La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó, el 28 de abril de 2025, que en coordinación con diferentes instituciones estatales y federales, localizaron, cuatro días antes, los cadáveres de la activista Sandra Estefana Domínguez Martínez, y de su esposo, Alexander Hernández Hernández, reportados como desaparecidos el 8 de octubre de 2024.
“Luego del hallazgo, se llevaron a cabo las pruebas periciales de diferentes materias y especialidades que permiten confirmar y tener certeza sobre la identidad de las víctimas. Las diferentes acciones de investigación se han realizado en conjunto entre la Fiscalía General del Estado de Oaxaca que ha llevado a cabo las labores de campo, así como de inteligencia, en estrecha colaboración con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, a través de la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE), el Centro Nacional de Inteligencia, en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado de Veracruz, Policía Estatal de Oaxaca y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Oaxaca”, detalló la institución de procuración de justicia oaxaqueña, en un comunicado.
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“La localización de las víctimas ocurrió este 24 de abril de 2025, cuando se desplegó un operativo para dar cumplimiento a una orden de cateo en un inmueble ubicado en el camino de terracería que conduce de La Ceiba a Unión Progreso, en Santiago Sochiapan, dentro del estado de Veracruz”, abundó la FGEO.
“En el lugar hallaron dos fosas donde se encontraban los cuerpos sin vida de las víctimas, cuyos restos fueron trasladados al Instituto de Servicios Periciales para practicar los estudios científicos que nos permitieron establecer la identidad de las personas localizadas, confirmando que se trata de Sandra Estefana Domínguez Martínez y Alexander Hernández Hernández”, agregó la Fiscalía estatal oaxaqueña.
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“Las investigaciones han derivado en acciones concretas como los operativos realizados en Oaxaca, principalmente en la región de la Cuenca del Papaloapan, así como en el estado de Veracruz, donde hemos tenido los hallazgos más importantes dentro del proceso de procuración de justicia”, comentó la FGEO.
“El primero de ellos al encontrar la camioneta de las víctimas, que estaba abandonada en la localidad de Playa Vicente, en Veracruz, mientras que, el 17 de octubre de 2024, aseguramos el teléfono de Sandra Domínguez, localizado en la comunidad de El Nigromante, también en territorio veracruzano, por lo que fortalecimos los trabajos ministeriales en los sitios aledaños”, dijo la Fiscalía oaxaqueña.
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“Por ello, implementamos diversos operativos de campo, como el cumplimiento de órdenes de cateo en diferentes propiedades y ranchos de la zona antes mencionada, siendo el 29 de enero de 2025, uno de los más relevantes, en el rancho ‘El Capricho’, a un costado de la carretera federal 147, en el tramo Palomares Tuxtepec, en la comunidad de Nazareno, Sochiapan, en Veracruz”, señaló la FGEO.
“El objetivo de este despliegue, era dar cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de uno de los probables responsables de la desaparición de las dos víctimas, un hombre identificado por las iniciales A.G.T. [Artemio García Torres], propietario del rancho ‘El Capricho’, quien fue abatido durante el despliegue, pues los elementos de seguridad que participaron fueron agredidos con disparos de arma de fuego, por lo que, al repeler dicha agresión, perdieron la vida: tanto el imputado, así como dos de sus acompañantes, identificados como C.R.V. y A.G.M., mientras que un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno Federal perdió la vida en el cumplimiento de su deber”, expresó la Fiscalía oaxaqueña.
“En el lugar aseguraron las armas utilizadas por los agresores, entre las que emplearon diferentes calibres, como rifles de asalto AR-15 así como AK-47 o cuerno de chivo. Fue resultado de este último operativo que se obtuvo la información que condujo a la delimitación de los polígonos de búsqueda gracias a lo cual establecimos que las víctimas estarían en el lugar en el que, finalmente, fueron encontradas en el operativo realizado el pasado 24 de abril de 2025”, enfatizó la FGEO.
“Las líneas de investigación que sigue la Fiscalía de Oaxaca apuntan a que fueron integrantes de células delictivas que operan en el estado de Veracruz, principalmente, las responsables de la desaparición de las víctimas. Y es que, son precisamente las líneas de investigación que se han establecido desde el primer momento, por las que también hay una persona del sexo femenino que está vinculada a proceso y en prisión preventiva por este caso, se trata de C. E. R. M.”, insistió la Fiscalía oaxaqueña.
“Los avances en el caso permiten establecer sólidas directrices para seguir una ruta bien definida sobre los siguientes pasos en la investigación ministerial que sigue en curso, para saber si hay más personas responsables por la comisión de este delito, con el objetivo que las víctimas directas e indirectas, tengan garantías que tendrán pleno acceso a la justicia”, finalizó la FGEO.
La activista y su esposo fueron vistos por última vez en octubre de 2024, en su domicilio particular, ubicado en el poblado de María Lombardo de Caso, perteneciente al municipio de San Juan Cotzocón, en la región de la Cuenca del Papaloapan.
Desde ese momento, la organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) colocó un contador en su página web, para referir los días que llevaba desaparecida Domínguez Martínez, quien tenía 38 años de edad, era hija del ex diputado Teódulo Domingo Valenzuela Hernández, de profesión abogada y activista Ayuuk, dedicada a defender los derechos de las comunidades indígenas en Oaxaca.
Entre los años 2011 y 2012, Domínguez Martínez trabajó en el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca. Después se desempeñó como coordinadora en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) Federal. Además, se desempeñó como secretaria de Acción Indígena en el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
A finales de 2022, la activista laboró en el Gobierno estatal oaxaqueño, durante la Administración de Alejandro Ismael Murat Hinojosa. Dos años antes, en el 2020, Domínguez Martínez había denunciado por violencia digital al coordinador de las Brigadas, Donato Vargas, por administrar un chat de índole sexual, en donde se difundían imágenes de mujeres mixes desnudas.
“Donato, otra vez eres tú, el que se ve involucrado en un chat de hombres, de funcionarios, en donde exhiben a mujeres en situaciones sexuales. Hace tiempo yo denuncié un chat al que llamaron de nombre ‘Sierra XXX’. Tú mismo Donato, me pediste una disculpa. Aceptaste la existencia de este chat y diste los nombres de tus compañeros funcionarios”, aseguró la activista.
“Burlándote y exhibiendo a mujeres cuando ya hay denuncias y no les hacen caso. A tu expareja por haber sido violentada y abusada por tu parte. Este es el gobierno que tenemos señoras y señores oaxaqueños”, manifestó la también abogada.
