La Fiscalía General del Estado (FGE) ha aceptado el uso de equipo de espionaje para investigaciones como intervenciones telefónicas y de geolocalización satelital, pero la reservó por cinco años
El uso de equipo de espionaje y de información de inteligencia que puede resultar en la violación de Derechos Humanos, ponderando la investigación de delitos de alto impacto, se ubica en una línea muy delgada que sólo puede clarificarse por medio de la transparencia, el cuidado, los protocolos y la rendición de cuentas.
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Pero todos estos conceptos -que no son ni remotamente actuales o modernos- son ajenos para la Fiscalía General del Estado (FGE), ente encargado de la investigación de delitos del fuero común, pero que bajo la flexible premisa de que debe proteger la secrecía la investigación, puede hacer lo que desea sin rendir cuenta alguna.
El autor de esta columna llevó a cabo una petición de acceso a la información con número 021381025000239, dirigida a la institución encabezada por María Elena Andrade Ramírez -hoy nombrada ya como “Fiscala”- que insiste en colocarse como una dependencia más del Poder Ejecutivo, aunque -en teoría- ya es independiente.
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La respuesta de la FGE, a nombre del agente del Ministerio Público César Octavio Iribe Reyes, confirmó que la institución cuenta con el equipo de inteligencia para la intervención telefónica y para la geolocalización satelital de cualquier ciudadano que se pueda considerar probable responsable de un crimen.
Sin embargo, la institución refirió que no puede proporcionar el resto de la información solicitada. El único dato requerido era conocer sí durante el 2024 y 2025, la FGE utilizó este recurso para robustecer indagatorias y mencionar en cuántas ocasiones intervinieron teléfonos u obtuvieron datos satelitales de geolocalización. Es decir, números y datos que no influyen o afectan en expedientes específicos.
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Sin embargo, argumentaron que la información solicitada debido a que hacer pública la diligencia de investigación pone en riesgo la misma, además de que alertará a los grupos delictivos que se encuentran bajo una indagatoria judicial.
Pero no tienen razón, porque la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) establece una sección específica para que las Fiscalías -obligadamente- brinden información relacionada con intervenciones telefónicas o de geolocalización que no pongan en riesgo el trabajo de la FGE.
Además, el autor de esta columna no solicitó datos específicos de las investigaciones, ni mucho menos si se trata de investigaciones activas o antecedentes de un expediente judicial.
No conformes con negar la información, la FGE definió un periodo de cinco años para reservar cualquier dato relacionado con el tema, sin justificar la necesidad de ocultar los datos por el plazo máximo permitido por la Ley.
Sí la “Fiscala” Andrade Ramírez, acepta que tiene equipo y mecanismos para espiar a la sociedad, es obligación del Estado informar y justificar las acciones que violan los Derechos Humanos de los ciudadanos.
¿Qué garantiza que la “Fiscala” u otro funcionario de la FGE no utiliza los equipos con otros fines? ¿Cuántas veces y en qué condiciones irrumpen en la privacidad de las personas para robustecer investigaciones o para fines políticos? ¿Qué pasa con la investigación que no es relevante? ¿Existe una cadena de custodia de esta información? ¿cómo se almacena?
Todos estos datos carecen de una respuesta y la FGE no tiene disposición de informar un acto que no es diferente a una intromisión de una propiedad, que sólo puede justificarse a través de una orden de cateo, una invasión a la privacidad también. Pero la FGE se siente más cómoda escondiendo sus acciones.
Sí no hay transparencia en estas acciones, es imposible dejar de considerar que el gobierno tiene carta abierta para cometer espionaje contra la ciudadanía.
