La desaparición del INAI pone en jaque el derecho a saber. En Baja California, el Congreso tiene hasta el 19 de junio para decidir entre reforzar la transparencia o institucionalizar el silencio. La ciudadanía no puede quedarse al margen.
La transparencia pública en México vive hoy su momento más incierto. Tras la extinción del INAI, el acceso a la información está siendo rediseñado desde el poder, sin el control ciudadano que tanto costó construir.
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El pasado 20 de marzo de 2025, el gobierno federal publicó en el Diario Oficial la extinción del INAI, transfiriendo sus funciones a la Secretaría Anticorrupción y al nuevo órgano Transparencia para el Pueblo. Aunque se promete mayor protección de datos y transparencia proactiva, la reforma amplía las reservas de información en procesos administrativos y judiciales, incluso en denuncias contra funcionarios. Además, permite clasificaciones bajo conceptos ambiguos como “interés del Estado” o “proyectos prioritarios”, limitando el acceso a datos clave. En casos de corrupción, la información sólo podrá abrirse si hay resolución judicial, lo que retrasa el escrutinio público y dificulta el trabajo de periodistas, organizaciones y ciudadanos.
Mientras el gobierno de Baja California presume avances en transparencia, periodistas y sociedad civil enfrentamos una encrucijada: actuar o esperar que el Congreso local armonice la legislación antes del 19 de junio. La pasividad no es opción.
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En Tijuana, contratos millonarios carecen de auditorías y están protegidos por candados de información reservada; en Mexicali, expedientes de desaparecidos siguen clasificados y no hay certeza sobre cuántas luminarias fueron realmente instaladas tras compras millonarias; en Ensenada, licitaciones directas benefician a empresas sin historial verificable. La opacidad se institucionaliza: compras públicas sin justificación, cláusulas de confidencialidad en contratos y adjudicaciones sin control social. El caso de Fisamex sigue sin informes públicos sobre la recaudación real obtenida e invertida.
La ciudadanía debe involucrarse activamente en la construcción del nuevo marco local de transparencia, protección de datos y acceso a la información. No es sólo una reforma legislativa: es una oportunidad para corregir el rumbo. En 2016, Baja California fue pionera al ciudadanizar su Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) con propuestas de la sociedad civil. Aunque después se debilitó por el gobierno, ese precedente demuestra que la presión y el activismo ciudadano sí funcionan.
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Hoy podemos exigir que toda reserva de información esté debidamente fundada, tenga carácter temporal y pueda ser auditada; que se publiquen íntegramente los contratos públicos, junto con anexos técnicos y financieros; que existan veedurías ciudadanas con capacidad de observación y denuncia durante los procesos de licitación y adjudicación; y que los datos sobre seguridad, compras y obra pública estén disponibles de forma proactiva y sin trabas formales. Sólo así avanzaremos hacia un modelo de acceso efectivo, confiable y útil para la sociedad.
Con ese espíritu, les invito al Foro sobre Transparencia y Protección de Datos, este 19 de mayo en la UVM Campus Mexicali, organizado por Coparmex Mexicali en coordinación con periodistas, academia y sociedad civil. Participarán Laura Enríquez (INFO-CDMX) y Adrián Alcalá (ex INAI), quienes compartirán propuestas y experiencias para enfrentar esta nueva etapa.
El 19 de junio no es una fecha más, es el punto de quiebre entre una Baja California comprometida con el acceso a la verdad, o un estado sometido al silencio institucional. Ya ocurrió con la ley sobre desaparición forzada, que fue postergada y debilitada pese a la urgencia de los colectivos de búsqueda.
Hoy, como en 2016, la diferencia entre la opacidad y la transparencia está en la acción ciudadana. Participemos. El nuevo sistema de transparencia y protección de datos de Baja California debe escribirse entre todos.
Guillermo E. Rivera Millán es director general del despacho De la Peña y Rivera S.C.
Fundador de Justicia que Transforma México A.C.
