Un juicio mercantil que se sospecha nació perdido durante el gobierno del exalcalde de Ensenada Gilberto Hirata Chico (2013-2016), le ha generado fuertes conflictos a las siguientes administraciones, pero ninguno como en la actual, donde cada integrante del cabildo, incluida la presidenta municipal, Claudia Agatón Muñiz, se ha tenido que amparar contra una orden de arresto de doce a 36 horas por desacatar la orden de un juez de incluir en el presupuesto de egresos el pago de 45 millones 577 mil pesos al proveedor tijuanense Germán Castello Cedillo. Este vendedor demandó al gobierno de Hirata, sí, al mismo que supuestamente le proveyó esa misma cantidad de dinero en mercancías como bicicletas, juguetes, materiales de construcción e impermeabilizante, artículos escolares y línea blanca, directamente a la oficina de Atención Ciudadana. Durante la transición se le entregó un cheque a Castello Cedillo, e intentó cobrar el dinero bajo el mandato del alcalde Marco Antonio Novelo Osuna. El problema fue que los fondos provenían de una cuenta bancaria destinada exclusivamente a recursos federales etiquetados para obra pública, por lo que el cobro fue congelado y reiniciaron el juicio que terminó comprometiendo a nuevas las figuras públicas. No obstante, hay una investigación interna y la Sindicatura Municipal advirtió que ese pago no se realizó porque no existía ningún registro que respaldara la entrega de dicha mercancía. Tampoco se encontró contrato, licitación pública ni acta de entrega. En una búsqueda hecha en el Registro Público de Comercio no fue posible encontrar una empresa relacionada con esta persona física o moral. Aun así, poco antes de terminar el gobierno de Gilberto Hirata, un juez falló a favor del proveedor. Ante lo cual ahora todo el Cabildo de Ensenada, está amparado. Aquí la pregunta que requiere respuesta es: ¿ganó o lo dejaron ganar?
Publicidad
