Algunos proveedores del Ayuntamiento, notarios, jueces y médicos, son parte de los beneficiados con obra del presupuesto participativo 2025, el cual está plagado de dudas sobre el proceso de selección
Hace unas semanas, el autor de esta columna publicó un reportaje llamado “Transan con el presupuesto participativo”, donde se presentaban una serie de datos que exhibían que hubo una manipulación en el proceso de votación que favoreció, en su mayoría, a las comunidades ubicadas en la Zona Dorada de Mexicali.
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El punto del reportaje era mostrar que el Ayuntamiento de la Capital bajacaliforniana había validado decenas de miles de votos de la ciudadanía, vinculados al pago del impuesto predial, con el objetivo de definir las obras que la ciudadanía prioriza por encima de las demás.
La gran sorpresa es que el proyecto que resultó airoso fue la pavimentación de dos vialidades ubicadas en Privada Vista Hermosa, una comunidad de acceso restringido que -ahora corrijo- no tiene 300 viviendas, sino 165 predios debidamente definidos, según datos oficiales de Catastro Municipal.
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Esas obras obtuvieron los votos de más de 12 mil claves catastrales, lo que evidentemente es una irregularidad, pues habrían tenido 75 veces más votos de los que pudieran conseguir. Esto llamó la atención de la sociedad, pues incluso benefició a comunidades de la Zona Dorada, donde afirman tener nueve mil claves catastrales para su elección.
Tras una revisión de nombre por nombre alrededor de las dos calles que serán pavimentadas, logramos identificar que hay algunas personas de cargos públicos o proveedores del Ayuntamiento de Mexicali, que llaman la atención, quienes resultan ser los principales beneficiados de la rehabilitación de estas dos calles, que, dicho sea de paso, se encuentran en las mejores condiciones.
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Comenzando por el empresario de origen chino Zhou Zhaonian, el cual tiene su domicilio registrado en esta comunidad. El hombre es amigo de la alcaldesa Norma Alicia Bustamante y es el subarrendador del Museo Wok, conocido como el museo de la Comida China, un proyecto emprendido por la administración de la entonces alcaldesa, Marina del Pilar Ávila, pero que ahora es responsabilidad de Bustamante Martínez.
Otro de los destacados es Jorge Humberto Inzunza Ronquillo, ex jefe del departamento de Recursos Materiales, durante la gestión de la alcaldesa Norma Bustamante. Este ex funcionario también representaba a una empresa llamada Human Power Force, que ofrecía servicios de limpieza a la Secretaría de Salud.
La empresa fue considerada mediáticamente como una empresa “fantasma” y se cuestionó el servicio ofertado a la entonces Secretaría de Salud, en el año 2019. Luego de esta acusación, el representante legal de la empresa fue contratado por el Gobierno de Mexicali en 2021.
En esa misma calle también viven -en dos domicilios separados- Omar Eleazar Alvarado Pacheco y Nubia Jexana Blanco Gastélum, ambos vinculados a la empresa Boticas Griegas de México, una de las que fue exhibida en esta columna al formar parte de las licitaciones con “acordeón” del Gobierno Municipal.
El nombre de Nubia salió a relucir también en una supuesta compra de medicamento caducado, al cierre de la administración de Jaime Bonilla Valdez.
Una jueza local, Cenaida Tafolla; y un magistrado federal, José Encarnación Aguilar Moya, también residen en esa calle; dos médicos, incluyendo a José Arnoldo Murillo Murillo, que fue jefe de Servicios de Ortopedia y Traumatología.
También se benefició en esta obra a Aarón Alonso Aguilera Valencia, panista y ex funcionario del INAI, quien también trabajó durante la administración de Jaime Rafael Díaz Ochoa,
Así como a Juan Carlos Navarro Blando, notario adscrito de la Notaría 2; Zarina Ramírez Valle, ex consejera de DARE; María de Lourdes Baltazar Gómez, ex subsecretaria de Innovación y Modernización del Poder Ejecutivo; y Ana Karenina Aguilar Gudiño, la cual fue candidata a diputada suplente del PBC, durante el proceso electoral 2019, cuando perdieron el registro.
Ante todas las dudas, el síndico procurador, Óscar Vega Marín, comentó a este Semanario que hay garantías de que hubo un proceso transparente y claro; e incluso comentó que una revisión del INE demostraría que la elección fue justa.
Aunque no tenía datos ni información que pudiera explicar cómo se llevó a cabo la votación, el funcionario sólo dijo que la gente se organizó y que esto había motivado a la ciudadanía para elegir las obras para su beneficio.
Vega Marín no pudo dar datos ni mucho demostrar que se trató de un proceso transparente -pues no es su función, sino del Tesorero -pero aseguró era digno de reconocerse la participación que tuvo la ciudadanía.
Pese a que el tema ya fue expuesto, el Ayuntamiento de Mexicali sigue sin poder oficializarlo a través de una sesión de Cabildo. Sin embargo, ya han dicho que no le quieren mover ni una coma para beneficiar a las obras “ganadoras”.
