De acuerdo con el diputado federal de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, Gilberto Herrera Solórzano, en el país hay un déficit de 7 millones de familias que requieren vivienda. El municipio que encabeza la lista es Tijuana, seguido de Mexicali; en tercer lugar, Ciudad Juárez (Chihuahua) y, en cuarto, Ensenada, Baja California.
Publicidad
Es decir, tres de los municipios de Baja California encabezan la lista de ciudades con mayor necesidad de vivienda social, según indicó Gilberto Herrera durante la sesión de agremiados de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).
La proyección federal es construir más de 1 millón de viviendas sociales durante el sexenio de Claudia Sheinbaum, de las cuales corresponderían 50 mil 600 a Baja California: 35 mil para derechohabientes del IMSS o ISSSTE, y 15 mil 600 para no derechohabientes.
Publicidad
Mediante convenios de colaboración, intercambios, incentivos fiscales y donación de tierras, se pretende reducir los costos y apostar por la construcción en zonas céntricas, priorizando la edificación vertical.
Los precios previstos rondarían entre 600 mil y 700 mil pesos, con un promedio de alrededor de 500 dólares por metro cuadrado.
Publicidad
Los asistentes cuestionaron la viabilidad de mantener esos costos en la línea fronteriza, ante lo cual el presidente de la CMIC, Elmer Peña, estimó un sobrecosto del 30 % en la región que debería ser absorbido por el gobierno federal.
La convocatoria de registro se abriría entre mayo y junio para personas derechohabientes y no derechohabientes que no cuenten con vivienda propia. Incluiría requisitos tales como percibir un máximo de dos salarios mínimos, ser mayor de edad y no poseer un bien inmueble a su nombre.
Conavi realizaría las casas para los no derechohabientes, mientras que las destinadas a derechohabientes serían construidas por el Infonavit.
“Vamos a garantizar que sea vivienda lo más céntrica posible, que cuente con servicios y que sea accesible, porque el gobierno va a ser el encargado de construir esta vivienda y no va a tener un margen de utilidad. Las va a vender al costo que le salió construirlas”, aclaró Herrera.
Esta vivienda estaría enfocada en madres trabajadoras, adultos mayores, personas con discapacidad, personas de pueblos indígenas y jóvenes.
Además, el diputado compartió la iniciativa de “renta social”, una modalidad para jóvenes que abonaría la inversión en renta al costo de la propiedad si, después de un periodo de habitarla, desean adquirirla.
Por otro lado, la convocatoria para constructoras estará abierta hasta el 30 de mayo, por lo que se exhorta a las empresas locales a participar.
Los edificios estarían constituidos por cuatro pisos, con departamentos de 60 metros cuadrados, dos habitaciones, sala, comedor, cocina y baño completo, priorizando los primeros niveles para personas con discapacidad y adultos mayores.
El proyecto inicia con una meta de 8 mil viviendas en 2025 para todo el estado de Baja California: 6 mil de Infonavit y 2 mil por parte de Conavi. Concretamente, a Tijuana le corresponderían 25 mil casas y, según Herrera, ya se trabaja en 150 unidades en Rosarito.
Durante la sesión de la CMIC se abordaron también otros proyectos, como el Viaducto Elevado, la Garita Otay II, la Planta Tratadora de Agua San Antonio de los Buenos, e incluso la implementación de un Cablebús en la región para 2027, así como la especulación sobre un tren transpeninsular.
“La presidenta de México, en 2024 cuando hizo campaña, se comprometió para la frontera de Tijuana en la construcción de una línea de cablebús”, indicó, explicando que la implementación se justificaría por los alrededor de 2 millones de habitantes registrados por el INEGI en Tijuana, sin contar la población flotante.
