Martha tiene un sueño: dar el enganche de una casa o comprar un terreno para dejárselo a sus hijos. Para ello trabajó 33 años de manera ininterrumpida como mecanógrafa en un juzgado penal en Tijuana, sin embargo, no puede cumplir su meta porque el Poder Judicial de Baja California le adeuda su prima de antigüedad, también conocida como finiquito.
Desde agosto de 2022, cuando se jubiló, ninguna autoridad del Tribunal Superior de Justicia -a cargo de Alejandro Isaac Fragozo López- es capaz de darle certeza sobre la fecha en que le pagarán, pese a que la prestación está estipulada en el Contrato Colectivo de Trabajo y la Ley del Servicio Civil estatal.
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Los pagos para otros jubilados han ido avanzando en diversas dependencias del Ejecutivo, pero se detuvieron en el Poder Judicial a partir de septiembre 2024.
Aunque Martha sigue en la lista de prelación en Tijuana, cada vez es más difícil esperar el pago de lo que le corresponde. Hace unas semanas le diagnosticaron cáncer de mama en el ISSSTECALI y espera el resultado de un análisis para saber en qué grado está la enfermedad. “Yo sé que la vida se termina en cualquier instante, pero sí es importante tener tu finiquito y hacer un proyecto de vida para dejárselos a los hijos”.
“El presidente del Tribunal (Alejandro Isaac Fragozo López) debe ser más consciente, más humano en ver las necesidades”, de quienes trabajaron y aportaron por tantos años. “No es una limosna, es un derecho que nosotros ya tenemos”, aseveró.
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Como Martha, otras tres jubiladas están enfrentando el cáncer en espera de que le sea pagada su prima de antigüedad, con la imposibilidad de comprar medicamentos que requieren. Situación que sus compañeras definen como la mayor “injusticia” luego de haber dado gran parte de su vida a la actividad demandante y de mucho estrés de los tribunales.
Algunas de mis compañeras están en una situación muy difícil, y ese dinero lo necesita su familia para que ellas tengan una mejor calidad de vida y no la están teniendo por falta del pago de ese finiquito, expresó Gloria, otra trabajadora que se jubiló el 1 de mayo de 2023.
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“Es injusto que ahora que uno sale no quieren pagar nuestra prima de jubilación, después de que aportamos tanto tiempo y sin cobrar el extra. Que lo dimos por el trabajo, por compañerismo, por apoyar al juez y para apoyar al Tribunal. Entonces, no hay empatía”.
Reprochó que el Tribunal no ha dado respuesta a la solicitud de pago de finiquito, pese a que concretar su jubilación tardó tres años. Es necesario, dijo, que las autoridades se acerquen para informar cuántas primas de finiquito se van a ir dando, sobre todo en los casos de las personas más vulnerables.
“Hicimos un prospecto de vida de lo que haríamos con ese dinero, y desgraciadamente no podemos avanzar en nuestras vidas”, porque están atorados los pagos, indicó Juana, que se jubiló el 1 de mayo de 2024, y también espera el pago de la prestación.
“Voy a cumplir 69 años, ya no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir y si duran tanto tiempo en darlo pues no lo vamos a disfrutar y se supone que para eso trabajamos, nos descontaron quincena tras quincena”, agregó.
IRÓNICO QUE QUIENES IMPARTEN JUSTICIA, LA VIOLEN
Después de cinco meses de haberse detenido los pagos de finiquitos a los jubilados, el 26 de febrero de 2025, Francisco Gómez Medina, presidente seccional y estatal de la Agrupación de Jubilados y Pensionados del Sindicato de Burócratas en Tijuana envió un oficio al presidente del Tribunal Superior de Justicia para señalar que la omisión de pago del finiquito no sólo constituye una “falta de cumplimiento” hacia los derechos laborales de los jubilados, sino también a sus derechos humanos, ya que la mayoría son personas de la tercera edad.
En el documento le solicita a Alejandro Isaac Fragozo López girar sus instrucciones para que se emita el pago a los jubilados con los que han sido omisos, de conformidad con los artículos 51, 56, 57 de la Ley del Servicio Civil estatal y la cláusula vigésima sexta de las Condiciones Generales de Trabajo.
Aun cuando la Constitución federal y estatal obliga a los servidores públicos a responder los oficios, el presidente del Tribunal no ha dado respuesta a casi tres meses de que su oficina recibió el oficio, lamentó Gómez Medina.
“Es irónico que quienes son los responsables de hacer justicia, de aplicarla, sean los primeros en violentarla y con sus propios trabajadores, y más que son jubilados, que la mayoría son de la tercera edad”, aseveró.
El dirigente sindical explicó que en promedio el Poder Judicial debe pagar entre 500 y 600 mil pesos por la prima de antigüedad a cada jubilado, dependiendo del salario que percibían durante los 30 o más años de servicio. Esto representaría alrededor de 39 millones 600 mil pesos para sufragar el adeudo que se tiene con los 66 jubilados de base en el estado.
“Hay otro tema: que tampoco queremos que les paguen en abonitos. Que les paguen como debe de ser”, porque ha habido casos en que un trabajador aceptó que le pagaran mensualmente una cantidad “raquítica” y duraron casi dos años en pagarle el finiquito. “Hizo un convenio con tal de que le pagaran”, y yo no sé si el presidente se enteró.
Por la excesiva espera, ha habido jubilados que incluso han fallecido sin cobrar. “En Tijuana tuvimos uno de esos casos, al final se le paga a sus beneficiarios, pero no es justo que hayan trabajado tantos años sin que puedan disfrutar de esa prerrogativa”, añadió.
Uno de esos casos fue el del compañero Jorge Padilla, que lamentablemente falleció y el recurso se lo dieron a su hija.
SIN DINERO, SEGÚN TRIBUNAL
En entrevista con ZETA, Gómez Medina refirió reuniones con la Oficial Mayor del Poder Judicial, Rosaura Zamora; funcionaria que habría argüido falta de dinero para pagar el finiquito a los jubilados.
“Que estaban haciendo ahorros de diferentes partidas” para poder pagar, pero eso no se resuelve así. Desde hace dos años habían estado pagando, pero no ha sido suficiente, “porque lo hacen con ahorros, no con recursos adicionales” o con una partida específica, apuntó el dirigente sindical, quien adelantó la posibilidad de acudir a manifestarse afuera del Poder Judicial en Mexicali, de no encontrar más alternativa para que sean escuchados.
En 2025, el Poder Judicial ejercerá 1 mil 898 millones 763 mil 610 pesos, según el Presupuesto aprobado por el Congreso de Baja California y publicado en el Periódico Oficial. La mayor parte (1,627 mdp) está destinada a servicios personales; monto que por cierto es superior en 81.3 millones al asignado el año pasado.
De las 25 partidas en el Capítulo 10000 la de primas por años de servicio efectivos prestados en que se contemplan 5 millones 141 mil 765 pesos, tuvo un aumento de 42% comparado con el año pasado. Mientras que, la partida de pensiones y jubilaciones por convenio es por 800 mil pesos; sin cambios respecto a 2024.
Por otro lado, llama la atención el aumento presupuestal del 49% al sueldo tabulador al personal eventual. La instauración de 408 mil pesos al servicio social a estudiantes y profesionistas que no estaba contemplada en 2024. Así como el incremento de más de 18.5 millones en el concepto de compensación.
También figura la asignación de 28.4 millones para seguros de gastos médicos mayores y menores de magistrados, jueces y consejeros; monto superior en 2.6 millones al erogado el año pasado.
A propósito de las múltiples ampliaciones que el Congreso local le ha autorizado al Poder Judicial, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Alejandrina Corral Quintero, indicó que éstas han sido para crear más juzgados y para aumentar el sueldo a “actuarios, secretarios de acuerdos e incluso a los jueces, porque regularmente cuando se incrementaban los sueldos era a los magistrados y a los del Consejo de la Judicatura. Nunca llegaba a la base”.
Todo lo que se derive de las jubilaciones y pensiones tendrían que ser atendidas a través del gobierno y del ISSSTECALI, aseguró la legisladora.
FINIQUITOS, UNA BOLA DE NIEVE
Gómez Medina consideró que el impago de los finiquitos en el Poder Judicial está convirtiéndose en una “bola de nieve”, pues en abril pasado además de adeudarle a los 66 jubilados, el Tribunal debía el finiquito a 254 personas por terminación laboral en el estado, según los propios datos del Tribunal.
Corral Quintero, puntualizó que en el caso del personal administrativo que está sindicalizado el pago del finiquito es “tardío” y no lo están pagando como prestación adicional que tiene el trabajador a la jubilación “porque lamentablemente entra en el problema del ISSSTECALI” de que no hay dinero.
Con el “descrédito” que ha tenido la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda por la revocación de su visa estadounidense de no inmigrante, la anunciada reforma a la Ley del ISSSTECALI no será entregada al Congreso local, previó la legisladora blanquiazul.
Por otro lado, reveló que el impago de finiquitos a trabajadores de confianza es una problemática generalizada en la administración estatal en perjuicio de más de mil exempleados, que llevan años esperando esa prestación social.
Aunque Morena ha hecho diversas reformas laborales, éstas no han aplicado para quienes laboran en el gobierno del estado, los ayuntamientos y los organismos descentralizados. De ahí que, en aras de evitar que haya discriminación, Corral Quintero impulsa cambios en el Artículo 305 del Código Penal, para que “se garantice el pago oportuno de los trabajadores cuando esté concluyendo la relación laboral”, cuando el patrón sea el gobierno o los entes descentralizadas.
FRAGOZO QUIERE REPETIR EN SU PUESTO
A unos días de que se realicen las elecciones del 1 de junio para votar por 168 jueces y 23 magistraturas del Poder Judicial local -cuyo costo se estima en alrededor de 200 millones de pesos – el actual presidente Alejandro Isaac Fragozo López figura como candidato para repetir en el cargo, por el que actualmente percibe más de 119 mil pesos al mes.
Fragozo López y otros 14 magistrados en funciones tuvieron pase directo para convertirse en candidatos en la llamada reforma judicial, y mantenerse en el encargo. En sus últimas apariciones públicas, el presidente del Tribunal ha destacado las bondades de la reforma judicial y la implementación de la justicia oral en las materias civil y familiar.
Corral Quintero señaló que, el desaseo observado en la elección de jueces, magistrados y ministros a nivel federal se ha replicado en el ámbito local, donde sólo los palomeados por el Ejecutivo y el Comité de Elección resultarán favorecidos, por lo que “no es una contienda limpia para los verdaderos conocedores del Derecho”.
ZETA solicitó una entrevista para abordar la falta del pago del finiquito a los trabajadores del Poder Judicial, pero no fue concedida hasta el cierre de edición, 21 de mayo de 2025.
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