La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió, el 25 de abril de 2025, a los senadores, revisar la redacción de la reforma a Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, propuesta por ella misma -que otorgaría facultades inconstitucionales al Gobierno Federal, al permitirle a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones para bloquear plataformas de comunicación de internet-, para evitar una confusión por posible censura.
Además, durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, la titular del Poder Ejecutivo Federal descartó que la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión se fuera a aprobar en ‘fast track’.
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“Al desaparecer el organismo autónomo, las atribuciones de ese organismo se separan, una parte va a la Agencia Digital y otra [recae] en el organismo anticorrupción”, explicó la mandataria nacional, respecto a la eliminación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Además, tras la confusión en torno a posible censura a plataformas digitales, la también ex titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México se dijo dispuesta a modificar o incluso que se quitara el artículo de la iniciativa.
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“En todo caso que se quite el artículo, se modifique la redacción, quitamos ese artículo del tema, era coadyuvante de otras instituciones del Gobierno de México, pero si hay alguna duda de que vamos a censurar que se quite o se modifique”, enfatizó la presidenta.
Sin embargo, Sheinbaum Pardo aclaró que lo medular de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, eran las atribuciones que buscaba recuperar el Gobierno Federal. Asimismo, pidió a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), así como a José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, a que acudieran al Senado para exponer el tema.
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“Ayer lo comentábamos con la secretaria de Gobernación [Rosa Icela Rodríguez Velázquez]: si hay dudas, que se abra la discusión en el Senado, no tiene que aprobarse el martes, que vaya la SICT, Pepe Merino, a exponer por qué es fundamental la recuperación de atribuciones, no se trata de imponer nada”, dijo la mandataria nacional.
“Lo que sí es que no va a regresar lo que existía antes, es un nuevo esquema que no tiene nada que ver con autoritarismos, y si se puede mejorar, que se mejore, pero no vamos a regresar a lo que existía antes”, agregó la presidenta.
“Nunca ha sido nuestro deseo censurar a nadie, que se modifique la redacción o elimine el artículo [referente a las plataformas digitales], no hay problema, porque no es el centro de la Ley”, insistió la titular del Poder Ejecutivo Federal, quien también pidió evitar una aprobación ‘fast track’ y, en todo caso, llamar a un periodo extraordinario de sesiones en el Senado de la República.
“Sobre las atribuciones, que abran la discusión en el Senado y, en todo caso, se llame a una extraordinaria en junio, mayo, para que pueda aprobarse”, dijo la mandataria nacional, quien también recordó que el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión se cerraba el 30 de abril de 2025.
“Entonces, para que no se diga que estamos imponiendo, que se abra la discusión sin problemas, que se enriquezca la propuesta en el marco de lo que se presentó y, una vez que esté clara la orientación de esta ley, que se llame a un periodo extraordinario que podía ser en mayo [de 2025]”, expresó Sheinbaum Pardo.
Un día antes, la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH México) solicitó al Senado mexicano considerar los estándares internacionales sobre libertad de expresión.
“Ante la presentación de la iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, hacemos un respetuoso llamado al Senado a garantizar espacios de consulta y considerar los estándares internacionales en libertad de expresión, información, privacidad, derechos digitales e indígenas”, señaló la ONU-DH, a través de su cuenta en la red social X.
Según los estándares internacionales de libertad de expresión enlistados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), existen seis principios rectores de la libertad de expresión en internet, donde dos de ellos indican el derecho a la igualdad y no discriminación y la privacidad.
El primero indica que los estados deben asegurar que ni las leyes ni las condiciones sociales, económicas o culturales, establezcan barreras que limiten a las personas en su derecho a usar Internet, por razones ideológicas, de género, raza, idioma o ubicación geográfica.
La segunda, señala que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, la de su familia, domicilio o correspondencia, en un presupuesto del ejercicio del derecho a la libertad de expresión en línea y además, éste debe ser protegido por la ley y promovido por políticas públicas.
