Lo que ocurrirá este 1 de junio en Baja California no es una elección. Es la culminación de un fraude institucional orquestado desde los tres Poderes del Estado, con la complicidad de quienes debieron oponerse y eligieron callar. Como abogado y defensor del Estado de Derecho, me cuesta incluso llamarlo “voto”. No es una expresión libre de la ciudadanía, sino la imposición de lo que más conviene a una pandilla enquistada en el poder, no a la voluntad popular.
El mecanismo de candidaturas comunes para designar magistrados y jueces es una imposición disfrazada de democracia. Los ciudadanos no elegirán perfiles con trayectoria ni independencia, sino que ratificarán en bloque una lista de 53 personas seleccionadas sin transparencia. Aunque se permitieron postulaciones independientes -incluso desde la ciudadanía y el Poder Judicial- el proceso fue desigual, sin condiciones reales de equidad. Hay notas periodísticas que revelan reuniones donde se instruyó a aspirantes oficiales a recabar listas de votantes por sección electoral, bajo presión, para aparentar legitimidad ciudadana. Incluso se ha denunciado el uso indebido de espacios universitarios para campañas internas, comprometiendo la neutralidad de instituciones que deben formar con ética a los profesionistas del futuro.
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Más grave aún que los operadores del fraude ha sido el silencio de quienes debieron alzar la voz. ¿Dónde están los colegios de abogados, las facultades de Derecho, los litigantes? ¿Por qué tantos optaron por la indiferencia? ¿Y por qué otros, peor aún, participaron activamente en esta farsa?
Los “notables” encargados de validar perfiles cedieron ante la presión o al interés personal. Su prestigio académico no sirvió para defender la justicia ni la dignidad de la profesión. Enseñaron que el mérito no importa si se está cerca del poder. Qué mensaje tan lamentable para sus estudiantes, colegas y familias.
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Indigna escuchar a algunos candidatos hablar de justicia cuando su nominación obedece a vínculos políticos, familiares o de conveniencia. Su incompetencia no podrá ocultarse por mucho tiempo: serán sus subalternos quienes hagan el trabajo, mientras litigantes y personal evidencian sus carencias. Pronto saldrán a la luz conflictos de interés, tráfico de influencias, denuncias e incluso antecedentes penales que los “notables” prefirieron ignorar.
Aun así, reconozco a los pocos abogados y abogadas -dentro y fuera del Poder Judicial-que sí alzaron la voz, documentaron y denunciaron las irregularidades. Su dignidad nos recuerda que no todo está perdido. También comprendo a quienes, por necesidad, miedo o desconocimiento, permanecieron en el proceso. No comparto su decisión, pero sé que el sistema también ahoga.
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Entiendo que es difícil mantenerse al margen cuando se tiene una relación personal o profesional con algún candidato, o cuando existen compromisos previos. Pero no nos convirtamos en parte del problema. Apoyar por lealtad no puede estar por encima de la integridad del sistema judicial. Participar, incluso desde el silencio, también deja huella.
A la ciudadanía: no se confundan. El mejor abogado no será quien conozca a los nuevos jueces ni a quienes los impusieron, sino quien defienda sus intereses con ética y respeto al debido proceso. Esa es la verdadera defensa digna. No permitamos que el oportunismo suplante a la legalidad.
Esto no es un hecho aislado. Está en juego la legitimidad del sistema judicial. Por ello, propongo la creación de un observatorio ciudadano judicial para evaluar desempeño, detectar conflictos de interés y vigilar la evolución patrimonial de los nuevos jueces. Las universidades también deben asumir su papel y recuperar con seriedad la enseñanza ética del Derecho.
La historia pondrá a cada quien en su sitio. Llegará el día en que ciertos jueces sean recusados por sus vínculos indebidos. Esa mancha será imborrable. Las nuevas generaciones sabrán quiénes defendieron la justicia… y quiénes la traicionaron. No merecíamos este retroceso. El sistema puede mejorar, pero no así. No con simulaciones ni sometimiento. Necesitamos reglas legítimas y procesos verdaderamente independientes.
Aún hay tiempo para recuperar algo de integridad. Quienes participan en esta farsa aún pueden renunciar. El sistema se va a recuperar. No podrán matarlo. Y será el mismo Poder Judicial el que, más adelante, juzgue a quienes hoy lo traicionaron.
Esto fue un fraude. Y quienes lo organizaron, permitieron o aprovecharon, serán recordados como parte del cártel judicial. También lo serán -por acción, omisión, miedo o interés- quienes validaron esta simulación.
A mis colegas y a la ciudadanía: no sean cómplices. Cuestionen, denuncien, exijan. No es solo una elección. Es la dignidad del sistema de impartición de justicia lo que está en juego.
Guillermo E. Rivera Millán es director general del despacho De la Peña y Rivera S.C.
Fundador de Justicia que Transforma México A.C.
