Por aparentar, presumir o evitar situaciones incómodas, para mejorar su imagen o parecer más competente, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, comunica mentiras, lo hace impunemente, y se le está convirtiendo en una muy mala costumbre.
Ejemplo, la primera semana del pasado abril aseguró públicamente que se había dado un aumento salarial a 60 trabajadores del área de autismo en el Centro de Rehabilitación Integral (CRI) Tijuana, pero el personal la desmintió.
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En septiembre de 2024, la mandataria afirmó, en una conferencia, que ella y la fiscal estaban atendiendo personalmente a la madre de Kaleb, un menor privado de la vida, pero Vanesa, la progenitora del joven, habló con ZETA y manifestó su indignación ante esa mentira.
También, de acuerdo a los dichos de Ávila, la inauguración de la primera etapa del Viaducto Elevado en Tijuana coincidiría con la celebración del Tianguis Turístico del 28 de abril al 1 de mayo, pero eso tampoco fue cierto.
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De la planta de tratamiento de agua de Rosarito, la mandataria declaró en diciembre de 2023 que estaría terminada en diciembre de 2024. En la conferencia del 17 de abril de 2025, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo: “entrará en operación en unos días”; y seguimos esperando.
El 14 de febrero pasado, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, informó que la Serie del Caribe 2025 había dejado una derrama 17 mil 400 millones de pesos. Fue refutada y corrigió 13 días después, que fueron alrededor de 700 millones de pesos; esta vez responsabilizó a sus funcionarios, a quienes aseguró, “les pregunté tres veces”.
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Antes, en diciembre de 2024, a través de la Ley de Ingresos, impuso la obligación fiscal de reemplacar vehículos públicos y privados con placas anteriores a 2021, a partir del 1 de julio de 2025.
Con más de 500 mil vehículos afectados, los ciudadanos manifestaron públicamente su oposición desde el pasado mes de enero, así que Ávila declaró inmediatamente que el cambio y pago no era “obligatorio”, sino “opcional”; y aseguró que emitiría un decreto para eliminar la mencionada carga. Pero han transcurrido cuatro meses y nueve días del presente año, sin el prometido decreto.
Además, para justificar su política recaudatoria, la mandataria inmiscuyó a las autoridades americanas, diciendo que el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el sistema SENTRI sugieren mantener las placas legibles, pero el gobierno de Estados Unidos no emitió ningún comunicado al respecto, y en el trámite solo exigen que la placa sea vigente.
“No más rezagos, no más deudas. Eso quedó en el pasado, porque para nuestro gobierno ustedes son la prioridad”, les dijo Ávila a los maestros el 15 de mayo de 2024 cuando anunció el pago de la deuda histórica de jubilaciones, y después los maestros debieron tomar de nuevo las calles por la falta de pago a interinos, de pagos completos, pagos pendientes de las vacaciones de invierno correspondientes al ciclo escolar 2024-2025, además los bonos de ajuste de calendario y retroactivos.
En otra del sector educativo, para resolver la falta de maestros el 30 de septiembre de 2024, doña Marina propuso: “Una vez iniciado el ciclo escolar, se tendrán dos semanas -al 2 de octubre del 2024-, para revisar en qué escuelas faltan maestros, ya sea por enfermedad u otras razones. El sistema educativo, junto con los sindicatos, identificará estas escuelas. Tras esas dos semanas, se realizará una reunión para revisar todas las escuelas y proceder a la reubicación. Al final, se debe acomodar a los maestros en las escuelas donde realmente se necesiten”, se comprometió.
En enero de 2025, padres de familia de la Escuela Secundaria General Número 31, en el fraccionamiento Delicias III, seguían reclamando la falta de maestros. Y el 5 de mayo, Jorge Álvaro Ochoa Orduño, ombudsman bajacaliforniano, le recordó al reportero Glenn Sánchez que el 3 de diciembre pasado la Comisión Estatal de los Derechos humanos debió hacer un exhorto para que fueran asignados docentes a siete escuelas, y a la fecha solo tienen la certeza de que tres fueron atendidas.
“Ya está abatido, ya ahorita hay suficiente y seguiremos invirtiendo siempre en salud en coordinación con el IMSS-Bienestar”, dijo la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, respecto a la adquisición de insumos y medicamentos por 76 millones de pesos en febrero; aseguró que terminaría el rezago en los Hospitales Generales de Baja California. En abril, aseveró que los hospitales de Baja California cuentan con más del 80% de insumos y medicamentos.
En abril, pacientes con cáncer del Hospital General de Tijuana denunciaron que no había medicamentos; el ex director del Hospital General de Ensenada, doctor Juan José Godínez, también reportó la falta de medicinas antes de ser despedido; el 1 de mayo, personal del sector salud aprovechó el desfile del Día del Trabajo para exponer la falta de insumos médicos; y el 5 de mayo, derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado reclamaron lo mismo, además de la falta de especialistas.
Tampoco hay que olvidar que unos días antes de tomar posesión, en noviembre de 2021, “la Góber” firmó un Acuerdo por la Transparencia contra la Corrupción, pero el 2022 dio la orden de ocultar, de reservar información.
Primero, los datos del contrato por mil 174 millones de pesos con la empresa Seguritech para la instalación de cámaras, la misma empresa con la que el ex gobernador Francisco Vega firmó un contrato leonino pagando 789 millones de pesos por equipo obsoleto y con sobreprecio; y después, las condiciones del convenio entre el gobierno y la empresa Next Energy para rescindir el irregular contrato de la planta fotovoltaica, que firmaron en la administración de Jaime Bonilla.
La mentira pública es el camino fácil y una vez expuesta exhibe falta de capacidad. Las peroratas de valores resultan absurdas, cuando se incumple con la honestidad. Le quedan tres años. Si la licenciada Ávila quiere el apoyo de sus gobernados, le convendría evitar perder la credibilidad.
