Más allá del escarnio y el linchamiento mediático, grabaciones publicadas en redes sociales desnudan traiciones de funcionarios y -posiblemente- diputados de Morena hacia la gobernadora
Dos audios filtrados y posteriormente producidos para exhibir la relación de un comunicador de Mexicali con el Gobierno del Estado, han provocado una tendencia y linchamiento social y digital tanto en contra de la mandataria Marina del Pilar Ávila Olmeda, como del propio periodista. Sin embargo, el trasfondo de la divulgación evidencia algo mucho más amplio y preocupante.
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Como es sabido, la información involucra a la gobernadora y un audio de la red de mensajería WhatsApp hacia -presuntamente- el director de Comunicación Social del Congreso del Estado, Hugo Ruvalcaba, a quien le gira una instrucción, pese a que se trata de otro Poder, para otorgar la publicidad oficial y evitar conflictos con un conductor.
Más allá de cualquier cuestión personal, profesional o intención de escarnio o linchamiento hacia la mandataria y el propio periodista, el problema son los dineros provenientes de los impuestos y que se destinan a la difusión institucional o para influir en líneas editoriales, además, claro, las evidentes traiciones o acciones omisas por parte de los implicados.
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En el primer punto, desde hace más de 10 años se ha planteado la necesidad de un esquema de medición y reglamentación para el otorgamiento de publicidad oficial. El tema se viene arrastrando desde la administración de José Guadalupe Osuna Millán, siguió con Francisco Vega de Lamadrid, con Jaime Bonilla Valdez y finalmente la propia Marina Ávila.
Hoy en día, el manejo del recurso público para la difusión institucional se reparte de manera discrecional, dependiendo de los niveles de ética de los funcionarios y medios de comunicación. Es decir, el manejo millonario de la estrategia de impactos y difusión se rige con base en el tipo de personaje que se coloque en el poder y las intenciones del gobernante en turno. Si se coloca a una persona honesta, el dinero se distribuirá de forma equilibrada; si es corrupta, se manejará conforme a intereses o con fines de enriquecimiento. Sea cual sea el caso, ninguno de los escenarios es el idóneo, pues el manejo de difusión institucional debe contar con un esquema de medición profesional y fundamentado, donde el recurso de los ciudadanos se destine para tener una comunicación e interlocución efectiva con sus representantes populares, además de informar de los programas y proyectos en favor de la ciudadanía.
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La publicidad oficial no se fundamenta en ayudas o en herramientas de castigo, sino en esquemas donde la sociedad pueda tener canales de información, así como una obra pública en la que se elige la mejor opción para determinado trabajo -en teoría- por su profesionalismo, experiencia y responsabilidad. Los medios de comunicación deberían pujar por mejorar sus contenidos y responsabilizarse de sus trabajadores, sin embargo, estamos envueltos en un esquema donde la informalidad laboral, económica y de negocios, beneficia -principalmente- a los que tienen el poder -medios y gobierno-, porque así resulta conveniente para la mayoría de los implicados. La publicidad oficial debe regularse y justificarse, además de fiscalizarse, no es una chequera abierta para maniobrar libremente a criterio del funcionario honesto o corrupto.
Hoy, la bomba estalla en la cara porque ante la conveniente falta de regulación -de la que muchas personas se han beneficiado-, todo queda a criterio y beneficio de los hombres y mujeres de poder, y por ende, también la responsabilidad del mismo.
Ahora, la difusión de un audio de esta naturaleza sólo pudo ser extraído de los círculos cercanos de la gobernadora y la intención de dicha información fue dolosa, donde inmediatamente se vincula a los involucrados -por alusión directa en el audio-, como los diputados morenistas Jaime Eduardo Cantón -ex secretario particular de la gobernadora- y Juan Manuel Molina, a quien hace años lo ubican como aliado del marinismo.
Nadie puede tener la certeza de que alguno de ellos dos -o un tercer involucrado- filtró la información, pero si podemos estar seguros de que provino de Morena, del Congreso, específicamente de su círculo cercano. Y aunque se trate de minimizar, entre todas las líneas morenistas, alguno de ellos tomó la decisión de volverlo público de manera dolosa y para afectar al gobierno, lo cual consiguió.
