Miembros de la cooperativa pesquera de la Pacífico Norte en el municipio de Mulegé manifestaron su hartazgo por el cobro de piso de grupos criminales, pese a que el Gobernador del Estado, Víctor Manuel Castro Cosío, afirma que no hay denuncias por este delito.
“Hay algunos que, por ejemplo, llegan y te dicen: ‘¿Sabes qué?, a cierta hora tú ya no vas a vender esto, ahora vas a vender nuestros productos’, y cosas así es lo que se ve por allá. Y yo lo he dicho, cuando nos lleguemos a acabar el producto del mar, porque había mucho, y ya va de picada a la llegada de esta organización. En Guerrero Negro, estamos hablando de Callo de Hacha, de Chocolata, estamos hablando de Langosta, ellos se dedican más a los productos que no se batallan para vender”, manifestó el pescador Jaime Esteban.
Según pescadores entrevistados por ZETA, al menos siete cooperativas y 26 permisionarios adjuntos al comité del sector pesquero en Guerrero Negro aseguraron que han sido golpeados, amenazados y hasta levantados por bandas delincuenciales.
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Al inicio “ellos ponían gente armada y no armada y les entregábamos el producto”, además, el afectado, que pidió no revelar su nombre, dijo que cada permisionario les entrega su producción, y te lo pagan como ellos quieren.
El afectado relató que, en octubre del 2023 fue privado de su libertad e intimidado con amenazas y golpes, para que retirara una denuncia.
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“En 2023 me privan de mi libertad, me llevan como tres horas por terracería, encapuchado y me llevan con esta persona y me dicen que nos tenemos que alinear o me mataban a mí, a mi hijo y me quitaban todo. Llegué a un punto en que ya me había puesto bien con Dios, porque ellos desde el principio me dijeron que me iban a matar. En el trayecto inclusive me bajaron, me quitaron la ropa, me pusieron el arma larga en la cabeza porque según que me iban a matar”, narró el comerciante.
A Jaime Esteban lo volvieron a subir a la camioneta y le pusieron una bolsa en la cabeza; a punto de la asfixia, pidió ayuda, lo empezaron a golpear, y “cualquier cosa que hablaba” lo agredían más.
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“Me pusieron cinchos en las manos y ya no las sentía, me apretaron tanto que las manos ya no las sentía, que era mucho el dolor. Yo les decía: ‘aflojen los cinchos’ y la respuesta era en golpes. Ya no sentía las manos. Yo pensé que ya las había perdido. Mordí el trapo que tenía en la cabeza para respirar. Iba en los pies, uno me estaba aplastando las piernas y el otro por el otro lado me estaba aplastando la cabeza con los pies; me llevaron tres horas así por terracería”, recordó el pescador.
Al llegar con los responsables o encargados de la célula criminal, detalló que el agresor fue muy claro:
“Llévale este recado a tu hermana y a tu hermano, me dijo. Ya de regreso fueron muchas paradas y me pasaron a varios carros. De regreso me soltaron a la 1:00 de la mañana, pero a 60 km retirado de Guerrero Negro en la carretera Transpeninsular. Me soltaron sin ropa, lógicamente ni un carro se quiso parar, yo hacía señales que se pararan a la 1:00 de la mañana, yo iba en puras en puras trusas”, señaló.
De ese incidente ya transcurrieron casi dos años, y no ha habido una respuesta de las autoridades, ya que el mismo grupo sigue operando en la Pacífico Norte.
AUTORIDADES PROTEGEN A COBRADORES DE PISO
Pescadores de la zona norte indicaron que no hay una atención a sus peticiones, salvo la detención del 12 de abril de por lo menos siete personas, entre ellas El 9”, presunto brazo armado de la Chapiza en Guerrero Negro. También se les decomisó un arsenal.
Y no es la única denuncia hecha por los pobladores en Mulegé:
“Ha habido denuncias que ellos mismos, lógicamente, son los primeros que se enteran, y más que todo, pues la intimidación de no hacerle frente, porque se sabe pues que algunas autoridades se dejan corromper o se dejan comprar o las intimida, y no se quieren meter más de donde vaya a salir afectada su familia o también su persona”, manifestó Jaime.
Por otro lado, según María Gemima Hernández Ávalos, activista independiente de la asociación Sólo Por Ayudar A. C., las autoridades conocen a los integrantes de la célula criminal encargada de las actividades delincuenciales.
“Criminales de la organización que le llaman la ‘empresa’ aquí en la zona norte de Baja California Sur por el cártel de Los Chapos, liderado por un alias El Barbas, a quien conocemos y otro El Burro y El 90. Ha habido reportes, donde hicieron otros levantones a gente de la tercera edad para intimidarlos. Las patrullas municipales, que tenemos muy bien conocidas, son las que protegen a estos criminales ahí en mi municipio, los dejan ir frente a nosotros. Pasan armas al otro vehículo, vehículos que tenemos captados y los dejan ir”, señaló Gemima Hernández.
La activista apuntó que por meses ha recibido llamadas de familias de pescadores y comerciantes, manifestando que sus hermanos, esposos y papás fueron levantados y amenazados.
Su movilización llegó hasta la Ciudad de México, donde reclamaron la intervención de la Presidenta Claudia Sheinbaum para detener las desapariciones. Actividad criminal que a la fecha sigue activa.
“Se me acercaron todas ellas, fueron madres y fueron algunas esposas, al ver los nexos de corrupción tan fuerte en el municipio de Mulegé, hablo específicamente en estos casos de San Ignacio, Vizcaíno, Guerrero Negro, la gran colusión y protección, de cómo la Municipal de ahí está ligada 100 por ciento a proteger a estos criminales”, sostuvo Gemima Hernández.
PUERTO SAN CARLOS FUE UN AVISO
Fue vinculado a proceso Prisciliano Caramillo Quintero, sicario sobreviviente del enfrentamiento ocurrido en las inmediaciones de Playa “La Curva” en Puerto San Carlos en el municipio de Comondú el pasado 18 de mayo.
Según fuentes de la Mesa Estatal de Seguridad, el sicario en compañía de otros pistoleros entre las 13:00 y las 14:00 horas, dispararon con armas de fuego a guardias de seguridad privada de la empresa Grupo Corporativo HACHE S. de R.L. de C.V”, quienes repelieron la agresión con sus armas de cargo.
Tras varios minutos en la refriega, perdieron la vida tres elementos de seguridad privada, de nombres José Rodríguez Medina, Juan Martín Borja Murillo y Rafael Mil Cobaxin, mismos que quedaron tendidos en el lugar de los hechos junto a una van de color blanco; además, Prisciliano resultó lesionado y tres sicarios muertos, el lesionado fue llevado al Hospital General de Ciudad Constitución, para posteriormente ser trasladado al Hospital Salvatierra, en el municipio de La Paz.
Este primero de junio fue dado a conocer la vinculación a proceso por tres cargos de homicidio calificado en contra del sicario.
“Probablemente cometió el mediodía del 18 de mayo en Playa la Curva en Puerto San Carlos, cuando en compañía de otras personas probablemente disparó un arma de fuego en contra de tres personas del sexo masculino privándolos de la vida; Prisciliano N. quedó vinculado a proceso y en prisión preventiva, por los datos de prueba presentados”, dado a conocer por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
En imágenes obtenidas por ZETA, se aprecia a los sicarios tendidos sobre la playa, algunos con huaraches y tenis, portando chalecos tácticos y armas largas del tipo ametralladoras R-15 y AK-47 conocidas como “cuernos de chivo”.
Miguel Fernández, asesor jurídico de las víctimas de homicidio calificado, expuso que los guardias de seguridad de la empresa no están armados, sólo que algunos de los agentes son militares en retiro, que portaban su arma de cargo.
“Las víctimas son elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en retiro, los cuales estaban contratados por una empresa de seguridad y estaban brindando un servicio, el cual era dar protección a un inmueble de una empresa cooperativa. Por la inseguridad que viven en esa localidad de Puerto San Carlos, por lo cual estos elementos arribaron el día 17 de mayo; ese día recibieron amenazas y el día 18 de mayo es cuando ocurre, aproximadamente a las 13:30, 13:40 horas, el ataque. El servicio se dividía en dos guardias con 11 elementos cada uno. El ataque fue dirigido únicamente a 11 elementos que estaban ahí”, explicó Fernández.
Según las denuncias obtenidas, los habitantes de Puerto San Carlos y el norte del municipio de La Paz enfrentan el cobro de piso por miembros del crimen organizado, quienes los obligan a entregarles el producto pesquero a un precio que ellos establecen.
Lo cierto es que los pescadores y comerciantes ya se cansaron, declararon que este enfrentamiento es sólo el inicio, ya que cooperativistas llevaron a la empresa de seguridad para hacer frente a grupos de delincuencia organizada en la comunidad pesquera.
“Hay un grupo que, pariente, está muy chiquito el rancho para que salgan todas las chivas, ¿quién tiene agarrada la pesca? La denominada maña, y me estoy poniendo una pistola en la cabeza con lo que estoy diciendo y declarando. Tenemos elementos de seguridad, carros y armamento y no hacen nada, ellos deben estar dentro también. Lo ocurrido recientemente es un aviso del cansancio de los pescadores, ya no tarda en tronar la bombita”, reveló uno de los pescadores.
CRIMEN ORGANIZADO AZOTA A COMERCIOS EN LA PAZ
Antonio Castro Crespo, coordinador y fundador de Unificación y Defensa de Pueblos Originarios Sector Primario de Baja California Sur, expresó su preocupación por lo que le pasa a los pescadores del municipio de La Paz, al acecho del crimen.
Dijo que, pese a que las autoridades traten de ocultarlo, los mismos pobladores son quienes dan cuenta de la violencia extrema.
“El año pasado una persona nativa, una persona de la tercera edad, fue tirada en el kilómetro 135; le quebraron las dos piernas y los dos brazos por venir a vender su pescado aquí a La Paz. En Santa Rita tiraron a un joven, también pescador, que le quebraron una pierna y le quebraron dos brazos también. ¿Dónde está el gobierno de Baja California Sur? ¿Dónde estaba?”, lanzó Antonio Castro Crespo.
“Hace un año pasado recibí una llamada de acá del lado de la zona norte, un viejito de la tercera edad, que viene a vender su producto aquí a La Paz, y le dicen que sea la última vez que venga, porque ellos le van a poner el producto al precio que quieran. ¿Qué pasa? El señor regresa otra vez a la siguiente semana a vender mariscos para La Paz, lo paran en el kilómetro 135, ahí le quebraron los brazos y las piernas al señor”, expresó Castro Crespo.
Agregó que la Unificación y Defensa de Pueblos Originarios Sector Primario de Baja California Sur busca defender a todos los productores, alzar la voz para que las autoridades atiendan el llamado.
Explicó que se requiere una pronta intervención para acabar con este mal que está lastimando a la población y sus actividades económicas.
“Hace tres semanas, aproximadamente y pasaditas, para acá para el lado de Los Frailes, que es municipio de Los Cabos, hay una persona que se dice con poder, que tiene gente poderosa que está dentro del gobierno, bañó a dos pescadores en gasolina, Lo pueden investigar, yo invito a las autoridades que vayan e investiguen en Los Frailes. ¿Qué persona fue la que bañó a dos personas con gasolina? Tuvo que llegar otra persona a golpearlo, tuvo que intervenir porque los iba a prender. Los pescadores pues tuvieron que irse, tuvieron que dejar el lugar donde trabajan para llevar sustento a su familia”, finalizó el fundador de la Unificación y Defensa de Pueblos Originarios Sector Primario de Baja California Sur.
