El peligro de la falsa interlocución en una historia de arbitraria conducta gubernamental que ha permitido el Impuesto sobre Nómina más caro de México y la eliminación del FIDEM.
En un contexto donde la incertidumbre económica y la presión fiscal y patronal aumentan, la reciente decisión del gobierno de Baja California de elevar el Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal (ISRTP) al 4.25% es un acto de arbitrariedad que pone en jaque la competitividad de nuestras empresas y el sustento de miles de familias, especialmente de las pequeñas y medianas empresas (PYMES). Este incremento del 236% respecto a la tasa anterior del 1.80% no es solo un número; es un golpe directo a la operación de los negocios y a la dignidad empresarial que todos debemos defender con firmeza.
Publicidad
Durante los últimos tres años, hemos sido testigos del desmantelamiento normativo fiscal en perjuicio de los contribuyentes. Este proceso, que hemos permitido por nuestra inacción, ha socavado el estado de derecho y debilitado la unidad empresarial, sumiendo a muchos en un estado de incertidumbre. La eliminación del Fideicomiso Empresarial de Baja California (FIDEM) ha intensificado esta crisis. Aunque la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda asegura que los fondos se redirigirán a necesidades sociales y educativas, esta promesa no se traduce en un verdadero compromiso con el sector empresarial, que ha sido clave para sostener la estabilidad económica de nuestra región.
La fallida interlocución del secretario de Hacienda y del secretario de Economía ha contribuido a esta situación, al limitarse a contener la agenda empresarial durante los primeros tres años de este gobierno. Esto ha llevado a que muchos en nuestro sector, especialmente en las PYMES, se sientan ignorados y desinformados sobre cómo se están manejando nuestras inquietudes y cómo se utilizan los insuficientes recursos destinados al desarrollo económico. Es fundamental que solicitemos nuevos interlocutores dispuestos a escuchar y trabajar verdaderamente en beneficio del empresariado.
Publicidad
La eliminación de las sobretasas para educación y seguridad plantea serias dudas sobre la transparencia en el manejo de los recursos. Si se hubieran mantenido estas sobretasas, para el ejercicio 2025 el gobierno tendría proyectado recaudar más de 3,428 millones de pesos por concepto de sobretasa a la educación superior (1.20%) y 3,571 millones de pesos por concepto de sobretasa a la seguridad pública e infraestructura (1.25%). En contraste, el monto que se pretende eliminar del FIDEM y etiquetar para infraestructura educativa, de 180 millones de pesos, es irrisorio y evidencia la falta de un plan efectivo que responda a las verdaderas necesidades de la comunidad.
La falta de rendición de cuentas sobre la recaudación del ISRTP es inaceptable. Esta incertidumbre exige nuestra atención urgente. Es crucial que se realicen ajustes a los gastos superfluos del gobierno, que incluyen excesos en comunicación, viajes, viáticos y seguridad para funcionarios. Mientras nosotros luchamos por mantener nuestras empresas, muchos en el gobierno parecen desconectados de la realidad que enfrentamos.
Publicidad
Ante este panorama, los empresarios debemos actuar. Es vital dirigirnos a la presidenta de México, a secretarios de estado y a líderes empresariales nacionales, y si fuera necesario, ante organismos internacionales. Debemos alzar la voz y exigir que se evalúe cómo la conducta fiscal del gobierno estatal impacta negativamente nuestros negocios y planes de desarrollo. En caso de que se publique la reforma, es esencial que se pongan a disposición de los empresarios, especialmente de las pequeñas empresas, herramientas legales que les permitan defenderse y exigir sus derechos. Es imperativo que apoyemos a las PYMES si queremos más formalidad y crecimiento en nuestra economía. Además, es fundamental que nos comuniquemos con nuestros colaboradores y la comunidad para que comprendan cómo estas decisiones afectan no solo a las empresas, sino también a sus empleos y bienestar.
Más allá de que se exija se reduzca la supertasa del ISRTP, propongo que el impuesto de los más de 12,200 millones se etiquete para fines específicos que beneficien a los trabajadores, familias, y atiendan problemas urgentes del estado, como salud, medicamentos y seguridad. La transparencia y el correcto uso del gasto público son clave para recuperar la confianza de la ciudadanía y del sector empresarial.
Es momento de reflexionar sobre el papel de aquellos empresarios que evitan definir una postura firme. Muchos optan por decir que sí a todo al gobierno, buscando evitar conflictos en lugar de confrontar la situación. Este tipo de liderazgo es preocupante y, en última instancia, perjudicial. ¿Qué clase de líderes empresariales estamos formando si no somos capaces de alzar la voz y exigir lo que es justo para nuestras empresas y el desarrollo económico? Debemos construir una nueva generación de líderes que actúen con valentía y firmeza, defendiendo los intereses del sector y promoviendo un verdadero diálogo inclusivo.
Las múltiples obligaciones impuestas al empresariado han llevado a un aumento de la informalidad y al cierre de empresas, resultando en más de 25,000 empleos perdidos recientemente. No podemos aceptar que el gobierno no ofrezca una inversión proporcional en el desarrollo y la economía que Baja California necesita. Es crucial recordar que los empresarios no somos enemigos de los trabajadores ni de la ciudadanía; al contrario, somos parte de la solución para lograr el desarrollo sostenible que todos anhelamos.
El Licenciado Guillermo E. Rivera Millán es director general del despacho De la Peña & Rivera y de Justicia que Transforma México, A.C.
