Esclarecer la razón por la cual le fue cancelada su visa, es lo que exige el Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda y a su esposo Carlos Torres, pues a más de 15 días de que trascendió la noticia ninguno de los dos ha ofrecido detalles.
Carlos Atilano Peña, coordinador del Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes, comentó que han consultado especialistas en la materia, los cuales establecen que el motivo de la cancelación de la visa a la mandataria estatal y su cónyuge, no fue por una razón de menor importancia.
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“Especialistas a los que hemos consultado, y a los que hemos analizado, han establecido puntualmente que no se debe a una causa menor o a un tema administrativo. Para que un comité de Estados Unidos prive de la visa a un funcionario de este nivel, debe de haber causas muy poderosas”, mencionó el abogado.
Y cuestionó en esa misma vertiente “¿Tiene que ver con el fentanilo; tiene que ver con uso de recursos de procedencia ilícita; con cuentas bancarias grandes, que no se justifican los montos; tiene que ver con la relación con el crimen organizado o tiene que ver con las fosas que se han estado encontrando a lo largo y ancho del Estado, y que han sido suspendidos los trabajos para seguimiento a las búsquedas?”.
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Ante la persistente duda, Atilano Peña, reiteró que insistirán para que la gobernadora esclarezca el tema de cancelación de su visa, pues no se quedaran con su versión de que nada pasa.
“Son temas muy graves que no se han aclarado y que le restan legitimación a las acciones del gobierno. Entonces, estamos invitando a las autoridades a que hagan un esfuerzo por informarnos. No nos vamos a quedar con su narrativa de que no hay nada, no hay delito y que ya dejen eso por la paz”, atajó Carlos Atilano.
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El retiro de visa a Carlos Torres
El 10 de mayo de 2025, mediante su perfil de la red social de Facebook, Carlos Torres dio a conocer que su visa para ingresar a Estados Unidos le había sido revocada, pero justificó la medida diciendo: “como ocurre con muchas personas en contextos similares, responde a disposiciones internas del Departamento de Estado…En la actualidad, la aplicación de estos criterios administrativos se ha vuelto cada vez más común, y como tantos otros, estoy incluido en ese universo”.
Sin embargo, una fuente del Departamento de Estado de Estados Unidos, explicó a ZETA que no fue así, la revocación de la visa de Carlos Torres Torres, la cual ocurrió primero que la de la gobernadora, a finales de abril, es producto de una investigación que se lleva a cabo en el vecino país, por actos que pudieran encuadrarse en “delitos de lavado de dinero y conspiración para la comisión” de otros.
También, Luis Alfonso Torres Torres, hermano de Carlos Torres y cuñado de la mandataria estatal, quien en el pasado fue panista y ocupó cargos públicos, el más notorio de ellos en la época del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, como administrador de la Aduana de Tijuana, aparece junto al esposo de Ávila Olmeda, en una carpeta de investigación donde los delitos que se presume cometieron, junto a otras personas, son: evasión fiscal, corrupción, huachicoleo, daño a la nación, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, esto de acuerdo con un investigador de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
La primera vez que sus nombres aparecieron formalmente en una carpeta de investigación fue a raíz de la investigación iniciada el 26 de marzo de 2025, cuando Fuerzas Federales localizaron en Ensenada un predio con contenedores de almacenamiento de Diésel: cerca de ocho millones de litros de hidrocarburo. Huachicoleo a gran escala.
La investigación oficial correspondió a la Fiscalía General de la República (FGR), y para ello se apersonaron en el lugar, realizaron peritajes y entrevistas a personas de interés, servidores públicos de aduanas y otras dependencias. Uno de ellos, reveló lo siguiente, y así fue integrado a la carpeta de investigación:
“En Ensenada se nos obliga a quedarnos callados, a pesar de todas las cosas que vemos que hacen, ya que, se dice, se encuentran apoyados por un grupo de políticos del Estado, como ya se vio los Noveló (propietario del predio donde estaban los contenedores), el mismo presidente municipal de Ensenada, que ahora es senador Armando Ayala, y los hermanos Torres, que dicen que ellos tienen todo controlado, incluso hasta las autoridades federales, lo cual después de la muestra que nos acaba de dar la defensa (el descubrimiento del predio del huachicol), la Guardia Nacional y la fiscalía general nos hace ver que no es cierto que han sido puras mentiras para mantener amenazadas a todas las personas que queremos trabajar bien, y que nos obligan a estar consintiendo todos sus actos de corrupción. Por eso es que queremos hacer esta denuncia”.
Según explicaron, el Diésel llegaba en buques al puerto de Ensenada; en la aduana portuaria, había arreglos, aparentemente realizados por Luis Torres, dado la red de servidores que maneja en las Aduanas debido a su conocimiento y paso por la titularidad de la Administración General de Aduanas de Tijuana en el sexenio del ex presidente Felipe Calderón
Un investigador de la FGR colaborador de la investigación, explicó a ZETA:
“El buque llega a la aduana conteniendo el Diésel que es traído de los Estados Unidos, pero se le dice a la tripulación en qué momento llegar y quién los va a atender en la aduana; de esta forma se concreta el acto de corrupción. Mientras que el contendor del buque está cargado con el combustible, ya hay un arreglo para que al momento de la inspección se especifique en los formatos que se trata de otro líquido y no de hidrocarburo; el agente aduanal, que ya está apalabrado, consta que se trata de un líquido distinto, llena el papeleo y lo deja internarse a tierra. Entonces no queda huella en documentos oficiales que se trata de Diésel, porque ya hubo un acuerdo para el tráfico del combustible”.
En este caso, informó la fuente a ZETA, la carpeta de investigación que se inició en Baja California, fue atraída por la FEMDO (Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada), dependiente de la Fiscalía General de la República. Al conocerse los hechos en que los hermanos Torres, y otros políticos de Baja California fueron mencionados, la carpeta fue del interés no sólo del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, quien tiene conocimiento de la misma y dio seguimiento inicial a la indagación, sino que también se le participó la información al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de la República, Omar García Harfuch.
El investigador de la FEMDO reveló que fue incluso Harfuch quien condujo las investigaciones con la colaboración de los Estados Unidos, pues de acuerdo al seguimiento del buque y el combustible ilícitamente internado a México vía Ensenada, éste fue adquirido en el estado de Texas, en la Unión Americana.
El procedimiento irregular para traficar combustible de los Estados Unidos a México, se hacía de manera sistemática, pues aun cuando al momento del operativo de aseguramiento del predio del huachicoleo el 26 de marzo de 2025 en Ensenada, se encontraban casi ocho millones de litros de Diésel en los contendores; el combustible era transportado diariamente en pipas especiales y vendido a los centros de gasolina en los municipios de Baja California, Tijuana, Rosarito, y Ensenada, de manera primordial, pero no exclusiva.
En este contexto, informó el investigador de la FGR, la carpeta de investigación atraída por la FEMDO está en proceso de integración por, entre otros, los delitos de: corrupción, huachicoleo, evasión fiscal, falta a la Ley Federal de Hidrocarburos, delitos ambientales, daño a la Nación, faltas a la regulación de Petróleos Mexicanos, y delincuencia organizada, dado que se trata de una acción que utiliza insumos peligrosos, se realizó en un lugar público, participaron varias personas, grupos delictivos, y se obtuvo un beneficio ilícito.
Uno de los informantes de la FGR, y así consta en la carpeta de investigación, explicó la forma del ilícito negocio: “Compran el hidrocarburo en Estados Unidos, pero que no pasa su control de calidad; lo meten como desecho, pero en México lo venden como bueno. Cuando lo presentan en las aduanas, estas se hacen de la vista gorda, y pueden decir que simplemente es aceite aunque están introduciendo al país hidrocarburo ilegal, que además venden en las gasolineras de Pemex”.
Actualmente, la investigación sigue su curso en la FEMDO, aun con el hermetismo del fiscal Gertz Manero y el secretario García Harfuch.
Las razones para retirar visa a gobernadora
En el caso de la gobernadora de Baja California, la razón para retirarle la visa fue distinta, un tema que llamó la atención de las autoridades de los Estados Unidos que, desde el Departamento de Seguridad Interior y el Departamento de Estado, realizan análisis de información de hechos de inseguridad y corrupción en la frontera norte de México y sur de los Estados Unidos, fue el descubrimiento de una narcofosa en el conocido como Cañón de las Carretas en Tijuana, el 14 de abril de 2025.
Aquel día, elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad de la Secretaría de Seguridad de Baja California detuvieron a un grupo de narcomenudistas, uno de los cuales accedió a convertirse en testigo y delatar algunos ilícitos, entre ellos, la existencia de una fosa clandestina en las faldas del cerro Venustiano Carranza, en el Cañón de las Carretas. De hecho, proporcionó un número aproximado de cuerpos ahí enterrados clandestinamente; más de 20, dijo.
Además aportó detalles que fueron publicados en la edición de ZETA que salió a circulación el viernes 25 de abril, unos cinco días antes que le fuera revocada la visa a Carlos Torres Torres, y otros días más de que sucediera lo mismo con la de la gobernadora Marina Ávila.
En la edición del Semanario, se publicó la lista que el testigo reveló de algunas de las personas que estaban ahí enterradas:
*“Una familia de cuatro integrantes”. Los jóvenes detenidos dijeron haber atestiguado esto, cuando convivían con la célula criminal que se apropió del inmueble.
*“También mataron al ingeniero”, José Alonso Guerrero Chávez, y a su ayudante Rubén Ramírez Rojas, ambos desaparecidos el 27 de marzo de 2024.
*“Y a la muchacha que violaron”. Se refiere a Mariana, la joven en calidad de desaparecida, y quien envió videos a su madre, los cuales sirvieron de evidencia para detener a una familia de pepenadores de basura: Ana Laura, su esposo Marco Antonio (apareció muerto el 22 de junio), el hijo de ambos, Bryan de 20 años, y Miguel Ángel, hermano de Antonio, por la desaparición de los ingenieros.
*“Un primo del Guasón por un pleito de terrenos”. Por “El Guasón”, se refirió un criminal aún no identificado por nombre y apellidos por las autoridades.
Pero de forma extraña e irregular apenas a tres días de haberla localizado, la Fiscalía General del Estado detuvo la exploración de la zona denunciada. En ese lapso solamente escarbaron en un punto, en el cual localizaron tres cuerpos. Pero después nada. La operación se detuvo.
Se enterarían los estadounidenses más adelante del motivo del paro de la excavación. Poco más de un mes atrás, el 6 de marzo de 2025, un grupo de buscadores de desaparecidos, Guerreros Buscadores de Jalisco, había localizado un rancho llamado Izaguirre en el municipio de Teuchitlán, donde localizaron restos humanos, huesos, y centenares de piezas de uso personal, calzado, ropa, mochilas, enceres diversos. La investigación en el predio y la ubicación de zonas de control, los llevó a determinar que se trata de un lugar de exterminio.
Por supuesto, la noticia trascendió Jalisco y México. El conocido como rancho del exterminio del Cártel Jalisco Nueva Generación fue nota internacional y requirió de la atracción de la investigación por parte de la FGR titulada por Alejandro Gertz Manero, quien ha intentado por todas las formas de indagación pericial, ministerial y científica, demostrar que no se trata de un centro de exterminio sino de un centro de adiestramiento, efectivamente del Cártel Jalisco Nueva Generación. Sobre el caso, entre los detenidos, y bajo cargo de desaparición forzada entre otros, está el ahora ex alcalde de ese municipio, José Ascencio Murguía Santiago.
El 16 de abril, cuando se detuvo la exploración de la denunciada narcofosa en el Cañón de las Carretas, y las autoridades norteamericanas, que tienen información a su saber confiable sobre el entierro de más de 20 personas en el lugar, indagan el porqué de que la FGE decidiera detener los trabajos de excavación, fueron informados que esa decisión la tomó directamente la gobernadora Marina Ávila Olmeda.
Miembros de la Mesa de Seguridad de Baja California, confirmaron a ZETA, que, efectivamente, Ávila Olmeda le dijo a la fiscal general del Estado, María Elena Andrade que tuviese cuidado con ese tema, pues no quería “un Teuchitlán” en Baja California. Y los trabajos, hasta el 30 de mayo, se detuvieron tras la localización de seis cuerpos. El terreno continúa sin ser explorado en su totalidad a pesar del testimonio que les indicó que ahí había más de 20 cuerpos enterrados.
Esta acción, confirmada por testigos de la Mesa de Seguridad, y en conocimiento de autoridades del Departamento de Estado y del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos, fue determinante para proseguir, luego de la revocación de la visa a Carlos Torres, con la de la gobernadora Marina Ávila Olmeda, de acuerdo a una fuente de dicha institución en la Unión Americana, consultada por ZETA.
A ti el ano… se te hace roca… jajajaaa… no cabe duda que como no le dieron entrada en Morena Baja California, anda más ardido que las “desistencias” de Mexicali. sus argumentaciones son tan estúpidas como “especialistas”…