Inicialmente reportado como el hallazgo de un supuesto crematorio clandestino en Ciudad Juárez, Chihuahua, lo que empezó con 60 cadáveres al interior de un inmueble durante el jueves 26 de junio y los primeros informes del viernes, escaló este domingo a al menos 381 cuerpos, en condiciones que las autoridades denominaron violatorias de la normativa sanitaria y ética.
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Durante la noche del jueves, una persona reportó un cadáver al interior de un vehículo al 911; el automóvil estaba estacionado en la calle Chihuahua, entre avenida Granjas y Tapachula, de la colonia Granjas Polo Gamboa. Ante la denuncia, policías municipales acudieron a la escena, constatando la presencia de dos cuerpos en la unidad tipo carroza.
Al ingresar a la propiedad adyacente como parte de la inspección, se observó la acumulación de decenas de occisos embalsamados y almacenados en condiciones insalubres, por lo que se dio aviso a la autoridad investigadora.
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A decir de fuentes locales e imágenes filtradas en redes, los cuerpos se encontraban apilados entre sí, yaciendo sobre el suelo y otras superficies desorganizadas, sin las condiciones de refrigeración establecidas para una instalación forense.
Infraestructura desgastada y una sustancia oscura sin identificar cubriendo el piso fueron otros de los señalamientos gráficos difundidos sobre el hallazgo al interior del inmueble, descrito como una casa pequeña, con cinco o seis cuartos.
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En las primeras horas de la investigación durante el viernes 28, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris), informaron que el lugar operaba legalmente, por tanto, al contar con los permisos sanitarios, la situación se trataría solo de un “incumplimiento administrativo” derivado de la falta de capacidad del horno crematorio.
Se reconoció además que el lugar había sido amonestado en 2020 por acumulación de restos, asegurando durante la conferencia de prensa del viernes que no se encontró ningún hecho delictivo en esta ocasión.
De acuerdo a vecinos de la zona, durante la pandemia de COVID-19 presentaron denuncias por filtración de olores ante la Dirección de Ecología Municipal, con lo cual el negocio fue clausurado, pero al poco tiempo reabrió.
Cabe mencionar que, según información de un medio local, uno de los vecinos del predio indicó que en una ocasión, tras intervenir en lo que interpretaron como un robo en el crematorio, un trabajador del lugar los amenazó a él y a su familia, identificándose como empleado de la Fiscalía.
El director de Servicios Periciales, Javier Sánchez, dijo a los medios que los cuerpos no estaban en estado de descomposición gracias al proceso de embalsamamiento al que fueron expuestos.
En el mismo evento, el titular de Coespris, Luis Carlos Tarín Villamar, aseguró que a raíz de la sanción que figuraba como antecedente, se habrían realizado supervisiones constantes, la última teniendo lugar en febrero del presente año. Según Tarín, en esta verificación todo estaba “de acuerdo a la norma”.
El fiscal en la Zona Norte de la ciudad, Carlos Manuel Salas, complementó en su momento: “todo está en orden y documentado”, negando relación alguna con la operación de bandas criminales de la región.
“Todos los cuerpos fueron debidamente identificados, localizados, los familiares los identificaron, se les dio el servicio funerario, el servicio funerario los embalsamó, se les veló y cumplieron con toda la normatividad. Todos los cuerpos están embalsamados. El tema ahí, como lo explicaba acertadamente el doctor, es que se acumularon bastante dado que tiene una capacidad limitada el horno crematorio y sí, en los cuartos donde están no reúnen las condiciones sanitarias de refrigeración que deben tener”, agregó Salas.
Eventualmente, sin embargo, el fiscal General de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, declaró que el hecho era una “negligencia criminal”, haciendo mención durante la mañana del día de hoy sobre delitos por incumplimiento a las disposiciones legales por parte del crematorio.
“Se trata de la absoluta y total irresponsabilidad criminal de una empresa que trató con indignidad a las familias que dieron su confianza para un proceso de incineración y cremación”, indicó, considerando que se trató de un fraude y haciendo mención de delitos relacionados con la salubridad e inhumación clandestina.
“Nos dimos cuenta de que se trataba, en todos los casos, de cuerpos que traían procesos mortuorios que se realizan en funerarias, cuerpos tratados y, muy probablemente, fueron incluso velados, para posteriormente ser trasladados a ese lugar donde su destino era la cremación y otorgamiento de sus restos a familias que habían solicitado ese servicio” explicó el fiscal.
Jáuregui reveló que hay dos personas detenidas, el dueño y un trabajador, más no confirmó sus identidades.
El funcionario tampoco se pronunció sobre las posibles omisiones de las dependencias encargadas de supervisar estas actividades, aquellas que habrían conducido a la acumulación por falta de regulación estricta.
Adicionalmente, el titular de Coespris actualizó que el funcionamiento del negocio fue suspendido por dos irregularidades y faltas a la Ley General de Salud, en cuanto a la disposición de cadáveres y la falta de cuartos refrigerados para la conservación de los mismos.
El mismo viernes por la tarde se instalaron un laboratorio móvil del Servicio Médico Forense y una caja de tractocamión equipada con un sistema de refrigeración a las afueras del sitio, espacios a donde los cadáveres han sido trasladados, reubicados dentro de bolsas individuales.
De acuerdo a las autoridades, en Ciudad Juárez hay ocho empresas que dan servicios crematorios y 66 funerarias. En lo que va del año, se han expedido 2 mil 160 autorizaciones para cremar a personas fallecidas por causas naturales.
Si bien el nombre de la empresa no ha sido revelado por la Fiscalía de Chihuahua dada la investigación en curso, presuntamente el lugar se identifica como Crematorio Plenitud.
Aparentemente, el negocio comercializaría servicios de incineración a por lo menos seis funerarias de Ciudad Juárez. Amor Eterno, Luz Divina, Protecto Deco y San Martín serían algunas de ellas.
Asimismo, como presunto propietario se ha hecho mención de una persona identificada como José Luis Arellano Cuarón.
Trascendió que uno de los hombres, aprehendido en el lugar de los hechos, ha sido identificado como José A., hermano de Luis A., quien sería dueño del inmueble y de dos funerarias supuestamente relacionadas con el caso. Ambos serán puestos a disposición de un juez penal.
Recapitulando, aunque los cuerpos contaban con documentación válida para su incineración, esta nunca se efectuó, mientras tanto, los restos permanecían ocultos y acumulándose, algunos presuntamente desde el año 2020 y otros desde el 2023, según información de la Fiscalía de Chihuahua
La investigación podría derivar en revocación de permisos y nuevas sanciones a las que el crematorio se haría acreedor.
Ante las afirmaciones preliminares del organismo investigador sobre que todos los cuerpos se encuentran vinculados a un acta de defunción – tal como establece el protocolo para el manejo de restos humanos-, esto indicaría que el proceso administrativo previo se había realizado correctamente por los contratantes.
Sin embargo, algunas fuentes han resaltado que aquellas familias a las que se entregaron urnas con cenizas por medio de las agencias funerarias, en convenio con el crematorio, podrían haber recibido un elemento que no correspondía con sus difuntos, dado que en muchos casos no se llevó a término el proceso de incineración.
Por lo anterior, se anticipan multiplicidad de demandas legales. Las funerarias implicadas, acordaron emitir un posicionamiento conjunto este lunes.
El vocero de la Fiscalía General del Estado (FGE), Eloy García Tarín, adelantó que la siguiente fase será identificar a cada persona, cotejando las identidades con las actas de defunción proporcionadas por las seis empresas que utilizaban el servicio y el archivo de la documentación de cremaciones otorgadas por el estado.
“No es tan sencillo, porque, así como había una disposición, además de grotesca, de falta de respeto y de dignidad de los cuerpos apilados como si fueran costales, imagínese el estado que guardan los archivos de estos. Entonces no se trata de tener sólo documentos, sino ahora poder identificar un cuerpo con su documento respectivo, que es el certificado de defunción, que es la solicitud de la funeraria con la autorización de la familia para la cremación”, declaró.
Por su parte, el fiscal General detalló que habrá dificultad para la identificación porque todos los cuerpos han sido tratados con químicos durante los procesos mortuorios que pasaron en torno a la preparación para su incineración, lo que hace inviable el funcionamiento óptimo del ADN y demás sustancias que se puedan utilizar en la investigación.
Al momento, se ha hecho público que uno de los administradores del establecimiento se presentó ante la fiscalía, de acuerdo a García, en busca de “mecanismos para poder fincar responsabilidades de orden penal” a los responsables.
En última instancia, las autoridades apuntaron a una saturación del sistema forense en la región, por ello se indicó que se reforzarán las inspecciones y la supervisión para evitar recurrencias.
Finalmente, aunque se ha descartado que el negocio operara en la clandestinidad con respecto a los permisos de cremación, la investigación continúa por el resto de omisiones, por tanto, permanece el análisis de todas las posibles responsabilidades, tanto administrativas como legales en que pudiera derivar el caso.
