Alejandro Armenta Mier -militante de Morena y gobernador de Puebla, desde el 14 de diciembre de 2024- reprochó, el 19 de junio de 2025, a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH), que hubiera condenado la “Ley contra la violencia digital” o “Ley Censura”, aprobada por el Congreso estatal, para imponer penas de hasta tres años de prisión a quienes emitan insultos u ofensas en redes sociales.
“Yo no he visto a la ONU hablar de cómo en Puebla disminuyó el 30 por ciento de los feminicidios […] No veo que se pronuncie en las organizaciones internacionales de Derechos Humanos […] Claro, es nuestra obligación, no estamos haciendo nada extraordinario, pero disminuir 30 por ciento los feminicidios en Puebla es una tendencia que venía a la alza”, señaló el mandatario estatal, durante una conferencia de prensa.
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“Somos un gobierno humano, sensible, que nos ponemos del lado de los ciudadanos. Pero la ley tiene que ser rígida, si no todo el mundo la pisotea”, dijo Armenta Mier, respecto a la llamada “Ley Censura”, misma que entró en vigor el viernes 13 de junio de 2025, luego de ser publicada en el Periódico Oficial del Estado. Con ello entró en vigor un nuevo delito en el Código Penal poblano, el ciberasedio o ciberacoso.
La iniciativa, propuesta en noviembre de 2024 por el entonces diputado José Luis García Parra -actual coordinador de gabinete de Armenta Mier-, fue aprobada el 12 de junio de 2025, en un proceso calificado de “fast track” por la oposición, con el voto mayoritario de Morena y sus aliados (35 sufragios a favor, cinco en contra y una abstención).
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“Comete el delito de ciberacoso quien a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona, con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional”, decía el artículo 480 de la “Ley Censura”.
Según la legislación, aquella persona que fuera declarada culpable del delito de ciberasedio, sería castigada con penas que irían de 11 meses a tres años de prisión. También se le aplicarán multas que irían de los 50 a 350 días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, es decir, desde 5 mil 657 hasta 39 mil 599 pesos. Además, las penas se agravarían en caso de que la víctima fuera menor de edad.
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El 18 de junio de 2025, -durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció en contra de la censura.
La mandataria nacional recordó que Armenta Mier convocó a una serie de foros para que la ciudadanía poblana conociera a profundidad todo lo relacionado con dicha norma. Asimismo, reconoció como favorable que el mandatario estatal determinó incluir a más sectores de la sociedad poblana en el estudio de la “Ley contra la violencia digital”, para la recopilación de posturas de periodistas, activistas de derechos humanos y padres de familia.
Sin embargo, la presidenta se pronunció en contra de cualquier tipo de censura, por lo que hizo un llamado a privilegiar el derecho a la libre expresión. Asimismo, adelantó que su Administración no estaría a favor de ninguna ley que vulnerara las garantías individuales de la sociedad.
“Creo que el gobernador ya abrió un parlamento para discutirlo. Que quede claro nosotros estamos en contra de la censura […], nuestra posición siempre es en contra de la censura y a favor de la libertad de expresión, siempre, entonces no vamos a estar de acuerdo con un artículo que promueva la censura”, insistió Sheinbaum Pardo.
“Retomamos el llamado de la Presidenta @Claudiashein a garantizar la #LibertadDeExpresión en todo el país, incluyendo la revisión de marcos legales que posibilitan su criminalización, como los delitos contra el honor. Proteger este derecho es clave para una sociedad democrática y respetuosa de #DerechosHumanos”, escribió la ONU-DH México, en su cuenta de la red social X.
Por su parte, la organización no gubernamental Amnistía Internacional México advirtió que la reforma aprobada por el Congreso de Puebla al Código Penal estatal, añadió nuevos delitos, pero que en su redacción “hay serios problemas”.
“[…] delitos como el ciberasedio, espionaje digital y usurpación de identidad están redactados de forma ambigua y podrían afectar gravemente la libertad de expresión”, subrayó la ONG, que también explicó que el delito de cibermedio castigaba insultos u ofensas reiteradas sí afectaban la salud de alguien.
“Este delito es ambiguo e incompatible con estándares internacionales de libertad de expresión”, denunció AI, que también expuso sobre las tipificaciones de espionaje digital y usurpación de identidad, “están redactados de forma imprecisa y amplia, lo que deja espacio para abusos por parte de autoridades”.
“Estos delitos podrían ser usados arbitrariamente contra periodistas, activistas y ciudadanía que disiente. Lejos de proteger derechos, estás reformas los ponen en riesgo”, agregó Amnistía Internacional, que hizo un llamado al Congreso de Puebla a revisar el contenido de estas reformas, para que garantizaran las libertades de todas las personas. “La ciberseguridad no debe ser pretexto para la censura ni la criminalización de la disidencia”, subrayó.
Abordado por periodistas locales y cuestionado al respecto a la legislación, el mandatario estatal comentó, el 17 de junio de 2025, que Puebla ocupaba el quinto lugar a nivel nacional en ciberdelitos. También subrayó que la zona metropolitana de la Ciudad de México concentraba los índices más altos de estos ilícitos en la era del conocimiento, por lo que calificó a la “Ley Censura” como “vanguardista”.
“Lo que se está haciendo es proteger a los niños, busca proteger a las mujeres, lo que se busca es proteger la identidad, que hoy con los ciberdelitos, cualquier persona puede manipular su sistema financiero”, comentó Armenta Mier, refiriéndose a delitos como el robo de identidad, la corrupción de menores y la trata de personas, ante los cuales, dijo, la ciudadanía era vulnerable en el espacio digital.
“Puebla se pone a la vanguardia en materia de ciberseguridad”, afirmó el titular del Poder Ejecutivo estatal, quien también celebró que el Congreso local hubiera aceptado su propuesta, de realizar foros públicos para analizar el impacto y los objetivos de la Ley.
El gobernador afirmó que la ley estaba abierta al análisis técnico y científico, con la posibilidad de fortalecerse a través del diálogo con distintos sectores. Sostuvo que en el Poder Legislativo existía voluntad para escuchar distintas voces.
“Una ley puede nacer con foros, tener procedimientos de determinación inmediata, y una vez aprobada debe seguir explicándose su impacto y beneficios. El espíritu del legislador nunca es generar un limitante a las libertades. Si en el proceso existe alguna posibilidad de enriquecimiento de la ley, estoy seguro de que los diputados van a enriquecerla”, expuso Armenta Mier.
Por su parte, la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Idamis Pastor Betancourt, refirió que numerosos casos de ciberacoso o ciberasedio no alcanzaban la justicia, debido a la falta de una legislación específica en la materia.
En tanto, la presidenta del Congreso local, Laura Artemisa García Chávez, precisó que este jueves iniciarán los foros con ciudadanos y manifestó estar abiertos a cambios en beneficio de la sociedad, pero con sustento, aclaró.
En ese sentido, coincidió con la titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, quien, el mismo día, exhortó a las autoridades y a la sociedad poblana a involucrarse en la revisión de la “Ley contra la violencia digital”.
Al respecto, la funcionaria federal argumentó que era necesario que todos los sectores de la sociedad poblana se involucraran en la revisión de esta ley, para poder aplicar posibles modificaciones, a fin de perfeccionarla y evitar inconformidades.
Durante la conferencia matutina presidencial, Rodríguez Velázquez comentó que era un buen momento para que las autoridades estatales pudieran modificar la Ley, a fin de evitar la censura y garantizar la libertad de expresión, contemplando las posturas de los diferentes sectores de la población que se involucraran en la revisión.
“Quiero ser muy tajante en el tema de la libertad de expresión, el Gobierno de México está en contra de cualquier tipo de censura […], se me hizo bien la iniciativa que tomó el gobernador de enviarle al Congreso de Puebla una cordial invitación para que revise lo relativo al artículo, me parece muy importante que participe toda la sociedad poblana”, declaró la titular de la SEGOB.
El 17 de junio de 2025, Jorge Romero Herrera, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), del Partido Acción Nacional (PAN), exigió la derogación inmediata de la “Ley contra la violencia digital”, ya que, según él, se trataba “de una norma ambigua, con términos vagos, que representa un grave retroceso en materia de libertades y a la censura desde el Gobierno”.
“El Partido Acción Nacional votó en contra y continuará exigiendo su derogación inmediata. Esta no es una ley que proteja a las víctimas de violencia digital, sino una herramienta que puede ser utilizada para perseguir a periodistas, activistas y ciudadanos críticos”, indicó Romero Herrera.
“Las redes sociales deben seguir siendo un espacio para opinar, cuestionar y denunciar, no un terreno de persecución política. La libertad de expresión no es un privilegio, es una garantía constitucional, y la vamos a defender en cada trinchera. Acción Nacional reitera su compromiso con la libertad, con los derechos digitales y con una ciudadanía crítica, informada y sin miedo”, destacó el presidente del CEN del PAN.
El mismo día, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación ante la reforma al Código Penal poblano, “que promete combatir el ‘ciberasedio’, pero que podría ser utilizada para castigar críticas que puedan resultar incómodas”.
José Roberto Dutriz, presidente de la SIP y director general de La Prensa Gráfica de El Salvador, subrayó que “lo que está en juego es el derecho de toda la sociedad a informarse y debatir. Esta iniciativa puede borrar del espacio público información incómoda, dañando la memoria colectiva y la rendición de cuentas.”
Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y directora de la Organización Editorial Mexicana (OEM), enfatizó que “esta ley corre el riesgo de institucionalizar la censura por encargo […] sin debate público, sin transparencia y sin defensa posible.”
El 15 de junio de 2025, ante las críticas de la oposición, activistas y defensores de derechos humanos, el gobernador de Puebla pidió al Congreso local, llevar a cabo foros de análisis la “Ley contra la violencia digital”, que incluyeran la participación de diversos sectores.
“Le solicito respetuosamente a la maestra Laura Artemisa García Chávez, presidenta en la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del estado y a los integrantes de la LXII Legislatura, establecer foros en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, periodistas, asociaciones de padres de familia, organismos de derechos humanos y colegios de abogados para analizar la “Ley contra la violencia digital”, en lo correspondiente al ciberacoso, siempre con el propósito de proteger los derechos humanos universales con el mayor consenso posible”, señaló Armenta Mier, en un oficio.
