Agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la Fiscalía General de la República (FGR) -junto con elementos de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Defensa Nacional (DEFENSA), Marina (SEMAR) y Guardia Nacional (GN)-, cumplimentaron una orden de aprehensión, alrededor de las 08:00 horas del 14 de mayo de 2025, contra Lambertina Galeana Marín, ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Guerrero, durante la Administración de Ángel Heladio Aguirre Rivero, quien renunció a la titularidad del Poder Ejecutivo estatal, el 26 de octubre de 2014.
La detención de la ex funcionaria judicial, de 79 años de edad, se llevó a cabo en su domicilio particular, ubicado entre las calles Abasolo y la SCT, de la colonia Ruffo Figueroa, en el centro de Chilpancingo de los Bravo, por los delitos de desaparición forzada de personas y delitos cometidos contra la administración de justicia por un servidor público, relacionados con la presunta destrucción de evidencia del caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, desaparecidos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, en el municipio de Iguala de la Independencia.
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Una hora después, y con la ayuda de una ambulancia de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil estatal, trasladaron a la ex presidenta del TSJ guerrerense, quien padece problemas de salud, derivados de diabetes e hipertensión. Según denunciaron familiares de la ex funcionaria judicial, citados por el diario local El Sur, los agentes federales ingresaron con violencia al domicilio particular de Galeana Marín, derribando una puerta y rompiendo el cristal de una ventana.
En el Registro Nacional de Detenciones (RND) se describió a la ex funcionaria judicial estatal, como una “mujer de la tercera edad, tez morena, complexión delgada, cabello entrecano con tinte castaño”, que al momento de su captura, vestía pantalón de color negro y blusa de manga larga floreada.
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“Mediante labores de investigación de gabinete y campo realizadas en el municipio de Chilpancingo, se tuvo conocimiento de un domicilio ubicado en la calle Abasolo, en la colonia Ruffo Figueroa, donde se resguardaba una ex funcionaría pública estatal, que contaba con una orden de aprehensión, por lo que se recabaron datos de prueba suficientes que fueron entregados a un Juez de Control, quien otorgó una orden de cateo para intervenir el inmueble”, indicó el Gobierno Federal, en un comunicado conjunto.
“Por lo anterior, se realizó un despliegue operativo y se intervino el inmueble, donde fue detenida Lambertina ‘N’, ex funcionaria pública vinculada a los eventos ocurridos en Ayotzinapa en 2014. A la mujer se le informó el motivo de su detención, sus derechos de ley y fue puesta a disposición de la autoridad que la requiere, quien dará seguimiento a las investigaciones y determinará su situación jurídica”, detalló el Gobierno de México.
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“Resultado de las líneas de investigación se tuvo conocimiento que esta persona está relacionada con la desaparición de las grabaciones de cámaras de video colocadas en las instalaciones del Palacio de Justicia de Iguala, Guerrero, donde ocurrieron los hechos en septiembre de 2014. Con esta acción, las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar en forma coordinada para esclarecer casos relevantes y aplicar la justicia en el país”, finalizó el Gobierno Federal.
La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) aseguró en un informe, emitido en agosto del 2022, que la entonces magistrada ordenó la destrucción de videos de la noche del 26 de septiembre del 2014, cuando desaparecieron a los 43 normalistas, captados por las seis cámaras de seguridad, colocadas en el exterior del edificio del Palacio de Justicia de Iguala de la Independencia, argumentando que las imágenes “no eran claras, por problemas técnicos”.
Según la COVAJ, además, en 2014, Galeana Marín tenía a su cargo a Javier Uribe Iturbe empleado en el área de informática del TSJ guerrerense, así como a Luis Europa Solís Jiménez, técnico en mantenimiento y soporte de cómputo del citado Tribunal estatal, adscrito al Distrito judicial de Hidalgo, en Iguala de la Independencia, Guerrero.
La Comisión afirmó que en dichas imágenes se observaba el momento en que un grupo de policías municipales de Huitzuco y de Iguala, así como agentes estatales y de la ahora extinta Policía Federal (PF), además de miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, bajan de un autobús a 20 normalistas de Ayotzinapa, quienes al igual que otros 23 estudiantes de la misma institución educativa, continúan desaparecidos hasta la fecha
En septiembre de 2022, tras la renuncia de Omar Gómez Trejo, como titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), adscrita a la FGR, se filtró la información de que la Fiscalía General de la República había solicitado a un juez la cancelación de las órdenes de aprehensión contra el grupo de militares, Galeana Marín, Iñaky Blanco Cabrera y de Leonardo Octavio Vázquez Pérez, estos dos últimos ex titulares de la ahora extinta Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Guerrero y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, respectivamente.
El 19 de agosto de 2022, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal del Estado de México, con sede en Toluca de Lerdo, ordenó la aprehensión de Galeana Marín por delitos contra la administración de la justicia y desaparición forzada. La ex presidenta del TSJ de Guerrero y los técnicos en sistemas Luis Europa Solís Jiménez y Javier Uribe Iturbe, fueron acusados de la pérdida o posible ocultamiento de los videos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala de la Independencia, correspondientes a la noche del 26 de septiembre de 2014 y las primeras horas del día siguiente.
El TSJ guerrerense informó, en aquel entonces, que los videos habían sido entregados el 24 de julio de 2015 a la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), de la Fiscalía General de la República, pero dichos materiales audiovisuales no aparecieron en el expediente y la FGR consideró que su ocultamiento contribuyó a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
La orden de aprehensión contra Galeana Marín fue librada en la misma causa penal en la que se instruyeron las capturas de 16 militares, así como contra Blanco Cabrera y Vázquez Pérez, estos últimos por el delito de delincuencia organizada. Sin embargo, el 13 de septiembre de 2022, la FGR le pidió al Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales del Estado de México, con sede en Toluca de Lerdo, cancelar las órdenes de aprehensión contra los soldados y los ex funcionarios estatales.
En junio de 2023, después de protestas y críticas de las víctimas, la FGR pidió al Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales del Estado de México, con sede en Toluca de Lerdo, reactivar las órdenes de captura contra los militares, por lo que la mayoría de ellos fueron capturados y procesados. Sin embargo, según lo aseveró el diario Reforma, la Fiscalía aún no había precisado si también reactivaron la orden de captura contra Galeana Marín en la misma causa penal o se pidió su aprehensión en otra instancia judicial.
Galeana Marín fue presidenta del Tribunal Superior de Justicia guerrerense, a partir de 2013, luego que su antecesor, Jesús Martínez Garnelo, solicitó licencia para ocupar la titularidad de la Secretaría General de Gobierno estatal, en la Administración encabezada por Aguirre Rivero.
La mujer dejó la Presidencia del Poder Judicial estatal en noviembre de 2015 y actualmente es magistrada en retiro, percibiendo su salario como si estuviera en activo, que es un beneficio que contemplaba la anterior la Ley Orgánica de este órgano judicial, explicó el diario Reforma.
El 22 de enero de 2024, el Gobierno Federal anunció que pediría a la FGR que, de ser posible, se solicitaran, al Poder Judicial de la Federación (PJF), nuevas órdenes de aprehensión en contra contra 8 militares por el delito de desaparición forzada de personas, por el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, mismos que obtuvieron su libertad condicional el día sábado 20 del mismo mes y año.
“Se va a solicitar a la FGR que, de ser procedente, se otorguen nuevas órdenes de aprehensión y se agoten todas las líneas de investigación […] Vamos a pedir a la Fiscalía solicite la revisión de las medidas cautelares, tomando en cuenta los factores de riesgo y los elementos probatorios que llevaron a la misma jueza a otorgar la prisión preventiva justificada desde el 15 de agosto del año pasado, pero que el mismo Tribunal colegiado ignoró y dejó sin efectos”, anunció, ese mismo día, Luisa María Alcalde Luján, entonces titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).
A través de un comunicado, la funcionaria federal acusó al PJF de tomar decisiones con base en criterios políticos, para dejar en la ciudadanía la percepción de que el Poder Ejecutivo Federal protegía al Ejército en las investigaciones respecto a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“No nos extraña la posición del Poder Judicial de la Federación en el caso Ayotzinapa. Dentro de sus prioridades nunca ha estado hacer justicia, ni encontrar la verdad. Por el contrario, se ha dedicado a obstaculizar y entorpecer el desarrollo del proceso”, aseveró Alcalde Luján.
“Ordenan poner en libertad a ocho militares señalados de haber participado, con la deliberada intención de favorecer la hipótesis de que el Gobierno protege al Ejército, seguir socavando el prestigio de una de las instituciones más importantes del Estado y perjudicar el compromiso del presidente [Andrés Manuel López Obrador] de conocer la verdad y llegar al fondo de los hechos. Todo ello, por razones estrictamente políticas”, insistió la entonces titular de la SEGOB.
Asimismo, la funcionaria federal denunció que el PJF utilizó “pretextos procedimentales y tecnicismos”, sin ponderar los derechos de las víctimas. También recordó que, en años anteriores, los jueces habían liberado a 62 implicados en los hechos, con el argumento de que fueron torturados, pero sin castigar a los presuntos torturadores, como es el caso del ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio.
“También intentaron dejar en libertad al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, a través del cambio de sus medidas cautelares, lo cual se impidió gracias al trabajo coordinado entre la Fiscalía y otras dependencias del Gobierno […] El daño que se ha hecho es inconmensurable. Con estas decisiones el Poder Judicial mina los cimientos de la verdadera procuración de justicia”, insistió la entonces titular de la SEGOB.
El 22 de enero de 2024, el entonces presidente López Obrador encabezó una reunión privada con Félix Arturo Medina Padilla, titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), y con Rosendo Gómez Piedra, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), de la Fiscalía General de la República.
El 20 de enero de 2024, Raquel Ivette Duarte Cedillo, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales del Estado de México, con sede en Toluca de Lerdo, determinó que ocho militares llevaran en libertad su proceso por el delito de desaparición forzada.
La juzgadora federal fijó el pago de una garantía de 50 mil pesos y ordenó su presentación ante la Unidad de Medidas Cautelares los días 1 y 16 de cada mes, así como la entrega del pasaporte y la prohibición de salir del país.
En respuesta, la FGR informó que iniciaría un procedimiento contra la jueza federal y contra los magistrados Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio, a quienes acusa de conceder ventajas indebidas y desconocer resoluciones de jueces para los miembros de las Fuerzas Armadas acusados.
Duarte Cedillo consideró que habían cambiado las condiciones por las que el 26 de junio de 2023, les habían dictado la prisión preventiva oficiosa y que ya no existía el riesgo de que alguno de los imputados pudiera darse a la fuga.
La titular del Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales del Estado de México, con sede en Toluca, dictó formal prisión, el 26 de junio de 2023, contra 8 militares por el delito de desaparición forzada de personas, por el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa,
Ante ello, los integrantes del 27 Batallón de Infantería, ubicado en Iguala de la Independencia, Guerrero, permanecerían internados en la prisión militar del Campo Militar Número 1, en la Ciudad de México mientras se instruía el juicio.
“El Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales ubicado en Toluca, decretó auto de formal prisión en contra de los ocho militares detenidos por el delito de desaparición forzada de los 43 normalistas de #Ayotzinapa”, indicó Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, entonces titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), en su cuenta de la red social Twitter.
Los soldados procesados fueron Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz.
La titular del Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales del Estado de México, con sede en Toluca, giró, el 13 de junio de 2023, órdenes de aprehensión contra 16 militares presuntamente implicados en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, nueve meses después de que la FGR había pedido cancelarlas.
Sin embargo, sólo 8 militares se entregaron a la institución de procuración de justicia y el resto continúan prófugos. La acusación se basa en los dichos del testigo protegido “Juan”, quien afirma que los soldados los los Batallones 27 y 41 de Infantería, a varios de ellos los refiere sólo con un apellido, estaban en la nómina del grupo criminal Guerreros Unidos, presunto responsable de la desaparición de los estudiantes, la noche del 26 de septiembre de 2014.
El 22 de junio de 2023, durante una audiencia de más de 12 horas, los ocho militares se reservaron el derecho a rendir su declaración preparatoria, ante la jueza federal Duarte Cedillo. Además, pidieron duplicar de 72 a 144 horas el término legal para que les definieran su situación jurídica.
La misma titular del Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales del Estado de México, con sede en Toluca, giró, el 13 de junio de 2023, órdenes de aprehensión contra 16 militares presuntamente implicados en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, nueve meses después de que la Fiscalía General de la República había pedido cancelarlas.
Entre los militares está el coronel Rafael Hernández Nieto, ex comandante del 41 Batallón de Infantería, ubicado en la ciudad de Iguala, Guerrero, por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada.
En la lista de soldados con orden de aprehensión están Omar Torres Marquillo, Uri Yashiel Reyes Lazos, Gustavo Rodríguez de la Cruz, Juan Sotelo Díaz, Santiago Muñoz Pilo, Francisco Narváez Pérez y Ramiro Manzanares Sanabria.
También Eloy Estrada Díaz, Juan Andrés Flores Lagunes, Oscar Cruz Román, Ezequiel Carrera Rifas, Joel Gálvez Santos, Felipe González Cano, Roberto de los Santos Eduviges y Enrique Martínez Chávez, todos ellos integrantes de los Batallones 27 y 41 de Infantería, ubicados en Iguala, Guerrero. Así como José Ulises Bernabé García, el juez de barandilla de Iguala que estaba en funciones la noche en que desaparecieron los estudiantes, quien huyó a Estados Unidos, donde solicitó asilo político.
El 14 de septiembre de 2022, antes del octavo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y, sin consultar a Omar Gómez Trejo, entonces titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, de la FGR, agentes del Ministerio Público Federal se desistieron de 21 de las 83 órdenes de aprehensión libradas el 19 de agosto del 2022 contra presuntos implicados en dicho caso, una decisión que favoreció a 16 miembros del Ejército.
Asimismo, se cancelaron las órdenes de aprehensión que un juez libró contra el titular de la ahora extinta Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera; así como al ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la misma entidad, Leonardo Octavio Vázquez Pérez; y, contra la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia guerrerense, Lambertina Galeana Marín.
No obstante los militares que quedaron con órdenes de aprehensión fueron: el general Brigadier José Rodríguez Pérez, por el presunto delito de delincuencia organizada. Asimismo, el capitán José Martínez Crespo, el sargento de Primera Infantería, Eduardo Mota Esquivel, y, el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa, por los probables delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada, quienes ya estaban presos en el Campo Militar Número 1, en la Ciudad de México.
