La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió, el 30 de mayo de 2025, indagar el presunto uso de estructuras gubernamentales para la distribución de acordeones y la organización de acarreos vinculados a la elección judicial.
Sin embargo, durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, la titular del Poder Ejecutivo Federal consideró que no existían pruebas suficientes de ello.
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“Pero no, ¿dónde dicen que hay estructuras? O sea, ¿dónde está la prueba de que hay estructuras gubernamentales? […] Si hay alguna denuncia de que algún funcionario o servidor público está utilizando algún recurso, pues hay instancias, está el INE, está el Tribunal. Por supuesto que no estamos de acuerdo con que se utilicen recursos públicos para ello, pero no hay ninguna demostración. Vi un video que una chica decía que le pagaban para repartir unos papelitos”, recordó Sheinbaum Pardo.
“Pero bueno, si hay pruebas, que se presente la denuncia. Obviamente nosotros siempre hemos, bueno, nunca hemos estado a favor, por decirlo de otra manera, de que se usen recursos públicos y que se vote libremente”, dijo la mandataria nacional.
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El mismo día, luego de que el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) admitiera su denuncia contra la reforma judicial, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) exigió suspender en forma inmediata la elección del domingo 1 de junio del mismo año, debido a que se confirmaba que existían indicios graves de violaciones a sus derechos fundamentales.
“JUFED hace un llamado enérgico y firme al Estado mexicano a: suspender de inmediato el proceso de elecciones judiciales, en tanto se sustancia el caso ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Cumplir con las medidas provisionales solicitadas por el Comité, garantizando la protección efectiva de las y los juzgadores”, indicó la Asociación, en un comunicado.
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“La admisión del caso por parte del Comité de Derechos Humanos de la ONU confirma que existen indicios graves y fundados de violaciones a los derechos humanos de las y los juzgadores mexicanos, así como una profunda afectación a la independencia judicial, piedra angular del Estado democrático de derecho”, expresó la JUFED, que presentó su denuncia, junto al Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESODH).
Según lo explicó la Asociación, el Comité de DD. HH. de la ONU había solicitado al Estado mexicano la adopción de medidas de protección a favor de los impartidores de justicia, a fin de evitar cualquier forma de intimidación o represalia por su cooperación con el sistema internacional de derechos humanos.
“Esta solicitud implica un reconocimiento internacional de que el actual contexto pone en riesgo inminente a quienes integran el Poder Judicial mexicano […] La comunidad nacional e internacional está observando. Continuar con este proceso, ignorando las recomendaciones de los órganos internacionales, constituiría una violación flagrante a las obligaciones internacionales asumidas por México”, agregó la JUFED.
Asimismo, para la Asociación, la admisión de la denuncia por parte de la ONU representaba un paso fundamental para la defensa del Estado de Derecho en las instancias internacionales, además de que abría un proceso de vigilancia y escrutinio sobre las condiciones que imperaban en México, en materia de garantías judiciales y respeto a los principios democráticos.
“Esta decisión marca un precedente histórico y refuerza nuestro compromiso con la defensa de la justicia independiente como pilar insustituible del orden constitucional […] El Comité de Derechos Humanos ha solicitado además a JUFED el envío periódico de informes sobre la situación que prevalece en el país respecto de los derechos de los jueces y de la autonomía judicial”, insistió la Asociación.
Un día antes, la JUFED anunció que denunciaría ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el acarreo, la compra de votos y los “acordeones” que presuntamente distribuía Morena para la elección judicial del domingo 1 de junio de 2025.
La juez federal Juana Fuentes Velázquez, directora de la JUFED, tuvo, el 29 de mayo de 2025, un encuentro con la misión de observadores electorales de la Organización de Estados Americanos (OEA), a quienes advirtió de la estrategia de estos prelistados para votar.
“Durante el encuentro, la Directora Nacional de JUFED expuso con contundencia las múltiples irregularidades que acompañan a este proceso, entre ellas, la utilización de los llamados ‘acordeones’: una estrategia sistemáticamente maquinada por Morena, en complicidad con el gobierno federal y otros estatales, para manipular y comprar el voto de personas, con el fin de imponer como juzgadores a personas afines a sus intereses, pervirtiendo la esencia del Poder Judicial”, informó la Asociación, en un comunicado.
“Asimismo, Fuentes Velázquez informó que JUFED presentará ante la CIDH un expediente con el conjunto de irregularidades observadas, incluyendo los ‘acordeones’, el acarreo y la compra de votos, como parte de su estrategia de defensa internacional frente a la vulneración de los derechos de los juzgadores y la demolición institucional del sistema democrático mexicano”, abundó la Asociación.
La juzgadora federal reiteró que esta operación del régimen constituía una maniobra para cooptar al Poder Judicial, disfrazada bajo la simulación de una supuesta “democratización” del sistema de justicia.
“En realidad, se trata de desmantelar al único poder que hoy actúa como contrapeso efectivo frente al Ejecutivo”, dijo Fuentes Velázquez, quien también agregó que esta situación ponía en grave riesgo los derechos humanos de los mexicanos, eliminaba la certidumbre jurídica y representaba un daño irreversible a la democracia del país.
Según la JUFED, la delegación de la OEA mostró un especial interés en casos específicos y conductas sistemáticas aparentemente irregulares relacionadas con la elección judicial, sin embargo, se reservó hacer públicos esos casos, “por seguridad de la misión”.
El mismo día, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a ciudadanos, funcionarios, partidos y diferentes actores políticos que cancelaran de inmediato la elaboración y distribución de los acordeones con los que se indicaba por cuáles candidatos votar en la elección de integrantes del Poder Judicial.
Por unanimidad, los consejeros electorales resolvieron emitir una medida cautelar de tipo inhibitorio, por advertir no sólo posibles conductas ilegales, sino también antidemocráticas. El resolutivo inicial ordenaba en general a “sujetos de derecho” a que se abstuvieran de elaborar y difundir los acordeones, tanto en la veda electoral, como durante la votación del domingo 1 de junio de 2025, al considerarse propaganda ilegal.
Dicha orden se amplió a personas físicas y morales, servidores públicos, partidos políticos o terceros. Los consejeros electorales advirtieron que la distribución masiva de los acordeones ya prefiguraba el delito electoral de coacción del voto, mismo que se agravaba por la posible participación de servidores públicos.
“Este Consejo General considera, bajo la apariencia del buen derecho, que resulta necesario el dictado de una medida cautelar de tipo inhibitoria, por advertirse la presunta comisión de posibles conductas antijurídicas cuya continuación o repetición debe evitarse en el futuro, a fin de que no se transgredan de modo irreparable los derechos y principios constitucionales que deben garantizarse y observarse en todo tiempo, máxime que se encuentra el periodo de veda electoral y por celebrarse la jornada electoral […] Particularmente, evitar la vulneración del derecho a la libertad del sufragio y los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad”, indicó el acuerdo del INE.
