Patrick Wood Crusius -un joven supremacista blanco proveniente de Allen, Texas, que el 3 de agosto del 2019 viajó hacia El Paso, Texas, para llevar a cabo un tiroteo en una tienda de la cadena minorista Walmart, a escasos kilómetros de la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, Chihuahua, que dejó un saldo de 23 personas muertas, entre ellos 9 mexicanos, así como otros 23 heridos- fue condenado, el 21 de abril de 2025, a cadena perpetua, por el juez de Distrito, Sam Medrano Jr., del Tribunal de Distrito 409 de Texas.
“Al comenzar a pasar tu vida en prisión, debes saber que tu misión fracasó. No debilitaste a esta comunidad, la fortaleciste”, dijo el juez al tirador -que se declaró culpable-, durante la audiencia que se llevó a cabo en el Palacio de Justicia del Condado de Enrique Moreno.
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Alejandro Celorio Alcántara, ex consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), celebró la resolución del juez en su cuenta de la red social X, enfatizando que este tema abría el debate respecto al comercio de armas en EE. UU.
“El entonces Canciller [Marcelo Luis Ebrard Casaubón] @m_ebrard me dio instrucciones para que un tiroteo así no volviera a ocurrir. Surge ahí el cuestionamiento al comercio negligente de armas. El responsable de la masacre en El Paso pasará el resto de su vida en prisión”, publicó el abogado.
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El 6 de febrero del 2020, Crusius fue acusado de 90 cargos federales por crímenes de odio. Según lo informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés), el fiscal federal John Bash, presentó en una Corte Estatal de Texas los 90 cargos por los que el sujeto originario de la población texana de Allen, sería juzgado, en adición a los cargos de homicidio que ya enfrentaba.
Se trata de cargos por crímenes de odio que provocaron la muerte, cargos por crímenes de odio con intención de matar, así como cargos por disparar un arma de fuego en relación con un crimen de odio, tomando en cuenta el manifiesto que escribió en contra los mexicanos a quienes iba dirigido su ataque.
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Por su parte, el Gobierno de México dijo, ese mismo día, que se congratulaba por la imputación de cargos por crimen de odio a Crusius, acusado de asesinar a 23 personas, y de herir a 23 más, durante un tiroteo dentro de una tienda de la cadena minorista Walmart, ubicada en la ciudad fronteriza de El Paso.
El Fiscal Federal de Estados Unidos y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) anunciaron la imputación de dichos cargos contra Crusius, señaló en un comunicado la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana.
Las autoridades de México señalaron que con los nuevos cargos que se habían anunciado contra el principal sospechoso de la matanza, “se reitera la condena en contra de los discursos de odio, la xenofobia y el supremacismo blanco, así como de cualquier tipo de violencia”.
Las nuevas acusaciones “están en consonancia con los esfuerzos del Gobierno de México para construir sociedades más inclusivas y pacíficas, que reconozcan la pluralidad y la valía de la diversidad”, según lo apuntó la Cancillería mexicana.
Asimismo, el Gobierno de México recordó que desde el suceso, acordó con su homólogo estadounidense intercambiar información de sus respectivas indagatorias, en apego estricto al marco normativo de cada país y coincidiendo en la importancia de una investigación profunda de los hechos y de sus causas.
La SRE indicó que el Consulado de México en El Paso, “continuará dando seguimiento a este proceso judicial y a la atención a las víctimas mexicanas del ataque y a sus familiares”.
En agosto del 2020, el entonces titular de la SRE, Ebrard Casaubón, aseguró que el presunto autor de dicha matanza se inspiró en el ataque a dos mezquitas, ocurridos en marzo del 2019, en Christchurch, Nueva Zelanda, lo que demostraba la existencia de un grupo de supremacistas blancos que se comunicaba en redes sociales.
Después, el 20 de noviembre del 2020, la SRE confirmó que 10 ciudadanos mexicanos, en coordinación con el Consulado General de México en El Paso, presentaron demandas en contra de la cadena de tiendas minoristas Walmart Inc, tras el tiroteo ocurrido en la sucursal de Cielo Vista, el 3 de agosto de ese mismo año.
A través de un comunicado, la Cancillería señaló que el objetivo de estas acciones presentadas en el Condado de El Paso, era responsabilizar a la empresa por no tomar medidas razonables y necesarias para proteger a sus clientes del ataque ocurrido en la sucursal ubicada en dicha ciudad fronteriza con México.
“Por medio de esta demanda, los peticionarios buscan justicia no únicamente para ellos, sino también seguridad para el público en general”, señaló la SRE en su comunicado, la cual abundó que a partir de la muerte del abogado Enrique Moreno, quien había sido seleccionado por el Gobierno de México para representar los intereses -tanto de las víctimas, como de las familias que así lo decidieran-, se resolvió obtener los servicios de la firma Lynn Coyle.
La SRE explicó que la firma ya colaboraba con el abogado Moreno, “al coincidir con sus principios y valores”, además de que se “distingue”, también, “por su compromiso en la defensa de la comunidad mexicana y mexicano-americana” en El Paso.
“El Gobierno de México continuará utilizando todos los recursos a su alcance para evitar que este tipo de incidentes se repitan y reparar los daños sufridos por las víctimas”, señaló la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana.
El 12 de septiembre del 2020, la Fiscalía de El Paso, Texas, formuló cargos por asesinato capital, por lo que se esperaba una posible pena de muerte contra Crusius, que entonces tenía 21 años de edad, presunto autor de la masacre ocurrida el 3 de agosto de ese mismo año.
El joven permanecía encarcelado sin derecho a fianza, después de confesar ser quien disparó y que su objetivo eran mexicanos. Las autoridades también lo acusaron de publicar un manifiesto racista y antiinmigrante en internet, “en respuesta a la invasión hispana en Texas”, poco antes de abrir fuego.
“El asesinato capital es el cargo más alto en el estado de Texas y se castiga con la muerte o con cadena perpetua sin libertad condicional si se lo encuentra culpable. El fiscal de distrito Jaime Esparza buscará la pena de muerte”, señaló la Fiscalía del Distrito 34, a través de un comunicado.
Por su parte, el abogado del joven, Mark Stevens, informó que usaría todas las herramientas legales disponibles para evitar la ejecución de su defendido. Las autoridades federales planeaban presentar cargos por separado de asesinato, penado con la pena capital. Asimismo, el Departamento de Justicia estadounidense investigaba el caso como un acto de terrorismo nacional y delito de odio.
El 5 de agosto del 2020, Ebrard Casaubón informó que México participaría en la investigación y juicio de Crusius, el “supremacista blanco” sospechoso del tiroteo que dejó al menos 23 personas muertas, por lo que analizaban la posibilidad de solicitar la extradición del joven estadounidense.
