El redituable negocio político de la familia Hank, podría terminarse en el transcurso de las próximas semanas, en caso de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratifique el proyecto de sentencia hecho público por los magistrados, donde se ordena revocar el cálculo realizado por el Instituto Estatal Electoral (IEE) en la distribución de prerrogativas para los partidos políticos que pugnan en Baja California, y donde el Partido Encuentro Social (PES), partido concesionado a la familia del ex inquilino del Hongo, Jorge Hank Rhon, se ha beneficiado de manera escandalosa.
Para este 2025, el PES, organismo político que en el pasado proceso electoral apenas obtuvo el 3.7 por ciento de las preferencias electorales, tiene previsto embolsarse 74 millones 374 mil 261 pesos, para sus gastos ordinarios en un periodo que no es electoral.
Publicidad
La cifra es casi tres veces superior a la que recibirá Morena -el partido con más votos en la elección de 2024-, que según los cálculos del IEE, apenas alcanzaría los 29 millones 436 mil 585.70 pesos.
Ante estos resultados, los partidos Morena y PT presentaron nuevamente una inconformidad en contra del cálculo del IEE y este miércoles 30 de abril se tenía previsto analizar el recurso de reconsideración presentado por ambos organismos políticos, que tiene como objetivo demostrar que la distribución que se le otorga al PES representa una inequidad grave en la contienda, pues el recurso público que se les otorga es el equivalente al presupuesto de todos los partidos juntos.
Publicidad
Pese a que el proyecto elaborado por el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, fue compartido durante el pasado fin de semana, y donde los mismos togados ya hicieron referencia que existen elementos para considerar que pudiera darse una inequidad en la distribución del recurso, los juristas decidieron retirar el tema del orden del día y programarlo para la próxima semana.
De concretarse lo que se hizo circular en las páginas oficiales del TEPJF, el monto de 74 millones de pesos destinados para el PES podría caer de 74 a poco menos de 16 millones de pesos, lo que representaría un duro golpe para las finanzas del organismo político adquirido por los Hank.
Publicidad
EL PROYECTO
El documento de 29 hojas elaborado por el togado Felipe de la Mata Pizaña, que se hizo circular a través de las páginas oficiales del TEPJF reconoce que la distribución de prerrogativas representa una condición inequitativa en la contienda, pues uno de los partidos con menor votación (y que goza de ser el único partido local en Baja California) recibirá una cantidad desproporcionada de recursos.
El documento en poder de ZETA reconoce que el conflicto legal inició desde octubre del año pasado, cuando el IEE anunció los cálculos para la distribución del recurso público para los partidos políticos que se dividen en un 30 por ciento para cada partido de forma equitativa (un total de tres millones 493 mil 603.46 pesos) y un 70 por ciento derivado de la cantidad de votos que recibió en la elección pasada.
Por ese motivo, Morena tiene previsto recibir 29 millones 436 mil 585 pesos; el PAN, 11 millones 367 mil 647 pesos; Movimiento Ciudadano alcanzaría siete millones 663 mil 365.92 pesos; el PT siete millones 036 mil 969.81 pesos; el PVEM seis millones 506 mil 030.43 pesos y el PRI cinco millones 935 mil 653.24 pesos, por concepto de los partidos políticos con registro nacional.
Gracias a una mala práctica legislativa, se modificó la Ley de Partidos Políticos con la intención de reducir el financiamiento de los mismos, pero debido a que los congresos locales carecen de facultades para legislar sobre los organismos políticos locales -pues es tema del Congreso de la Unión-, el candado para la reducción del recurso sólo aplicó para los partidos con registro nacional.
Esto causó un desbalance que benefició al PES, quien, al convertirse en el único partido político local, se le asignó una bolsa de 74 millones 374 mil 261.99 pesos.
En 2024 se recurrió y la propia Sala Superior determinó que había libertad configurativa de los estados y justificó el recurso exorbitante recibido por el PES.
Por esto mismo llama la atención que un año después, la misma Sala Superior considera que se está violando el principio de equidad en la contienda.
El 2 de abril de este año, la Sala Superior presentó para su análisis la revisión SUP-REC-53/2025 del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, donde planteaba continuar con la misma dinámica de la Sala Guadalajara, el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California y del IEE, que interpretaron la distribución del recurso público de manera literal, donde la bolsa de recurso público para los partidos políticos locales se dividiera completamente en los organismos locales; y como el PES es el único partido local, la mayoría de las prerrogativas se destinarían a este partido.
Es por ello, que, en la distribución equitativa del 30 por ciento, el partido de Hank recibió 68 millones de pesos que -en teoría- se entregaría para todos los organismos locales de manera equitativa, pero como sólo había un partido, todo se le entregaba al PES.
El resto del dinero (los otros seis millones 248 mil 994.99 pesos) corresponden al porcentaje de votación que recibió.
Cuando llegó el momento de votarlo, los magistrados decidieron rechazar el proyecto, bajo el argumento de que la distribución del recurso representaba inequidad en la contienda, por lo que decidieron cambiar de ponente y entregárselo al togado Felipe de la Mata Pizaña, quien tardó casi un mes en presentar un nuevo proyecto.
En su planteamiento establece una postura totalmente opuesta y reconoce que el marco legal vigente aplicado con literalidad ocasiona una inequidad en la contienda.
“La interpretación de las disposiciones legales debe ser armónica, a fin de evitar consecuencias antijurídicas; considerando que -atendiendo al principio de unidad del ordenamiento y a la efectividad del sistema de partidos- resulta inconsistente e incoherente que, a partir de la interpretación de una disposición que tiene por objeto garantizar el principio de equidad, se vulnere ese y otros principios del sistema democrático”, refiere el documento donde además indican que en ninguna parte de la Ley establece que forzosamente debe entregarse todo el dinero a un solo partido local.
“Los principios de equidad y proporcionalidad en materia de determinación de financiamiento público no se reducen a un cálculo en los montos asignados y porcentajes, sino que depende de las circunstancias de cada partido, en el conjunto del sistema político estatal”, remata el proyecto, donde reconocen que el caso de Baja California es algo que no se ve contemplado en la legislación.
“Dicho instituto político fue el único partido político local con derecho a recibir financiamiento público por actividades ordinarias permanentes, al haber obtenido cuando menos el 3% de la votación válida emitida en el proceso electoral local 2023-2024; lo cierto es que, al asignársele la totalidad del financiamiento público a distribuir de manera igualitaria, se generó un beneficio injustificado no previsto” y reconoce que se requiere completar la normatividad en la materia para asegurar la protección de los principios de equidad.
RETRASO BENEFICIARÁ CON 6.5 MDP AL PES
Si bien es cierto aún se desconoce sí la mayoría de los magistrados respaldarán el proyecto, pues pretende votarse la próxima semana, la realidad es que este retraso ya le generó un gran beneficio al PES de Hank Rhon, pues el día de ayer (jueves 1 de mayo) el IEE realizará la dispersión del recurso para los partidos políticos, y al no haber una sentencia al respecto, se le otorgarán -probablemente por última vez- los 6.5 millones de pesos mensuales de financiamiento público.
Para el abogado electoral, Joel Abraham Blas, esta determinación resulta un tanto sospechosa, máxime cuando la diferencia de unos días representa un beneficio sustancial para el partido morado.
“Definitivamente hubo una injerencia; no quisiera pensar mal, pero hay que seguir la cadena de tiempos. Hace dos semanas se regresó el tema; después de este tiempo, la semana pasada se publicó el proyecto, había análisis por parte de la Sala Superior y me parece sospechoso que con tanto tiempo se retire del orden del día. Mi interpretación política: hay una inherencia, evidentemente puedes pensar que, del afectado, para seguir en la estira y afloja en este tema”, refiere el jurista, quien dijo que la Sala Superior sólo retira temas cuando se trata de situaciones de emergencia.
El secretario ejecutivo del IEE, Raúl Guzmán, reconoció la misma situación, pues dijo que dado que en materia electoral no existen acciones suspensivas, estarán obligados a otorgarles 6.5 millones de pesos, que representa una gran diferencia a los 800 mil pesos aproximadamente, que les entregarían en caso de que se hubiera aprobado la sentencia el día miércoles.
Respecto a si el PES continuará recibiendo ministraciones mensuales después de una posible revocación, comentó que sí esto ocurre, se tendría que analizar dejar de otorgarles recursos pues en lo que va del año el IEE ha transferido alrededor de 26 millones de pesos al PES para funcionamiento de sus actividades ordinarias.
Blas Ramos, aseveró que el propio INE debe solicitar cuentas al PES para conocer la situación y el manejo del recurso público en la pasada elección donde recibieron 114 millones de pesos, pues el partido morado ni siquiera cuenta con oficinas en los municipios, por lo que deben pedirse cuentas del manejo del recurso.
Raúl Guzmán comentó que el año pasado se generaron grandes problemas debido a que no se tenía previsto el recurso de más de 100 millones de pesos para el PES, cuando se emitió la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para derogar la reforma del Congreso local, lo que provocó que se tuvieran que solicitar varias ampliaciones presupuestales para cubrir el recurso del PES.
Tanto Blas Ramos como Guzmán consideran que es necesario hacer adecuaciones a la ley y a la propia Constitución, para tener certeza sobre cómo interpretar las normas en el supuesto de que un sólo partido político mantenga registro, pues es por ello que existen este tipo de casos.
Se espera que en los próximos días se defina la fecha de la próxima sesión de Sala Superior. Sin embargo, en el peor de los casos para el PES, sus prerrogativas casi llegarían a 16 millones de pesos anuales, una cifra superior a la del PAN, Movimiento Ciudadano y PT, que obtuvieron una votación mayor en el pasado proceso electoral.
