El juez William Thomas, del Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, condenó, el 22 de mayo de 2025, a Genaro García Luna -ex titular de la ahora extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP), durante el Gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012-, y a su esposa, Linda Cristina Pereyra, a pagar una multa de 748 millones de dólares y mil 740 mdd, respectivamente, por su supuesta participación en un esquema de contratación ilegal gubernamental en México.
La condena fue derivada de los procesos de reivindicación patrimonial que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), interpuso ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, para recuperar bienes del Gobierno de México, supuestamente producto de los delitos cometidos por García Luna y sus familiares.
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La UIF informó, el 5 de octubre de 2023, que, un día antes, la jueza Lisa Walsh, del Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, ordenó la entrega de 2 millones 524 mil 50 dólares -alrededor de 44 millones de pesos mexicanos-, al Gobierno de México, procedentes de la venta de inmuebles que fueron adquiridos en dicho entidad de, Estados Unidos, por García Luna y su esposa, con dinero “procedente de la trama corrupta organizada por ambos”.
Ello tras la demanda civil de reivindicación patrimonial, que la UIF presentó el 21 de septiembre de 2021, ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, en contra de Genaro García Luna y su esposa, con el fin de recuperar recursos “defraudados” al Gobierno mexicano.
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A través de un comunicado, la UIF destacó que el 4 de octubre 2023, Walsh ordenó la entrega de los bienes de la empresa Delta Integrator, reclamados por el Gobierno de México, al acreditarse por la parte mexicana, que los demandados incurrieron en una falta, al omitir concurrir al juicio.
Además, la jueza ordenó trasladar al Gobierno de México, en un plazo máximo de 10 días, a través de los abogados del mismo, los bienes de dicha empresa, que ascendían a 1 millón 968 mil 250 dólares con veinticinco centavos, por tres inmuebles ya liquidados y, además, otro departamento ubicado en Miami, Florida, con un precio aproximado de 555 mil 800 dólares, que aún no había sido liquidado.
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“En total, la jueza ha ordenado la entrega a México de USD 2,524,050.00 (dos millones quinientos veinticuatro mil 50 dólares), unos 44 millones de pesos mexicanos, procedentes de la venta de inmuebles que fueron adquiridos en Florida, EE. UU. por García Luna y Linda Cristina Pereyra con dinero procedente de la trama corrupta organizada por ambos contra el gobierno de México”, señaló la UIF, en un comunicado.
La UIF destacó, además, que esta era la primera recuperación de activos en Florida, producto “de actos de corrupción de la banda que organizó García Luna y que operó durante más de 10 años, durante los sexenios de Vicente Fox [Quesada], Felipe [de Jesús] Calderón [Hinojosa] y Enrique Peña Nieto”.
Por último, la institución dependiente de la SHCP señaló que los recursos repatriados serían destinados de conformidad con las leyes vigentes, en beneficio de la ciudadanía mexicana. Asimismo, explicó que el juicio civil en el que el Gobierno de México reclamaba más de 700 millones de dólares, por 19 propiedades ubicadas en Florida, no había terminado aún y continuaría hasta su culminación.
La Unidad de Inteligencia Financiera pretendía obtener 700 millones de dólares de dinero que supuestamente García Luna habría obtenido ilícitamente, a través de una “compleja red”, que le permitió lavar fondos “robados”.
El caso quedó suspendido el 1 de noviembre de 2022, a la espera de que se decidiera respecto a la procedencia o no de la impugnación. Sin embargo, un juez de Miami, y ahora la Corte de Apelaciones del Tercer Distrito de Florida, determinaron que la razón asistía al gobierno mexicano, por lo que el proceso podría continuar y en determinado momento llegar a juicio.
“El Gobierno mexicano presentó una demanda civil, el 21 de septiembre de 2021, ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, para la recuperación de los activos adquiridos con los recursos extraídos del erario mexicano y ubicados en ese estado norteamericano, con la intención de resarcir el daño generado al Estado mexicano. El proceso civil es independiente al juicio penal al que está sujeto García Luna en Brooklyn, Nueva York”, recordó la UIF, el 1 de marzo de 2023.
La Corte de Circuito de Miami Dade reprogramó para el 3 de noviembre del 2021, la audiencia para el caso donde se enfrentará la UIF, y otras instituciones mexicanas contra García Luna y más de 40 entidades físicas y morales, incluida la esposa del ex funcionario federal mexicano.
García Luna era acusado por la institución que depende de la SCHP, de haber robado al menos 250 millones de dólares durante los seis años que duró el Gobierno de Peña Nieto, así como establecer una red de lavado de dinero para comprar automóviles de lujo, bienes raíces y crear empresas para transferir el dinero a Barbados y EE .UU.
La demanda radicada en la Corte de Circuito de Miami Dade -y que sería presidida por el juez William Thomas-, fue presentada el 21 de septiembre del 2021, por los abogados Carlos A. Acevedo, Kevin A. Malone y Kelley B. Stewart, litigantes contratados por el Gobierno mexicano.
Acevedo, Malone y Stewart enviaron decenas de misivas a cada alguacil del estado de Florida, donde residía la mayoría de los acusados y se hallaban establecidas las entidades demandadas, para que entregaran los citatorios a los implicados, algunos de los cuales se les hacía un reclamo respecto a una propiedad.
El 21 de septiembre del 2021, la UIF acusó a García Luna, de haber robado al menos 250 millones de dólares durante los seis años que duró el Gobierno de Peña Nieto y establecer una red de lavado de dinero para comprar automóviles de lujo, bienes raíces y crear empresas para transferir el dinero a Barbados y EE. UU.
La demanda de carácter civil fue presentada por la institución mexicana dependiente de la SHCP, en el Onceavo Distrito Judicial de Miami, en Florida, en la cual se destacaba que “tiene derecho al establecimiento de un fideicomiso implícito que consiste en bienes inmuebles que los demandados compraron con fondos robados del Gobierno de México y cualquier beneficio derivado de los fondos mal habidos”.
“Por lo tanto, el demandante, los Estados Unidos Mexicanos, exige un juicio contra cada demandante para la devolución, restitución, transferencia de las ganancias mal habidas de cualquier bien inmueble comprado con ellos, y por los costos de esta acción y cualquier otra reparación adicional como la Corte lo juzgará justo y apropiado”, señala la denuncia civil.
La UIF detallaba que dichos actos fueron cometidos entre el 2012 y el 2018, destacando que García Luna comenzó a crear una compleja red, similar a una “empresa” de lavado de dinero, desde que asumió la Secretaría de Seguridad Pública en el Gobierno de Calderón Hinojosa, y que “desde su posición de inmenso poder controlaba muchos aspectos de la seguridad del país”.
La demanda señalaba que García Luna recibió un total de 74 millones de dólares en contratos con la Secretaría de Gobernación (SEGOB)-, que fueron producto de sobornos, manipulaciones, ofertas o corrupción, pero que en total, los recursos obtenidos de forma ilegal suman al menos 250 millones de dólares, con un esquema para “ocultar los fondos robados en numerosos activos ubicados principalmente en Florida”.
La UIF acusó a ocho personas físicas: Genaro García Luna y su esposa, Pereyra Gálvez, así como a un grupo de empresarios señalados como socios, presuntos prestanombres y co conspiradores del ex funcionario federal: Mauricio Weinberg López, Jonathan Weinberg Pinto, Sylvia Punto de Winberg y Natan Wancier Taub. Así como José Francisco Niembro González, quien fue subsecretario de Tecnologías de la Información de la SSP, y a su cónyuge, Martha Nieto Guerrero.
Además, 39 compañías y propiedades, 47 personas físicas y morales implicadas, fueron señaladas en la demanda por el Gobierno mexicano, quienes funcionaban como una “empresa” de lavado de dinero, en la que cada participante tenía un rol y tarea específica.
“García Luna armó una extensa red de socios comerciales que posteriormente utilizó para obtener contratos ilegales de diversas entidades y agencias de la República Mexicana por cientos de millones de dólares durante su mandato en el cargo, así como después de dejar su oficina”, insistió la UIF.
Asimismo, según la institución dependiente de la SHCP, el ex funcionario federal y sus socios lavaron y retiraron el dinero de los contratos ilegales fuera de México, fuera del alcance de las autoridades mexicanas. “Orquestó la creación de una compleja red de múltiples entidades para comprar y mantener múltiples parcelas de bienes raíces y otros activos, incluidos numerosos automóviles de lujo y de colección”, detalla la denuncia.
La UIF explicó que su denuncia, se basó en que el ex titular de la SSP durante la Administración de Calderón Hinojosa “ocultó fondos robados del Gobierno de México y obstaculizó su recuperación por blanquear ganancias mediante la transferencia de los fondos robados, fuera de México a cuentas bancarias en Barbados, Estados Unidos y otros lugares”.
“Actos que se cometieron mientras estaban en Miami […] Con lo que pudo adquirir, controlar y mantener una gran y sofisticada empresa de lavado de dinero, principalmente a través de la compra y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles ubicados en Florida”, agregó la demanda de la Unidad de Inteligencia Financiera, de 131 páginas.
La UIF destacó que dicha “empresa” de lavado de dinero, ideada y liderada por García Luna, transfirió 160.7 millones de dólares a Barbados en 2015; 12.9 millones de dólares en 2019 a Panamá, a través de la empresa Nunvav, propiedad de los Weinberg y Wancier, que sirvió como conducto principal para los fondos tomados ilegalmente de México.
Según la institución dependiente de la SHCP, García Luna también adquirió vehículos de lujo como Lamborghini, Ferrari y Rolls Royce. Además, subrayó que en los últimos dos años, ya preso en Nueva York, el ex funcionario federal mexicano vendió propiedades por más de 17 millones de dólares. Mientras que en otros casos, se seguían beneficiando de rentas, intereses.
García Luna fue trasladado, el 19 de diciembre de 2024, a la Penitenciaría Lee de Estados Unidos (USP Lee, por sus siglas en inglés), una prisión federal de alta seguridad para reclusos varones, ubicada en el Parque Industrial del Condado de Lee, en el suroeste del estado de Virginia.
Dicha cárcel es operada por la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés), una división del Departamento de Justicia de EE. UU. y tiene una población de alrededor de mil 482 internos. La instalación penitenciaria también tiene un campo de prisioneros satélite adyacente, que alberga a delincuentes varones de mínima seguridad.
Según una ficha de la página web del BOP estadounidense, García Luna tiene el número de registro, 59745-177, además de que tiene 56 años de edad, es de raza blanca y sexo masculino. También indica que sería liberado el 8 de agosto de 2052.
García Luna fue trasladado, el 12 de diciembre de 2024, al Centro Federal de Transferencia (FTC, por sus siglas en inglés), una prisión federal de Estados Unidos para reclusos masculinos y femeninos, ubicada en el número 7410 del boulevard MacArthur, en la Ciudad de Oklahoma City, en el estado homónimo.
El ex funcionario federal mexicano estaba recluido en el Centro Correccional Metropolitano, Nueva York (MCC New York, por sus siglas en inglés), desde que fue detenido el 9 de diciembre de 2019, en Dallas, Texas.
García Luna fue condenado, el 16 de octubre de 2024, por Brian M. Cogan, juez de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, a 38.8 años de prisión (466 meses), así como al pago una multa de 2 millones de dólares, “por su colaboración durante una década con el Cártel de Sinaloa, a cambio de millones de dólares en sobornos”.
César de Castro, abogado del ex funcionario federal mexicano, presentó, el 18 de octubre de 2024, una apelación a la sentencia dictada, dos días antes, por Cogan.
“Por la presente se notifica que Genaro García Luna apelará la sentencia ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos. Entró en esta acción el 18 de octubre”, dice el documento firmado por el litigante, difundido el 30 de octubre de 2024, a través de las diversas redes sociales.
“Tras un juicio de cuatro semanas en febrero de 2023, García Luna fue declarado culpable por un jurado de participar en una empresa delictiva continua, conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspiración para distribuir y poseer con la intención de distribuir cocaína, conspiración para importar cocaína y hacer declaraciones falsas”, indicó, el 16 de octubre de 2024, el Departamento de Justicia de EE. UU., en un comunicado.
“Hoy fue un día muy importante para nosotros, es un paso necesario para nuestra apelación. Todos sabemos que presentamos mociones con nueva evidencia. No estamos de acuerdo con la decisión del juez en torno a la nueva evidencia, misma que será gran parte de nuestra impugnación. La presentaremos 14 días después de que la sentencia sea admitida por la Corte”, dijo De Castro, a representantes de diversos medios, tras la audiencia de sentencia de su cliente. El abogado expresó su inconformidad con la declaración final de Cogan, quien afirmó que García Luna llevaba una “doble vida”.
El juez neoyorquino argumentó que el ex funcionario federal mexicano llevaba una doble vida, una de ellas como criminal, además de que lo comparó con Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, cofundador del Cártel de Sinaloa.
“Usted tiene una doble vida. Usted vestirá muy elegante. Usted podrá decir que respeta la ley. Y seguro lo cree. Pero su conducta es la misma que la del Chapo […] Hay personas que pueden vestir muy bien. Tener muy buenos modales. Pero eso no implica que al mismo tiempo sean capaces de hacer cosas horribles”, comentó Cogan.
“Usted dice aquí que tiene más de 30 premios. Algunos dicen que fue Policía del Año. Pero señor. Esto no hace más que confirmar que esa es solo una de sus dos vidas. Es su cortina de humo. Es lo que aprovechó para facilitar todos los otros crímenes horribles”, abundó el juez.
“Usted dice que respeta la ley. Estoy seguro que si le pongo el polígrafo enfrente usted lo va a pasar. Porque usted mismo se ha creído su historia. Pero es una de sus dos caras. La otra, la responsable de los delitos, sí existe”, dijo Cogan, quien, sin embargo, reconoció al ex funcionario federal mexicano, por su buena conducta, al dar clases en el Centro Correccional Metropolitano de Brooklyn (MCC, por sus siglas en inglés). “Quiero otorgar algo de luz al final del túnel”, expresó el juez, momentos antes de dictar la sentencia.
En respuesta, De Castro sostuvo que García Luna sólo estaba viviendo una vida, “y esa estuvo dedicada al servicio público […] Respetamos inmensamente al juez Cogan, pero no coincidimos con su creencia de que Genaro García Luna estaba viviendo una vida doble; estaba viviendo sólo una”. El abogado defensor del ex funcionario federal mexicano también afirmó que su cliente “no es la persona que los testigos del Cártel [de Sinaloa] describen”.
“Soy un agente de seguridad, soy un oficial de la ley y respeto la ley, por favor juez, permítame regresar lo más pronto posible con mi familia”, dijo García Luna a Cogan, al final de la audiencia de sentencia, según lo narraron algunos periodistas que estuvieron presentes en la misma.
¿QUIÉN ES GENARO GARCÍA LUNA?
Genaro García Luna, de 56 años de edad, nació en la Ciudad de México, el 10 de julio de 1968. Es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Realizó una especialización en Formación y Especialización en Seguridad Pública, en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). En 2004 concluyó un diplomado en Planeación Estratégica, por la Facultad de Contaduría y Administración, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Comenzó su carrera como funcionario público, desde 1989, en el ahora extinto CISEN, durante la Administración de Carlos Salinas de Gortari. En 1999 se incorporó a la Policía Federal Preventiva (PFP), creada ese mismo año.
La PFP se integró por la Policía Federal de Caminos, una brigada militar de la Armada de México y elementos formados en el CISEN, los cuales se incorporaron a la Coordinación de Inteligencia para la Prevención, encabezada por García Luna.
En diciembre de 2000, aún como Coordinador de Inteligencia para la Prevención de la PFP, García Luna recibió la invitación de una convocatoria restringida, para un concurso de oposición, para reestructurar la Policía Judicial Federal (PJF).
El concurso se realizó en varias etapas, entrevistas y la presentación de un proyecto. Finalmente, el entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Rafael Macedo de la Concha, lo nombró como Director de Planeación y Operación de la PJF.
El 1 de septiembre de 2001, durante el Primer Informe de Gobierno del entonces presidente Vicente Fox Quesada, ordenó la creación de la Agencia Federal de Investigación (AFI), y nombró a García Luna como su titular.
El 1 diciembre de 2006, al inicio de la Administración del entonces presidente Felipe Calderón, García Luna asumió el cargo como titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal. Presentó la Estrategia Integral de Prevención al Delito y Combate a la Delincuencia, el 7 de marzo de 2007.
En junio de 2009, con la puesta en marcha del Nuevo Modelo de Policía, se inauguró oficialmente la Policía Federal. Ese mismo año se creó Plataforma México, una red nacional de interconexión entre municipios, estados y la Federación, que transportaba voz, datos e imagen en tiempo real y permitía conformar el Sistema Único de Información Criminal (SUIC).
Asimismo, para impulsar el desarrollo institucional; garantizar la estabilidad laboral e igualdad de oportunidades; elevar la profesionalización y fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia, se puso en marcha el Sistema Integral de Desarrollo Profesional (SIDEPOL).
Otras acciones llevadas a cabo durante la gestión de García Luna al frente de la SSP, fue la creación, en diciembre de 2008, del Servicio de Protección Federal. Estuvo al frente de dicho cargo hasta el 30 de noviembre de 2012, durante el último día del Gobierno de Calderón Hinojosa. Hasta 2018 se desempeñó como director de GLAC Consulting, empresa dedicada a la consultoría en temas de seguridad, política y economía.
El ex titular de la SSP mexicana permanecía detenido en el Centro Correccional Metropolitano de Brooklyn (MCC, por sus siglas en inglés), desde que fue arrestado el 4 de diciembre de 2019, en Dallas, Texas.
Fue declarado culpable, el 21 de febrero de 2023, de cinco cargos, que incluyeron conspiración internacional para la distribución de cocaína, delincuencia organizada y una declaración falsa ante la autoridad migratoria de Estados Unidos, luego de un juicio que comenzó el 3 de enero de 2020, que llevó a cabo en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, presidido por el juez Brian M. Cogan.
Fue condenado, el 16 de octubre de 2024, por Brian M. Cogan, juez de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, a 38.8 años de prisión (466 meses), así como al pago una multa de 2 millones de dólares, “por su colaboración durante una década con el Cártel de Sinaloa, a cambio de millones de dólares en sobornos”.
Fue trasladado, el 19 de diciembre de 2024, a la Penitenciaría Lee de Estados Unidos (USP Lee, por sus siglas en inglés), una prisión federal de alta seguridad para reclusos varones, ubicada en el Parque Industrial del Condado de Lee, en el suroeste del estado de Virginia.
Según una ficha publicada en la página web de la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés), García Luna tenía el número de registro, 59745-177, 56 años de edad, es de raza blanca y sexo masculino. También indica que sería liberado el 8 de agosto de 2052.
Fue trasladado, el 12 de diciembre de 2024, al Centro Federal de Transferencia (FTC, por sus siglas en inglés), una prisión federal de Estados Unidos para reclusos masculinos y femeninos, ubicada en el número 7410 del boulevard MacArthur, en la Ciudad de Oklahoma City, en el estado homónimo.
El ex funcionario federal mexicano estaba recluido en el Centro Correccional Metropolitano, Nueva York (MCC New York, por sus siglas en inglés), desde que fue detenido el 9 de diciembre de 2019, en Dallas, Texas.
