En los últimos siete años, México ha sido testigo de una transformación alarmante en las tácticas violentas del crimen organizado, ahora acompañadas con tecnología para conseguir sus cometidos. El caso más reciente es el del ataque que en Los Reyes, Michoacán, dejó ocho militares sin vida al pasar el vehículo blindado de la Fuerza Especial de Reacción e Intervención (FERI), en el que viajaban y que formaba parte de un convoy, sobre una mina terrestre, en hechos acontecidos la noche del 27 de abril de 2025.
En su lucha por el control territorial contra sus adversarios y en su enfrentamiento con las autoridades, las organizaciones criminales incorporaron tecnología avanzada y armamento cada vez más letal, como drones armados con explosivos, minas antipersonales, artefactos explosivos improvisados (AEI) y el incremento en el empleo de lanzagranadas. Sin embargo, su accionar no sería posible sin la capacitación que han recibido de exmilitares, paramilitares y exagentes expertos en la fabricación y uso de esos instrumentos de guerra, principalmente de nacionalidad colombiana y rusa.
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Los primeros antecedentes del uso de drones con explosivos se remontan a octubre de 2017 en el estado de Guanajuato, cuando oficiales aseguraron una de estas naves no tripuladas con una carga explosiva que contaba con un detonador de radiofrecuencia; pero fue hasta 2019 cuando el manejo de drones se volvió común para la vigilancia de espacios, el trasiego de drogas y el lanzamiento de distintos tipos de bombas. Los reportes indican que los drones comerciales eran modificados artesanalmente por los delincuentes, que les dotaban de aditamentos para lanzar pequeños explosivos en Michoacán y Guanajuato.
Los primeros en emplearlos fueron los miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en su lucha contra Cárteles Unidos (CU), en Michoacán, y contra el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), en Guanajuato. Los mismos grupos michoacanos respondieron con la misma estrategia y crearon su grupo de “droneros”. Luego vendría el Cártel de Sinaloa, que también utiliza drones para seguridad y ataque en las entidades de Sinaloa y Chihuahua. Sin que falten los remanentes de Los Zetas, a los que se relaciona con el uso de estas tácticas en Guanajuato y Tamaulipas. Después llegaron a inicios de esta década las minas explosivas artesanales conocidas como antipersonales o terrestres.
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Ahora se señala al Cártel de Los Reyes, en Michoacán, como el grupo criminal que emboscó a los militares de la FERI, que integraban un convoy de Guardia Nacional (GN) y Grupo de Respuesta de Emergencias (GRE) en las inmediaciones del poblado El Santuario. Dos días después del atentado con la mina explosiva, el 29 de mayo, las Fuerzas Armadas detuvieron a 17 presuntos involucrados en la colocación de los referidos artefactos bélicos, entre ellos 12 colombianos que fueron militares en su país, de acuerdo con lo informado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.
Los personajes que encabezan el Cártel de Los Reyes, están identificados como Alfonso Fernández Magallón, alias “El Poncho” o “La Quiringa”, y Luis Enrique Barragán Chávez, “El Güicho”. En el caso del Poncho, se trata de un exlíder de la Policía Comunitaria de esa región, formada en 2013 supuestamente para protegerse de narcotraficantes. Fernández Magallón cuenta con antecedentes de atacar una base de operaciones militar en Peribán, el 7 de abril de 2016, cuando junto a unas 300 personas intentaron liberar a unos de sus compañeros detenidos, privaron de la libertad a un soldado, agredieron a otros y amenazaron con quemar la base.
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LAS AGRESIONES
Fue a partir de 2020 cuando vino una escalada de violencia con el uso de la tecnología a favor de los criminales. En abril de ese año, en Aguililla, Michoacán, se tuvo el reporte de que el Cártel Jalisco Nueva Generación empleaba drones cargados con explosivos C-4 para atacar a policías estatales, marcando un punto de inflexión en el uso de estas armas contra autoridades. En septiembre siguiente, la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a los estudiantes de ingeniería, Diego Jiménez Martínez, poblano, de 27 años, y Rogelio Juan Luna Villa, morelense de 26, relacionados con la fabricación y distribución de drones lanza explosivos. Ambos son procesados por delincuencia organizada y acopio de armas. Ese año ocurrieron por lo menos cinco ataques con explosivos, según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).
En abril de 2021, el CJNG intensificó los ataques con drones en el estado de Michoacán, lanzando explosivos sobre comunidades como El Aguaje, en Aguililla, para amedrentar a los contras y habitantes del lugar; en tanto, en Buenavista de los Hurtado, en Guerrero, se reportaron desplazamientos masivos tras intensos ataques aéreos. El 19 de noviembre de ese año, fue detenido en la Ciudad de México, José Luis Hernández López, “Bad Boy”, presunto líder de los droneros.
Esa anualidad, la Defensa aseguró algunos artefactos explosivos improvisados en el país, pero el uso de drones y minas se extendió a territorios de Guerrero, Chihuahua y Tamaulipas.
En enero de 2022, dos soldados resultaron lesionados en un ataque de drones y tras el estallido de una mina artesanal en Tepalcatepec, Michoacán. Otras seis minas fueron desactivadas en La Romera. Para febrero, se reporta como “común” entre los cárteles de Jalisco y Sinaloa, la utilización de drones con explosivos. Un reporte de la Sedena, en noviembre siguiente, refiere el aseguramiento de mil 375 explosivos tan solo ese año. En agosto de 2023, el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa al Congreso para sancionar el uso de drones con fines ilícitos, proponiendo penas de hasta 60 años de prisión.
Pese a las buenas intenciones, en septiembre de 2023, en Guerrero, se documentó el uso de drones para bombardear comunidades enteras con artefactos cargados de clavos y fragmentos de metal, causa enero de 2022, dos soldados resultaron lesionados en un ataque de drones y tras el estallido de una mina artesanal en Tepalcatepec, Michoacán. Otras seis minas fueron desactivadas en La Romera. Para febrero, se reporta como “común” entre los cárteles de Jalisco y Sinaloa, la utilización de drones con explosivos. Un reporte de la Sedena, en noviembre siguiente, refiere el aseguramiento de mil 375 explosivos tan solo ese año. En agosto de 2023, el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa al Congreso para sancionar el uso de drones con fines ilícitos, proponiendo penas de hasta 60 años de prisión.
Pese a las buenas intenciones, en septiembre de 2023, en Guerrero, se documentó el uso de drones para bombardear comunidades enteras con artefactos cargados de clavos y fragmentos de metal, causando víctimas civiles y desplazamientos. Un mes después, en Michoacán, autodefensas localizaron un dron con explosivos líquidos y Furadan, un pesticida altamente tóxico. En noviembre de ese año, la Cámara de Diputados aprobó reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, estableciendo penas de 10 a 20 años por usar drones para lanzar explosivos, y hasta 30 años si atacan a fuerzas de seguridad.
En 2024, a finales de enero, el estallido de una mina a un convoy militar dejó cuatro soldados muertos en Santa María del Oro, Jalisco. Ese mes, la Policía de Zacatecas aseguró dentro vehículo con 38 artefactos explosivos improvisados, así como varias armas largas. En febrero, el CJNG emboscó a militares en los límites de Tepalcatepec y Aguililla, con saldo de cuatro soldados fallecidos y nueve heridos. En abril, dos policías michoacanos resultaron lesionados por granadas, lanzadas por drones en El Aguaje. En mayo, en Michoacán detuvieron a dos sujetos que operaban un dron y tenían 23 explosivos. En diciembre, dos militares murieron y otros diez resultaron lesionados tras un ataque explosivo del CJNG en La Peña, localidad de Cotija, también en Michoacán.
En los meses que van de 2025 el saldo es desalentador, pues en enero, un helicóptero militar fue atacado en Apatzingán con un dron cargado con explosivos; en tanto, en Río Bravo, Tamaulipas, un vehículo oficial detona una mina, hiriendo al conductor.
En febrero, dos civiles perdieron la vida al detonar una mina en campo de limoneros en Buenavista Tomatlán, Michoacán. Ese mes, en Tamaulipas, el secretario de Seguridad reportó 40 minas detectadas en municipios fronterizos; y en Apatzingán, militares abatieron a dos presuntos delincuentes tras un ataque con drones.
En marzo, en Teocaltiche, Jalisco, fue desmantelada una fábrica de explosivos para drones y minas, asegurando siete artefactos aire-tierra; mientras que, en mayo, en Apatzingán, se descubrió un taller con 73 explosivos tipo aire-tierra, equipo y herramientas industriales.
COLOMBIANOS
Luego de la muerte de los ocho militares que tripulaban un vehículo táctico blindado en Los Reyes, Michoacán, y la captura de 17 presuntos implicados en la colocación de minas terrestres, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar Hamid García Harfuch, reveló en la conferencia mañanera del 10 de junio último, ante la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que se detectó un patrón de reclutamiento de exmilitares colombianos por parte de grupos delictivos en México, por lo que ya existía coordinación con las autoridades de ese país para prevenir su incursión a la delincuencia nacional.
García Harfuch expresó que “se ha detectado un patrón de reclutamiento de este tipo de perfiles por parte de grupos delictivos de nuestro país, por lo que ya tenemos comunicación y coordinación con las autoridades de Colombia, para impedir que continúen estas actividades de reclutamiento”.
El titular de la SSPC agregó que el reclutamiento de excombatientes sudamericanos ha sido “principalmente, la gran mayoría ha sido del Cártel Jalisco, el reclutamiento ha sido por parte del Cártel Jalisco. Sin embargo, también ha habido algunos del Cártel de Sinaloa”.
El funcionario hizo referencia a lo que ya se había informado sobre la captura de extranjeros en el grupo que atacó a los militares, abundando que “en el municipio de Los Reyes, Michoacán, elementos del Ejército mexicano detuvieron a 17 personas, 12 de ellas de nacionalidad colombiana, quienes están involucrados en la explosión de una mina entre los límites con Jalisco, donde lamentablemente perdieron la vida ocho integrantes del Ejército mexicano”.
“De acuerdo con el intercambio de información con las autoridades de Colombia, entre los detenidos de este país se encontraban nueve exmilitares y tres civiles con formación militar en el uso de armas”, destacó Harfuch.
La información ya era del dominio público desde el 4 de junio cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano confirmó -a través de un comunicado- que 11 de los 12 aprehendidos pertenecieron a sus fuerzas armadas y anunció que, como todos sus connacionales, recibirían la atención consular que ameritan, conforme a la Convención de Viena.
TAMBIÉN RUSOS
A decir de Óscar Fernando Arreguín Girón, “El Anzuelo”, operador del Cártel Jalisco Nueva Generación en Tecomán, actualmente preso por la desaparición forzada de los activistas de derechos humanos Antonio Díaz Valencia y Ricardo Lagunes Gasca, en Colima, los “brazos armados” del CJNG se dividen en dos grupos: los estacas y los de choque.
“Los estacas son los más entrenados y ellos combaten en la sierra y acuden a enfrentamientos; mientras que los de choque, que es el personal armado que trabaja en las ciudades o pueblos dentro de su territorio, que son los encargados de levantar a la gente, reventar casas, etcétera”, confesó el matarife ante la Fiscalía General de la República tras su detención.
El Anzuelo, internado en el Centro de Reinserción Social (CRS) de Colima, por el delito de desaparición cometida por particulares, narró ante un fiscal que “el personal de choque y los estacas son capacitados en diferentes lugares o ranchos. En lo personal, a mí me entrenaron en un rancho que está ubicado en un poblado de Michoacán, donde había alrededor de 150 personas. El adiestramiento fue dado por unos rusos que no hablaban español, pero traían traductor. Ellos nos enseñaron tácticas militares acerca de armamento, municiones y técnicas de combate”.
“De igual forma, quiero agregar que esos rusos entregaron, en ese mismo adiestramiento, 100 cajas, las cuales contenían cuatro minas terrestres cada una, además de entregar morteros, antiaéreos y equipo para romper blindaje. Nos decían que debíamos tener cuidado con las minas, porque si pisabas una de estas te volaban los pies dichas minas. Serían utilizadas para ponerlas en caminos”, relató Arreguín Girón, quien también recuerda como recibían armamento, como lanzagranadas, para guardarlo en dos casas de seguridad de un sitio conocido como Playa Real, en la costa de Colima.
En el expediente, al que ZETA tuvo acceso, Óscar Fernando Arreguín dijo que un sujeto apodado “El Gordo”, era “el encargado de llevar los carros a talleres clandestinos para que se les hiciera un blindaje artesanal y para que se les ponga ‘clavo’ o ‘mochila’. Incluso en una ocasión nos avisaron de un camión que iba cargado de material para blindar vehículos. Ese material lo habían comprado los michoacanos para sus vehículos y construir los denominados camiones monstruos, y nos ‘pusieron’ el camión, por lo que lo interceptamos y le quitamos todo el material, y con eso blindamos camionetas y camiones monstruos para el cártel CJNG”.
