El Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social (PRS) trasladó, el 30 de abril de 2025, a José Luis Abarca Velázquez -presidente municipal de Iguala de la Indepedencia, del 1 de octubre de 2012 al 4 de octubre de 2014-, del el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1, “El Altiplano”, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, al CEFERESO Número 18, en Ramos Arizpe, Coahuila.
Según lo informó el diario Reforma, el 19 de mayo de 2025, el traslado del ex alcalde de Iguala fue dado a conocer por el Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, a Raquel Ivette Duarte Cedillo, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con Residencia en Toluca.
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Esta fue la primera vez que el ex militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se le trasladó a otra prisión, desde que fue detenido, junto a su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, el 5 de noviembre de 2014, en la Ciudad de México.
El ex alcalde había presentado un amparo ante Duarte Cedillo contra las autoridades de El Altiplano, por supuestamente no proporcionarle atención médica especializada en gastroenterología, cirugía vascular, nefrología, nutrición, psiquiatría, odontología, oncología, endocrinología, medicina interna y traumatología. Sin embargo, debido a su traslado al CEFERESO de Coahuila, la juzgadora federal desechó o sobreseyó la demanda Abarca Velázquez.
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“Por tanto, la reparación del actuar omisivo de la autoridad responsable,no se han concretado en la esfera jurídica del (quejoso), ni se concretarán, en virtud de la modificación de su entorno jurídico, derivado de su traslado del CEFERESO Número Uno ‘Altiplano’, al CEFERESO Número 18, “CPS Coahuila”, ejecutado el 30 de abril de 2025″, acordó la juez federal, al desechar el amparo del ex alcalde de Iguala de la Independencia.
“En tal virtud, lo que procede es decretar el sobreseimiento con apoyo en lo dispuesto en la fracción V del artículo 63, en relación a la fracción XXII, del artículo 61, ambas de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado a las autoridades responsables”, detalló Duarte Cedillo.
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La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero informó, la noche del 7 de abril de 2025, que obtuvo de un juez, una sentencia condenatoria de 20 años de prisión, contra Abarca Velázquez, por el delito de homicidio calificado, de quien fuera el síndico durante su Administración, Justino Carvajal Salgado, ocurrido el 8 de marzo del 2013, un total de 12 años atrás.
El ex alcalde ya contaba con una sentencia de 92 años y seis meses de prisión por el secuestro agravado de seis activistas del Movimiento Campesino Unidad Popular (UP), entre ellos su dirigente Arturo Hernández Cardona, quien, según el testimonio de uno de los sobrevivientes, fue asesinado personalmente por Abarca Velázquez, el 30 de mayo de 2013.
El ex presidente municipal fue detenido en noviembre de 2014, junto a su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, en una casa de la entonces delegación Iztapalapa, en la Ciudad de México. Había escapado de una orden de captura en su contra por su presunta responsabilidad en los ataques contra los 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el 26 y 27 de septiembre de 2014.
No obstante, el Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, absolvió, el 29 de mayo de 2023, a Abarca Velázquez y a Felipe Flores Velázquez, ex alcalde y ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Municipal de Iguala, respectivamente, de la privación ilegal de la libertad de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sentencia definitiva y que no podría apelar la Fiscalía General de la República (FGR).
Asimismo, dentro de la causa penal 66/2015, el magistrado Juan Manuel Rodríguez Gámez, del citado Tribunal Federal, confirmó la sentencia dictada en 2019 por el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas y exoneró a 18 elementos de la SSP Municipal, todos ellos acusados de delincuencia organizada, en su modalidad de delitos contra la salud y delincuencia organizada, en su modalidad de secuestro agravado.
Las 18 personas absueltas fueron: Alejandro Andrade de la Cruz; Arturo Calvario Villalba; Baltazar Martínez Casarrubias; Emilio Torres Quezada; Fausto Bruno Heredia; Hugo Salgado Vences; José Vicencio Flores; Juan Luis Hidalgo Pérez; Marco Antonio Ramírez Urval; Mario Cervantes Contreras; Miguel Ángel Hernández Morales; Nicolás Delgado Arellano; Oswaldo Arturo Vázquez Castillo; Raúl Cisneros García; Rubén Aldaín Marín; Salvador Herrera Román; Zulay Marino Rodríguez; Juan Armando Hurtado Hernández y/o Iván Hurtado Hernández.
En el expediente judicial notificado a las partes por el citado Tribunal Federal, el 30 de mayo de 2023, se mencionó que algunos de los involucrados exonerados fueron detenidos ilegalmente por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), por la supuesta privación ilegal de la libertad de los normalistas, ocurrida el 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.
Sin embargo, Abarca Velázquez continuó preso -en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1, “El Altiplano”, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México- por otros procesos por lavado de dinero y delincuencia organizada, por sus presuntos vínculos con la organización criminal Guerreros Unidos, señalada como la responsable de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Abarca Velázquez fue alcalde de Iguala hasta octubre de 2014, mes en que el Congreso local lo separó del cargo tras un Juicio de Procedencia, después de los ataques del 26 y 27 de septiembre de ese mismo año, donde desaparecieron 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos.
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