no nos hubiéramos hecho para atrás y ahí nos hubiéramos metido ¿Verdad? Qué coraje”, conversó la pareja frente a la valla del acceso.
La problemática prevalece y se suman otras playas del municipio de La Paz; de hecho el 26 de mayo autoridades municipales manifestaron que nuevamente aperturaron tres accesos a la playa, esto debido a las múltiples quejas de los ciudadanos mediante App La Paz, el aplicativo de denuncias de la administración.
Pavel Castro Ríos, contralor municipal y también sobrino del gobernador Víctor Castro Cosío, informó que de los tres accesos liberados, dos se encuentran en Pescadero y otro en Cerritos, donde ya se habían instalado casetas de control.
“La Contraloría Municipal dio seguimiento a las quejas y denuncias ciudadanas para que cada uno de los servidores públicos, dentro de sus atribuciones y funciones, llevaran a cabo esta tarea para tener playas libres y sin bloqueos”, puntualizó Pavel Castro.
En El Pescadero, particulares colocaron piedras gigantes y otros objetos muy visibles para bloquear los accesos, mientras que en Playa Cerritos se retiró una caseta que “pretendía cobrar por el paso hacia la playa, la cual fue instalada sin licencia de construcción”, dijo el Ayuntamiento.
En Cerritos llevan años cobrando el acceso a la playa; los ciudadanos deben quedarse estacionados a cientos de metros de la línea de costa, aunque “pueden” pasar en auto si consumen en los restaurantes o bien si se paga una cuota.
Pese a lo más evidente que ha sido el actuar de particulares, que se apropiaron de la zona federal y que además tienen actividades comerciales para su beneficio, el Ayuntamiento fue omiso hasta que los ciudadanos lo denunciaron.
“Se estaba trabajando en algo qué no tenía ni permiso, ni solicitud de permiso, ni nada; se pararon los trabajos, se pusieron las multas correspondientes y vamos estar vigilando que esto no vuelva a suceder”, reiteró la alcaldesa de La Paz.
GOBERNADOR DA PASO EN FALSO; VIDANTA RECUPERA CAMINO COSTERO
El camino costero del tramo entre San José del Cabo y Cabo del Este, un promedio de poco más de 3 kilómetros sigue en disputa legal, y esto pese a que el propio gobernador del Estado, Víctor Manuel Castro Cosío, en compañía de funcionarios públicos municipales, estatales y del Congreso del Estado, abrieron con el uso de la fuerza pública.
Vino el revés de la empresa Turismo Itzé, S.A. de C.V., vinculada con Grupo Vidanta, la empresa interpuso un amparo indirecto con número 605/2025 ante el Juzgado Tercero de Distrito en la entidad.
La empresa justificó que los servidores públicos invadieron siete lotes de su propiedad, además de que:
“Con el pretexto de abrir un acceso a playa, argumentando la existencia de un camino costero. Ante la ausencia de mandamiento escrito, no puede darse una descripción más puntual del acto reclamado. La ilegal apertura, mediante maquinaria pesada, sin los correspondientes permisos ambientales para el derribo de vegetación nativa de la zona, de un camino de terracería dentro de los siete predios, los cuales han sido afectado sin mandamiento que se funde y motive el acto de autoridad”, señala el amparo.
Fue suficiente para el juzgador, por lo cual concedió el incidente de suspensión provisional a los actos reclamados por el particular.
Mientras, Víctor Castro aseguró que las playas poco a poco van a irse recuperando como lo marca el manual, con la Ley en mano se hará justicia. Pero es bien sabido que la liberación de los accesos y caminos costeros, han sido utilizados como bandera política para atacar señalar a alcaldes, como es el caso del camino costero de Cabo del Este en el municipio de Los Cabos.
Lo cierto es que el ejecutivo estatal politizó el asunto y abrió “ilegalmente” el camino costero, cuando se encuentra en litigio, ya que la Junta Estatal de Caminos (JEC), una dependencia de su gobierno, declaró en desuso ese camino, lo cual fue aprovechado por un particular para tratar de apoderarse de esa vía.
“Se van a abrir con la ley en la mano, siempre procurando respetar la ley. La ley también es historia, que nos respeten los empresarios la servidumbre de paso”, sostuvo Castro.
Ante este revés, colectivos ciudadanos, habitantes organizados y defensores del camino costero de Cabo del Este denunciaron que, si bien es cierto el Gobierno del Estado debió iniciar un proceso legal contra la Junta Estatal de Caminos para desestimar la determinación de declarar en desuso ese camino costero, actuó a la ligera.
Ciudadanos recordaron que el acto o la suspensión provisional, sólo tiene el efecto de dejar las cosas tal cual están:
“La suspensión provisional obtenida por Vidanta es una medida temporal, no un reconocimiento de propiedad, ni una sentencia firme. Su único efecto es mantener las cosas como están actualmente mientras se resuelve el juicio. El camino costero sigue vigente, porque el PDU que intentaron modificar aún no está publicado, y porque la Red Nacional de Caminos y el PDU 2013 reconocen el trazo original como vialidad pública”, indicó el frente ciudadano.
El alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez, reafirmó que su petición al Gobierno del Estado es que les ayuden con “una reconsideración para poder plasmar solamente ese tramo en el PDU, independientemente de que esté registrado o no en Registro Público o en la Junta Estatal de Caminos. Nuestra preocupación es por el Plan Nacional de Vivienda”, expresó el mandatario municipal.
