Jorge Romero Herrera, presidente electo del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), del Partido Acción Nacional (PAN), entregó, el 19 de mayo de 2025, una solicitud a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para que explicara si tenía información relacionada con el retiro de la visa, por parte del Gobierno de Estados Unidos, a Marina del Pilar Ávila Olmeda -gobernadora de Baja California, desde el 1 de noviembre de 2021 y militante de Morena-, y a su esposo, Carlos Torres Torres.
Además, el dirigente nacional panista, quien estuvo acompañado, entre otros de Lizbeth Mata Lozano -presidenta del Comité Ejecutivo Estatal del PAN y ex diputada federal por Ensenada- si tenía conocimiento de que el Gobierno de Estados Unidos -encabezado por el presidente Donald Trump-, presuntamente había elaborado una lista de políticos y funcionarios militantes de Morena, que tendrían nexos con el narcotráfico.
Asimismo, el también ex diputado federal demandó que la Cancillería precisara si existían investigaciones abiertas por parte de agencias estadounidenses como la Antidrogas (DEA) o el Buró Federal de Investigaciones (FBI), o de parte del Departamento del Tesoro (USDT) o el de Justicia (DOJ) -todos por sus siglas en inglés-, contra actores políticos mexicanos en funciones o retirados, y si tales investigaciones contemplaban mecanismos de cooperación judicial bilateral.
Según dijo Romero Herrera, durante una conferencia de prensa improvisada, afuera de la sede de la Cancillería, la Secretaría de Relaciones Exteriores tenía que aclarar si al esposo de la gobernadora bajacaliforniana le fue retirada su visa por el manejo de recursos de procedencia ilícita.
Además, durante una entrevista con el diario Reforma, tras haber entregado la solicitud a la SRE, el dirigente nacional panista comentó que el partido Morena permitía la especulación y, en este caso, relacionada con “el uso de recursos de procedencia ilícita”, que se le atribuía a Torres Torres.
“Solicitamos atentamente se nos informe, con base en el Derecho de Petición consagrado en el artículo 8º Constitucional, si esta Cancillería ha sido notificada oficialmente por el Gobierno estadounidense sobre los acontecimientos recientes antes referenciados”, expuso Romero Herrera, en su solicitud dirigida a la SRE.
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“Asimismo, requerimos una explicación detallada sobre la existencia de restricciones migratorias activas impuestas a funcionarios y ex funcionarios mexicanos en el marco de investigaciones por sus presuntos vínculos con el crimen organizado”, agregó el dirigente nacional del PAN.
“De igual manera, solicitamos se informe si existe una lista oficial de personas mexicanas vinculadas con actividades ilícitas en posesión del Gobierno estadounidense, y si dicha información ha sido compartida de manera institucional con el Gobierno de México”, insistió Romero Herrera.
“Demandamos se precise si existen investigaciones abiertas por parte de agencias como la DEA, el FBI, el Departamento del Tesoro o el Departamento de Justicia contra actores políticos mexicanos en funciones o retirados, y si tales investigaciones contemplan mecanismos de cooperación judicial bilateral”, enfatizó el dirigente nacional panista.
Además de Mata Lozano, Romero Herrera estuvo acompañado por el portavoz del CEN del PAN, Jorge Triana Tena; por el diputado federal Federico Döring Casar; y por la responsable del área internacional del Comité Ejecutivo Nacional panista, Mariana Gómez del Campo Gurza, quienes también exigieron que Ávila Olmeda renunciara la Presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) y que dejara de participar en las mesas de seguridad de su entidad.
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