Según la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (SMADS) de Baja California, Mónica Vega Aguirre, mediante la Dirección de Bienestar Animal de la institución, se recibieron 473 denuncias durante 2024 y 270 en lo que va de 2025.
Vega indicó que las denuncias se reciben a través de la página oficial de la dirección, correo electrónico, redes sociales o vía telefónica, después de lo cual se envían a la autoridad correspondiente, la Fiscalía General del Estado (FGE).
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Por su parte, el Poder Judicial del Estado de Baja California sólo manejó 39 causas penales iniciadas en 2024, 15 vinculaciones a proceso y 8 salidas alternas. En lo que va de 2025, las causas penales iniciadas fueron 23 y resultaron sólo siete vinculaciones a proceso.
Durante estos dos años, en el municipio de Tecate no se ha judicializado ningún caso. Mientras tanto, la incidencia más elevada se observa en Mexicali y Tijuana, ambos con 22 causas penales iniciadas y sólo 12 y seis vinculaciones a proceso, respectivamente.
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De acuerdo con el director de Estrategia Jurídica de Abogados Animalistas México A.C., Frank Ortiz González, y la última solicitud realizada a Transparencia por la asociación acerca del delito de crueldad animal, entre 2014 y 2021 sólo había dos sentencias favorables de un universo de más de 2 mil 500 carpetas de investigación abiertas.
El abogado indicó que, a día de hoy, el mecanismo principal de acceso a la justicia para los animales es el sistema integral de protección animal a nivel estatal, fortalecido con la reciente reforma constitucional al artículo 7 que incorpora explícitamente el reconocimiento de los animales como seres sintientes.
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“Un animal sintiente conlleva una responsabilidad en la estructura del tratamiento de su dignidad, de su bienestar y de su integración a las políticas públicas”, indicó el activista.
De ahí la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y contra los Animales, que se creó hace casi 4 años, pero sólo cuenta con dos fiscales para todo el estado.
Asimismo, señaló que hoy se cuenta con nuevas perspectivas entre la acción de la Dirección de Bienestar y Derecho Animal del gobierno del estado, la Procuraduría Ambiental, el Santuario Mily y los centros de control animal municipales, de los cuales han circulado acusaciones de negligencia y se han exhibido situaciones de abandono.
Antes de 2014, cuando se estableció el tipo penal de crueldad o maltrato animal en el código del estado, los animales eran tratados jurídicamente en materia penal como un objeto; desde entonces, está tipificado como un delito que amerita pena de prisión.
Finalmente, el monitoreo de Abogados Animalistas sobre los últimos años estima un aumento del 20 al 25% en el delito de maltrato animal en Baja California, lo que implicaría alrededor de 3 mil carpetas.
“Hay un aumento, hoy vemos más sadismo, hoy vemos más violencia contra los animales. Hoy el delito es por dolo, es decir, por intención”, declaró Frank Ortiz, lamentando que sólo los casos más mediáticos han podido generar una correcta aplicación de la justicia.
