El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) propuso, el 6 de mayo de 2025, rechazar la cancelación de la candidatura a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de César Mario Gutiérrez Priego, por presuntamente no cumplir con el requisito de buena reputación.
El 30 de abril de 2025, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Consejo General del INE responder la petición del ex sargento Ricardo Alejandro Vázquez, de cancelar el registro del abogado, de 49 años de edad.
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El ex militar afirmó que el aspirante a ministro del máximo tribunal constitucional revictimizó a víctimas de abuso sexual, además de tener una carrera dudosa. Sin embargo, en el acuerdo que votará el Consejo General del INE, se advirtió que dicho órgano constitucional autónomo no estuvo a cargo de revisar la idoneidad de los candidatos, sino los tres poderes de la Unión, por lo que estaría impedido para cancelar candidaturas.
“En relación a los planteamientos relacionados con el incumplimiento del requisito de buena reputación del candidato denunciado, así como la veracidad y autenticidad de los documentos que presentó en la etapa de convocatoria y postulación, es importante señalarle que ésta correspondió a los comités de los poderes de la Unión, realizar dicha examinación y revisión”, se indicó en el acuerdo que votaría el Consejo General del órgano constitucional autónomo, el 7 de mayo de 2025.
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“Este Instituto no cuenta con atribuciones para que en segunda instancia, revoque o cancele la postulación realizada por algún poder de la Unión, ya que es un acto legal y válidamente emitido. […] Tampoco existe disposición normativa que permita al INE, subsanar o corregir los actos de autoridad que no le son propios, ya que dicha competencia es de los Órganos Jurisdiccionales en la materia, modificar, confirmar o revocar las determinaciones emitidas por alguna autoridad del Estado Mexicano”, insistió el Instituto Nacional Electoral.
El órgano constitucional autónomo argumentó que no pasaba desapercibido que el denunciante realizaba manifestaciones respecto a posibles hechos ilícitos relacionados con abuso de índole sexual. Por ello, le aclaró que podía acudir ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), para presentar la denuncia correspondiente.
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió, el 1 de mayo de 2025, investigar los supuestos nexos de Ernesto Zedillo Ponce de León -que gobernó México desde el 1 de diciembre de 1994 hasta el 30 de noviembre de 2000-, y de su esposa, Nilda Patricia Velasco Núñez, con el extinto Cártel de Colima, liderado por los hermanos Amezcua Contreras, también conocidos como “Los Reyes de las Metanfetaminas”.
Un día antes, Gutiérrez Priego, candidato a ministro de la SCJN, acusó al ex titular del Poder Ejecutivo Federal y a la ex primera dama nacional, de tener vínculos con la delincuencia organizada, en específico con miembros del extinto Cártel de Colima.
Nilda Patricia Velasco Núñez es originaria del municipio de Cuauhtémoc, en el estado de Colima, de donde también nacieron los hermanos Contreras Amezcua, llamados “Los Reyes de las Metanfetaminas”. Estudió en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), en donde conoció a su esposo. Se convirtió en primera dama cuando Zedillo Ponce de León, asumió la Presidencia de la República. Fue titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
El abogado afirmó tener en su poder grabaciones de audio que, según él, probarían sus acusaciones. De hecho, publicó una, en su cuenta de la red social X, donde se escuchaba la voz de una mujer, que atribuyó a Nilda Patricia Velasco Núñez, conversando con supuestos miembros del extinto Cártel de los Contreras Amezcua.
“Los audios de los #NarcoZedillo. Estas son las llamadas telefónicas que mi padre grabó mientras investigaba el Cártel de Colima de los Amezcua Contreras. Mi padre descubrió que Nilda Patricia Velasco, esposa de Ernesto Zedillo, tenía relaciones y negocios con el crimen organizado. Cuando intentó informar sobre esto, Zedillo, quien era presidente de México, ordenó detenerlo e inventarle delitos”, acusó el litigante.
“Les comparto 1 de 11 casetes que datan desde 1996 y que evidencian el esquema de corrupción de la entonces familia presidencial. Si algo me llega a pasar a mí o a mi familia, responsabilizo a Ernesto Zedillo Ponce de León”, dijo el candidato a la SCJN.
En la primera llamada del audio publicado, cuya autenticidad fue verificada, se escuchaba una supuesta conversación entre una voz femenina y una persona identificada como José de Jesús Amezcua Contreras, del Cártel de Colima, en la cual se mencionaron transacciones y negocios, aunque el contexto y la claridad de las referencias eran ambiguos.
En la segunda llamada se nombra a un tal “Paco”, que en el audio se presume sería el conductor de televisión y locutor de radio, Francisco Jorge Stanley Albaitero -asesinado el 7 de junio de 1999, en la Ciudad de México-, y un sujeto de apodo “Checo”, en una conversación entre un presunto narcotraficante y Amezcua Contreras. Sin embargo, no se escuchaba la voz de un interlocutor.
En la tercera grabación difundida por Gutierrez Priego, se oía a un presunto narcotraficante acompañado de una mujer que, según el candidato del máximo tribunal constitucional, sería la ex primera dama nacional.
El abogado es hijo de José de Jesús Gutiérrez Rebollo, un general de división del Ejército Mexicano y que en 1996 fue nombrado como jefe del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD), dependiente de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR), que en ese entonces estaba subordinada al Gobierno de Zedillo Ponce de León.
Sin embargo, tras ser investigado en 1997, por la aparición de una supuesta grabación entre Gutiérrez Rebollo y Amado Carrillo Fuentes, alias “El Señor de los Cielos”, líder del Cártel de Juárez -en la que presuntamente el general discutía los pagos que el capo sinaloense debía realizarle, a cambio de ignorar la utilización de aviones de su propiedad para el transporte de droga-, el llamado “zar anti narcotráfico” fue detenido, acusado de soborno, de obstrucción a la justicia y de facilitar el transporte de cocaína.
Gutiérrez Rebollo fue condenado a 31 años, 10 meses y 15 días de prisión, por el uso ilegal de armas restringidas al Ejército. Luego, en 2007, fue condenado por un tribunal federal a una nueva pena de prisión de otros cuarenta años, y una multa de 24 millones 716 mil 829 pesos, por su presunta colaboración con Carrillo Fuentes.
El general murió de cáncer cerebral en el Hospital Central Militar de la Ciudad de México el 19 de diciembre de 2013, mientras cumplía su condena de 40 años de prisión, que antes de su internamiento purgaba en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1, “El Altiplano”, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México.
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