Petróleos Mexicanos (Pemex) tardará más de tres meses en sacar el hidrocarburo asegurado en el centro de almacenamiento de combustible clandestino de Ensenada, tiempo que le llevó a los delincuentes acumularlo. Sin embargo, por la información encontrada, autoridades investigan la posibilidad de que la operación clandestina haya iniciado durante el gobierno del morenista Armando Ayala Robles, ya que el terreno debió equiparse. A partir del domingo 30 de marzo de 2025, la carpeta de investigación fue entregada por la fiscalía regional a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
El miércoles 26 de marzo, el operativo se realizó dentro de un terreno baldío en el Kilómetro 100 de la carretera Ensenada-Tijuana, Delegación El Sauzal. El terreno es propiedad del ex senador Gerardo Novelo Osuna, quien minutos después que las fuerzas federales arribaran al lugar, se apresuró a publicar en redes sociales. Posicionamiento en el que intentó deslindar responsabilidades, señalando a dos probables implicados: Luis Francisco Rodríguez Orozco conocido como El Gussy, y como obligado solidario a Diego Alonso Montoya Bonillas. Junto a los nombres publicó también un contrato de arrendamiento firmado con ellos para la ocupación del inmueble.
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En el predio de varias hectáreas, la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró alrededor de 8 millones de litros de hidrocarburo -diésel-y lo que denominaron centro clandestino de almacenamiento y distribución de combustible.
Ese miércoles, mientras autoridades federales ejecutaban el cateo, los trabajadores del centro clandestino abandonaron el inmueble a bordo de sus vehículos particulares sin ninguna restricción por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) o Guardia Nacional, quienes mantenían la custodia del acceso.
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Otras autoridades presentes fueron la Secretaría de Marina (Semar), FGR, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como Seguridad Física de Pemex y Protección Civil.
Según las autoridades, llegaron hasta el terreno en cuestión por una serie de denuncias que se hicieron reportando fuertes aromas a “gasolina” en la zona. Al llegar, afuera de la propiedad encontraron una laguna de aparentemente agua encharcada, la cual despedía un fuerte olor a hidrocarburo; la revisaron y detectaron que representaba un riesgo al contener material flamable, presuntamente producto de las filtraciones del material derramado y filtrado al suelo por las actividades en el inmueble.
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Al ingresar hallaron 100 cajas tipo contenedor con capacidad de 72 mil 800 litros cada una, 46 remolques tipo cisterna con capacidad de 31 mil litros, 19 tractocamiones, 12 motobombas de diversas capacidades, dos remolques acondicionados como oficina y una cisterna con 4 mil litros de urea. En total, se estima que el volumen asegurado asciende a 7 millones 944 litros de hidrocarburo.
INICIA DESMANTELAMIENTO DE ALMACÉN CLANDESTINO
La mañana del martes 1 de abril, varias cuadrillas de Pemex llegaron al recinto para comenzar con el desmantelamiento de las estructuras y mover los combustibles a un lugar seguro, informaron fuentes cercanas a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), entidad responsable de dictaminar el daño ambiental ocasionado por el derrame de hidrocarburos.
Personal de ASEA informó que no se trataba de un ducto, ni de ordeña de hidrocarburos: que el modo de operar era a través del Recinto Portuario, adonde llegaban los buques y se descargaba en pipas para después enviarlo a El Sauzal.
Sobre el riesgo que representaba la operación de ese almacén, explicaron que, de acuerdo con las características de los contenedores donde estaban reservando el material flamable, no son para ese tipo de hidrocarburo, sino para transportar aceites.
De acuerdo a información inicial y el material asegurado en el interior del inmueble, las empresas implicadas en el transporte del hidrocarburo localizado son Autolíneas Roca, SAPI de CV y Mefra Fletes, SA de CV; en una revisión de los registros públicos de propiedad se encontró que ambas comparten accionistas y representantes legales, uno de ellos, Héctor Manuel Portales Ávila, secretario de Roca y representante legal de Mefra, según el Registro Público de Comercio.
BUQUE DE DESCARGA
Conforme a la plataforma de rastreo Marine Traffic, en el periodo cercano al aseguramiento del centro de distribución clandestino, el buque Torm Agnes, de la empresa asiática Tianjin Yuanhang, fue el último que llegó al puerto de Ensenada y estuvo atracado del 8 al 10 de marzo. Con autorización de la Aduana Marítima realizó descargas de hidrocarburo en pipas de Roca y Mefra Fletes, con autoridades locales implicadas en los operativos.
“Un solo buque puede transportar de 10 a 15 millones de litros de hidrocarburos, y de acuerdo al equipo encontrado, el centro de almacenaje tenía la capacidad para en tres días -del 8 al 10 de marzo- transportar los poco más de 8 millones de litros que se localizaron en el punto asegurado en El Sauzal, sólo necesitaba que 20 de esas 47 pipas hicieran cuatro viajes de ida y vuelta”, detalló un investigador.
La embarcación arribó desde el puerto de Vancouver en Canadá, lleva una bandera de Dinamarca y después viajó a Guaymas, Sonora, donde también realizó una descarga ilegal de más de 2 millones 226 mil litros de diésel. En este momento, de acuerdo con la plataforma de rastreo de buques, se dirige a Puerto Quetzal en Guatemala.
TAMBIÉN EN TAMAULIPAS
Autolíneas Roca, SAPI de CV y Mefra Fletes, SA de CV tiene como coincidencia que ambas fueron inscritas ante el Registro Público de Comercio en Nuevo León, con operaciones en Tamaulipas, Jalisco y Coahuila, de acuerdo a documentos oficiales.
Dos días después del hallazgo en Ensenada, se registró un segundo aseguramiento federal, en el que incautaron 10 millones de litros de diésel de origen ilegal en el puerto de Tampico, Tamaulipas, en un operativo considerado histórico contra el tráfico de hidrocarburos.
El buque ingresó el 19 de marzo con presunta carga de aditivos para aceites lubricantes, pero en realidad transportaba diésel ilegal; de acuerdo con Marine Traffic, la última parada del barco tuvo lugar en Beaumont, Estados Unidos. También se catearon predios en Altamira, donde se aseguraron más evidencias: 192 contenedores, 29 tractocamiones, un buque, armas, municiones y documentos.
Aunque las investigaciones siguen abiertas, no hay personas detenidas por ese delito y las autoridades no han revelado las empresas involucradas.
TRABAJADORES SE ARRIESGABAN SIN SUPERVISIÓN NI PROTECCIÓN
En el centro de distribución asegurado en Ensenada, los requisitos de contratación para los empleados del negocio ilícito de hidrocarburos no incluían experiencia. Entrevistados refirieron que sólo les pedían “fuerza” para el momento en que comenzarán a llegar los camiones que traían combustible, el cual -aseguraron a ZETA– les decían que “venía en un buque”.
La empresa contratante- fachada- publicaba sus vacantes en redes sociales con un anuncio sencillo: “Se busca personal para carga y descarga”, junto con una dirección incorrecta muy cerca del almacén. Para llegar al punto era necesario hablar por teléfono.
Uno de los trabajadores, quien pidió anonimato por temor a represalias, relató su experiencia laboral dentro de la empresa: tras leer la oferta laboral, llamó y lo citaron al día siguiente. Al llegar, notó que todos los aspirantes tenían un perfil similar: personas acostumbradas a realizar trabajos de obra, como soldadores, cargadores de mercancía y otros que se dedicaban a “sacar chambitas”.
“Todos (los compañeros de trabajo) íbamos muy informales, sin uniforme, cuando volteo alrededor vi que no había techo, sombra y sin paredes ni nada para protegernos”, describió.
Dentro del predio, el grupo fue recibido por una mujer del área de Recursos Humanos, quien les dio la bienvenida. No les pidió documentos ni identificación, sólo les explicó que el trabajo consistía en realizar maniobras de carga y descarga en turnos de 12 horas.
La paga era de 4 mil pesos de lunes a sábado y aumentaba hasta 5 mil si trabajaban los domingos porque “ahí se trabajaba las 24 horas del día”.
Sobre la capacitación para manejar el material peligroso, dijo que era mínima, sólo debían esperar la llegada de pipas con diésel o gasolina y descargar el combustible en las cajas de almacenamiento. “Todos los días llega un buque, hay que descargar pronto”, les decían.
Lo que más sorprendió al trabajador fue la falta de equipo de seguridad. Como fumador, se preguntó dónde podría hacerlo sin riesgo de provocar una catástrofe.
La jornada comenzaba y el olor a combustible se volvía casi insoportable, al grado de provocar mareo. Cada empleado podía derramar cierta cantidad de combustible al transferirlo de un tanque a otro, pero si el derrame era excesivo, el monto se descontaba de su sueldo.
Finalmente, el entrevistado decidió no regresar.
RESPECTO A LAS EMPRESAS
Los camiones de transporte ubicados en el inmueble tienen el logotipo de la empresa Autolíneas Roca, negocio con al menos 30 actividades desde transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de hidrocarburos, bioenergéticos y electricidad.
De acuerdo con el Registro Público, su actividad empresarial es para la exploración y extracción de petróleo y gas, generación y transmisión de electricidad, transporte de residuos peligrosos, comercialización de maquinaria y equipo, así como prestación de servicios a Pemex y otras empresas del sector energético, tanto públicas como privadas, a nivel nacional e internacional.
Como accionistas figuran Roberto Blanco Cantú y Héctor Manuel Portales; después entraron en la sociedad Maricarmen Gálvez Sánchez, secretaria del Consejo de León, Guanajuato; y Jesús Alonso Ramírez Barrientos, de Piedras Negras, Coahuila.
Por su parte, Mefra Fletes se dedica al transporte de hidrocarburos, petrolíferos y materiales peligrosos, incluyendo ductos, autotanques y buques, transporte de carga general, especializada y de pasajeros a nivel nacional e internacional.
La empresa fue registrada en Nuevo León, representada por Roberto Blanco Cantú y Gustavo Alberto Deantes Ramos, quien es el apoderado general para pleitos y cobranzas.
Autolíneas Roca, SAPI de CV
– Roberto Blanco Cantú, presidente; Héctor Manuel Portales Ávila, apoderado.
– Jesús Alonso Ramírez Barrientos, presidente del Consejo.
– Maricarmen Gálvez Sánchez, secretaria.
Mefra Fletes, SA de CV
– José Isabel Murguía Santiago, administrador general.
– José René Tijerina Mendoza, accionista.
– Roberto Blanco Cantú, accionista.
– José Ramírez Guardado, administrador general.
– José Daniel Alejandro Soto Manríquez, delegado, originario de Ciudad de México.
– Brenda Mariela Salas Ramírez; desde el acta constitutiva figura como administradora y después en la colonia Altamira en Tonalá Jalisco.
– Gustavo de Jesús Guillén Chávez en Colonia Lomas de la Primavera en Zapopan, Jalisco.
– José Ignacio Flores Santiago, poder de cobranza.
(Todos se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Art.13, CNPP)
