La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) -adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)- informó, el 27 de mayo de 2025, a la jueza Lisa Walsh, del Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida,que había llegado a un “acuerdo confidencial” con la familia Weinberg, empresarios señalados como prestanombres de Genaro García Luna -ex titular de la ahora extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP), durante el Gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012-, por lo que pidieron desechar la demanda por su supuesta participación en un esquema de contratación ilegal gubernamental en México.
“Las partes llegaron a un acuerdo el 28 de febrero de 2025. Este acuerdo requiere que las partes lleven a cabo ciertos procedimientos legales en México”, explicaron la UIF y la familia Weinberg, en un escrito conjunto presentado ante la jueza Walsh, quien, de aceptar la solicitud, sólo vigilaría el cumplimiento del “acuerdo confidencial”.
Publicidad
El escrito de la UIF y la familia Weinberg agregó que las audiencias ante un juez mexicano, necesarias para implementar el acuerdo, estaban agendadas para el lunes 26 y martes 27 de mayo de 2025, en las cuales los Weinberg acordarían convertirse en testigos colaboradores de la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de un criterio de oportunidad que les permitiría librar los cargos penales que enfrentaban, a cambio de pagar una reparación del daño.
Sin embargo, el diario publicó, el 26 de mayo de 2025, que Gregorio Salazar Hernández -juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México-, aplazó las comparecencias de Mauricio Samuel Weinberg López y su hijo Alexis Weinberg Pinto, así como de su socio Natan Wancier Taub.
Publicidad
La comparecencia de los empresarios se realizaría por videoconferencia desde el extranjero. Uno de ellos, Weinberg Pinto, lo haría desde Madrid, España, donde enfrentaba en libertad provisional su juicio de extradición a México.
Los tres empresarios tenían una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, por el caso del presunto desvío de 5 mil 112 millones de pesos del sistema penitenciario federal, a través de 10 contratos ilícitos a empresas relacionadas con García Luna.
Publicidad
Los Weinberg eran proveedores de equipos de seguridad que, durante los sexenios de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, recibieron contratos millonarios a través de empresas como ICIT Holding y Nunvav Inc.
La FGR los acusó de que esos contratos habrían sido adjudicados en forma ilegal y que los Weinberg habrían recibido información privilegiada de la SSP Federal al mando de García Luna, quien también vivió en dos residencias de lujo en Miami, propiedad de dichos empresarios.
Una de ellas era una mansión de 3.3 millones de dólares ubicada en Golden Beach y otra un penthouse de 2.3 mdd, en Aventura, Florida. Por su parte, Natan Wancier Taub, de nacionalidad colombiana, era el presidente de Nunvav, empresa constituida en Panamá, en la que supuestamente se habrían triangulado y lavado una parte importante de los más de 5 mil millones de pesos de la red de García Luna.
En tanto que el juicio en Florida estaba agendado por la jueza para que comenzara el 13 de enero de 2025, con duración de al menos tres semanas, pero ambas partes pidieron aplazarlo para el 28 de abril del mismo año, lo que Walsh concedió.
La jueza advirtió, el 28 de abril de 2025, que la lentitud del litigio podía traerle problemas, por cambios en las reglas de la Corte Suprema de Florida, que hacían difícil estar aplazando los juicios de manera indefinida.
“No concederé una nueva moción del Gobierno de México, si no actúa o si no aprueba [el acuerdo entre las partes], pueden tener la seguridad de que el caso se va a juzgar en la fecha agendada o se va a desechar, y no hay nada más que yo pueda hacer”, afirmó Walsh.
El litigio de la UIF contra los Weinberg se enfocó sobre 28 inmuebles ubicados en Florida, comprados por empresas “fantasma” que dichos empresarios crearon, de los que al menos 18 ya habían sido vendidos por más de 28 millones de dólares, 12 antes del inicio del proceso judicial y seis después.
El Gobierno de México había recuperado al menos 2.8 millones de dólares por la venta de un departamento y tres oficinas que estaban a nombre de una entidad de Linda Cristina Pereyra, esposa de García Luna, quien aceptó entregar los bienes, además de 330 mil dólares que pagó, en abril de 2025, José Francisco Niembro González, quien fue titular de la Subsecretaría de Tecnologías de la Información de la SSP.
“Las partes solicitaron a la Jueza Lisa Walsh la medida procesal de retiro voluntario de la demanda sin perjuicio, conforme a la cual, una vez que se resuelva la viabilidad del acuerdo será sometido a su jurisdicción para que lo haga cumplir y dicte la sentencia correspondiente; o bien, de no concretarse el acuerdo y dentro de un término de 30 días, el Estado Mexicano podrá presentar nuevamente la demanda ante el mismo tribunal para seguir el curso procesal del juicio hasta sentencia”, explicó la UIF, en un comunicado.
“Aún y cuando las partes han avanzado sustancialmente para concretar el acuerdo que permitirá al Estado Mexicano profundizar el conocimiento de la trama de corrupción investigada, además de la recuperación de bienes derivados de ésta, el mismo no pudo suscribirse antes de la fecha límite señalada”, expuso la Unidad de Inteligencia Financiera.
El 23 de mayo de 2025, durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, Pablo Gómez Álvarez, titular de la UIF, detalló cómo fue el proceso legal que se tomó contra García Luna y su esposa Pereyra Gálvez.
El funcionario federal aseguró que el Gobierno de México ganó el caso contra García Luna y su esposa, quienes deberían pagar una cantidad de 748 millones 829 mil 676 dólares. También comentó que al tener un indicio de los datos y cifras por contratos irregulares, procedieron ante una demanda en Florida, localidad donde se encontraba registrado el domicilio particular del ex titular de la SSP y Pereyra Gálvez.
“Debemos recordar que en el periodo de 2009 a 2018 se realizaron contratos en la Policía Federal en el [Centro de Investigación y Seguridad Nacional] CISEN y el Organismo de Prisiones, 30 contratos por una cantidad de 625 millones 188 mil dólares y 93 millones 866 mil pesos”, explicó el titular de la UIF.
Gómez Álvarez enfatizó que el Gobierno de México presentó dos demandas separadas en Florida, que tenían que ver entre sí, por medio de las empresas fachada utilizadas por García Luna y su esposa.
Según el funcionario federal, al no obtener una respuesta positiva por parte del ex funcionario federal y su esposa, las autoridades estadounidenses resolvieron el caso a favor de sus homólogos mexicanos y traspasaron las propiedades ahí registradas a los demandantes, en este caso el Gobierno mexicano.
Asimismo, Gómez Álvarez informó que primero se había demandado a García Luna por 250 millones de dólares, mismo pago que serviría para cubrir parte de los gastos conocidos por la corrupción del ex funcionario federal.
Posteriormente, según el titular de la UIF se presentó un reclamo contra Pereyra Gálvez, con una demanda de 580 millones de dólares, dinero que restaba del total del fraude y se conoció en investigaciones posteriores.
“La situación fue mejorando. Rosa Icela Rodríguez [Velázquez], jugó un papel importante como secretaria de Seguridad Pública (sic), abrió completamente todo y dio un aporte invaluable para el esclarecimiento de las operaciones que se hicieron dentro de la trama corrupta de Genaro García Luna”, subrayó el funcionario federal.
Según Gómez Álvarez, la sentencia de 748.8 millones de dólares que dictó la juez en Florida, se refería a tres veces los 250 mdd que fueron demandados por García Luna y los mil 740 mdd que le impuso como sentencia a Pereyra Gálvaez, era por los 580 millones de dólares que la UIF presentó contra ella.
“Hablamos de dineros distintos presentadas en momentos distintos con notificaciones diferentes y la sentencia que dicta la juez no es en contra de dos personas, se trata de cada persona en lo individual y de las empresas que eran propiedad de cada una”, abundó el titular de la UIF.
El funcionario federal mencionó que el proceso que seguiría sería una sentencia de la juez de Florida sobre las empresas que participaron en el esquema corrupto y que a pesar de que aún no se conocía cómo terminaría el litigio, preveía que se llegara a un arreglo con dichas compañías.
Según la información revelada durante la conferencia de prensa matutina presidencial, por parte de Gómez Álvarez, se tenía una lista de 15 empresas partícipes en el caso, algunas de estas involucradas en la trama corrupta de García Luna, entre ellas NUNVAV Inc; NUNVAV Technologies Inc; Nice Systems Ltd y Distribuidora GLAC.
Por último, el titular de la UIF destacó que se usaron mecanismos gubernamentales corruptos para su funcionamiento y añadió que parte del dinero obtenido de manera ilícita, terminó en uso de promociones a campañas políticas.
En su turno, Sheinbaum Pardo resaltó que un tribunal mexicano, no dijo cuál, a pesar de las pruebas, continuaba con amparos y apelaciones contra el Gobierno mexicano, ya que, según ella, defendía el hecho de descongelar las cuentas de los implicados y dejar que se utilizara ese dinero libremente.
“Desde 2021 se abrió el juicio, se dieron todas las pruebas, acaba de resolverse que todo ese dinero no era propiedad privada, sino pública, o sea corrupción. Después de que salió del gobierno seguía haciendo negocios con recursos públicos, esto no se trató en el juicio de García Luna, no permitieron que esa parte entrara, solo la parte cuando fue servidor público. Es un resultado muy importante, porque significa que había un ‘modus operandi’ con funcionarios del Gobierno de Calderón y Enrique Peña Nieto“, afirmó la presidenta.
La jueza Lisa Walsh, del Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, condenó, el 22 de mayo de 2025, a García Luna, y a su esposa, a pagar una multa de 748 millones de dólares y mil 740 mdd, respectivamente, por su supuesta participación en un esquema de contratación ilegal gubernamental en México.
