Alfredo Rivas Aispuro fue policía en Baja California. En marzo del 2021 tomó posesión como diputado suplente del Partido Encuentro Social (PES) en la LXIII Legislatura, y dos días depués anunció su cambio a Morena. Ese mismo mes, en Tijuana, testificó ante la FGE acusando a Arturo González Cruz (Q.E.P.D.) de homicidio.
Hace unos meses, el 6 de noviembre del 2024, el cadáver torturado de Rivas fue localizado en Sinaloa. Nadie ha reclamado su cuerpo.
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Los antecedentes públicos de Rivas iniciaron entre julio y agosto de 2020, cuando en una reunión de seguridad en el cuartel militar en Tijuana, el entonces fiscal general de Baja California, Guillermo Ruiz Hernández, le advirtió a Jorge Alberto Ayón Monsalve, que era el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal en Tijuana, que sacara de las calles a Rivas Aispuro porque, sin nombramiento oficial, coordinaba el grupo de inteligencia, y estaba señalado de ejecutar robos de droga, levantones y detener delincuentes para entregarlos a sus competidores criminales.
Pero en marzo del 2021, esa mala reputación, conocida por el fiscal Ruiz, no afectó para que el mismo Alfredo Rivas fuera declarado como testigo en el pleito político del gobernador Jaime Bonilla contra el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, quien en ese momento estaba de licencia y era suplido por Karla Ruiz, la hija del fiscal.
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González y cuatro de sus colaboradores fueron acusados de homicidio después que, contrariando la voluntad de Bonilla, el presidente municipal con licencia intentó obtener la candidatura al Gobierno del Estado, al mismo tiempo que el mandatario estatal buscaba la estrategia legal para mantenerse en la silla.
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RECOMENDACIÓN CRIMINAL
La carpeta de investigación contra el alcalde y sus colaboradores se inició basada en las declaraciones de Alfredo Rivas Aispuro, quien dijo que “un tercero le comentó que, en el Club Campestre, González… había hablado de la muerte de Soto”, con su secretario de economía, Arturo Pérez Behr, frente a otros dos funcionarios, Alberto Ayón y Geibel Bolaños.
Se refería a Mariano Soto, administrador de una página de Facebook, quien había sido sentenciado por extorsión, y sobrevivido un ataque a balazos el 9 de septiembre del 2020, atentado que, en su declaración, acusó “al Cártel de Sinaloa, directamente culpo a René Arzate ‘La Rana’, al ‘Aquiles”. Un mes después fue asesinado a tiros el 4 de octubre del 2020, y la acusación contra el político se hizo en marzo del 2021.
Extraoficialmente, ZETA fue informado que la recomendación que recibió Bonilla de usar a Rivas contra González, la habia hecho el estadounidense César Eduardo Cortés, quien desde 2016 se había presentado e infiltrado con las autoridades de la Mesa de Seguridad de Baja California, como informante y agente encubierto del gobierno de Estados Unidos -ninguna autoridad norteamericana lo reconoció-, ligado al Cártel Arellano Félix. Este sujeto presumió antes agente del estado, haber sido “la pieza clave para judicializar un caso”.
Los dichos de Rivas fueron suficientes para que el Poder Judicial apoyara a Bonilla e iniciara un proceso judicial contra González, que no prosperó.
LA RECOMPENSA POLÍTICA
El que sí avanzó fue Rivas Aispuro, cuyo nombre habia sido incluido en 2018 como suplente del diputado federal electo por representación proporcional en la LXIII Legislatura, del Partido Encuentro Social (PES), Héctor René Cruz Aparicio, quien solicitó licencia el 5 de marzo del 2021 para coordinar la campaña rumbo a las elecciones de junio del mismo año.
Así, el controvertido ex policía se desempeñó como diputado suplente del 8 de marzo al 31 de mayo del mismo 2021. Pero a los dos días de haber tomado posesión, después de declarar contra González Cruz, anunció que dejaba el grupo del PES y se pasaba a la fracción de Morena.
De acuerdo a la página oficial del congreso, el expolicía tenía una licenciatura en Derecho y una maestría en Administración Pública, del Centro Universitario de España y México (CUEM), una institución educativa privada ubicada en Ciudad de México. Y su única propuesta en dos meses de gestión, fue reformar el artículo 28 de la Ley de amparo, para aumentar los requisitos para que proceda la suspensión.
DOBLE HOMICIDIO
Tras concluir la suplencia en el Congreso federal, no se supo más sobre el paradero del ex policía, hasta que su cuerpo fue identificado como víctima de muerte violenta en Sinaloa.
El 6 de noviembre del 2024, los cadáveres de dos hombres fueron encontrados en las inmediaciones al campo agrícola Florencia en la sindicatura de Costa Rica, en un camino de terracería; tenían huellas de tortura, estaban maniatados a la espalda y les dispararon en la cabeza.
Las autoridades los consideraron víctimas de la pugna encarnizada que desde julio del 2024 mantienen las facciones de Mayos y Chapos del Cártel de Sinaloa, en esa entidad.
Dos días después, los cuerpos fueron identificados como funcionarios de Baja California: Uno era Marco Daniel Íñiguez Arce, agente de la Fiscalía General de Baja California (FGE) adscrito a San Quintín. El 10 de junio del 2024 habia sobrevivido a un ataque directo a balazos frente a su casa. Meses antes de su muerte, se habia opuesto a que lo cambiaran de adscripción; tomó vacaciones, posteriormente pidió un permiso semestral sin goce de sueldo. Y después fue encontrado sin vida en Sinaloa.
El segundo era el jalisciense Alfredo Rivas Aispuro, que habia sido policía en Baja California, diputado suplente por el mismo estado, y testigo en el caso de homicidio, organizado por el ex gobernador Jaime Bonilla contra el ex alcalde Arturo González.
