El Congreso del Estado aprobó una prórroga de 30 días hábiles para que la Administración Portuaria Integral (API) entregue su cuenta pública del ejercicio fiscal 2024, esto luego de que el gobernador, Víctor Castro Cosío, en su calidad de presidente del Consejo de esta empresa paraestatal, solicitara un plazo adicional para cumplir con la comprobación de recursos.
Castro Cosío y el director de API, Narciso Agúndez Gómez, argumentaron al Poder Legislativo que API sufrió un ataque con un virus malicioso, lo que afectó directamente los procesadores físicos de almacenamiento de datos, así como los servidores donde guardan la información.
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El 30 de abril venció el plazo para que todas las instituciones cumplieran con la entrega de la Cuenta Pública 2024 para que la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur (ASEBCS) proceda con la fiscalización.
No obstante, la Constitución del Estado permite una extensión adicional de 30 días hábiles siempre y cuando esta solicitud sea justificada y realizada por el titular del Poder Ejecutivo.
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API es una empresa paraestatal que al año ejerce más de 400 millones de pesos, por lo que esta petición de Castro Cosío provocó críticas en redes sociales debido a que, apenas dos meses atrás, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) marcó observaciones por más de tres mil 200 millones de pesos sin aclarar en el ejercicio 2023.
API aseguró que este ataque a sus computadoras no representó ninguna afectación a los recursos públicos, no obstante, en el documento enviado al Congreso donde solicitaron la prórroga sí subrayaron que que existe incertidumbre sobre si podrán recuperar toda la información ya que se advierte que pudo haberse perdido parte de ella debido a la complejidad del virus con el que se perpetró este “ciberataque”.
