Organizaciones de la sociedad civil dieron a conocer que el Gobierno de México canceló las concesiones mineras otorgadas años atrás a Odyssey Marine Exploration, corporativo que buscaba instalarse en el Golfo de Ulloa para la extracción de fosfato del lecho marino.
Las asociaciones civiles detallaron que en el informe anual, con fecha del 31 de marzo, la empresa detalló que las concesiones mineras en poder de su filial Exploraciones Oceánicas (ExO) fueron canceladas “ilegalmente” por el Gobierno Federal en junio y agosto de 2024.
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En este documento se precisó que en octubre de 2024 fue cuando se percataron de la cancelación de estas autorizaciones, por lo que procedieron a impugnar esta decisión.
Además detallaron que el Gobierno de México acudió ante el Tribunal Superior de Justicia de Ontario, Canadá, para interponer una solicitud para anular el laudo emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) a mediados de septiembre de 2024.
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Desde hace unos meses, 20 organizaciones de la sociedad civil se coordinaron para hacer frente a los riesgos que el proyecto de minería submarina “Don Diego”, promovido por Odyssey Marine Exploration, representaba para el Golfo de Ulloa.
Este golfo es un área clave para Baja California Sur por su valor ecológico y económico, ya que aquí habitan especies en peligro de extinción como tortugas, y también es zona de tránsito para la ballena gris; asimismo, el 42% de la pesca de la entidad se obtiene de aquí.
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Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, calificó esta decisión como una victoria.
“La reciente cancelación de las concesiones mineras del proyecto ‘Don Diego’ es una victoria para la conservación del medio ambiente y las comunidades costeras de Baja California Sur”, declaró para ZETA.
“El proyecto, que amenazaba especies en peligro de extinción como las ballenas y tortugas caguama, y las pesquerías locales, no tiene cabida en un México, que protege sus recursos naturales”, agregó.
Por ello, mencionó que las asociaciones civiles aplauden la determinación de la Secretaría de Economía, ya que con esta decisión se cierra la puerta definitivamente a la minería submarina en el Pacífico sudcaliforniano.
Además, añadió que con éste el Gobierno Federal se alinea con la reforma a la Ley Minera que prohíbe esta actividad, sin embargo, advierte que seguirán vigilantes para garantizar que no resurja.
