La renuncia de José Ramón López Hernández, por el escándalo de BISOM, fue lo más conveniente para representantes populares y funcionarios implicados en corrupción, omisiones y abusos
El martes 22 de abril, el director de Bienestar Social Municipal (BISOM), José Ramón López Hernández, renunció formalmente ante la alcaldesa Norma Bustamante, en medio de un escándalo de corrupción, donde el contador de la dependencia, Ramón Aguilar, realizó transferencias a cuentas ya identificadas por la autoridad.
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No es esta columna una defensa al hoy ex funcionario morenista, quien ha sido involucrado en otros casos de corrupción -entrega de apoyos económicos a colaboradores cuando era regidor-, pero el problema es más estructural y político.
Previo a los días de la Semana Mayor, el síndico procurador Óscar Vega Marín anunció la investigación por cuatro transferencias económicas realizadas por un funcionario desde BISOM hacia un particular, movimiento irregular que debe ser sancionado, y garantizar la reparación del daño por poco menos de 400 mil pesos.
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López Hernández presentó la denuncia correspondiente, como en el 2019 hizo lo propio la hoy diputada Alejandra Ang Hernández, cuando estaba al frente de BISOM; sólo que, a diferencia de José Ramón, Ang era una de las más cercanas a la entonces alcaldesa, Marina Ávila, y no tuvo mayores consecuencias después de confirmarse la transferencia ilegal de tres millones de pesos a cuentas que nunca lograron rastrearse por diversos motivos, entre ellos, que hasta cierta información -como el número de cuenta- se entregó de forma incorrecta.
Cuando hace unos días se revela el caso de Ramón Aguilar, tanto Óscar Vega Marín, el síndico, como Claudia Beltrán, Oficial Mayor, solicitaron reunión con la alcaldesa y recomendaron la remoción del director de BISOM, dadas las irregularidades, el daño político, y la liga con el robo a las arcas municipales de 2019 (nunca se ha recuperado).
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Ramón Aguilar, tesorero de BISOM y principal sospechoso del robo, es un recomendado del regidor morenista, César Castro Ponce, esposo de Alejandra Ang, quien protagonizó como directora el primer fraude de BISOM por tres millones de pesos, en 2019. Y a ellos nadie los cuestiona.
Estos criterios contrastantes sobre a quién se “castiga” en la administración morenista, hacen recordar otros: por un lado, impulsan el traslado de oficinas gubernamentales al Cine Lux en el Centro de la Ciudad, para “incentivar” las visitas a dicho punto de Mexicali, sin importar el despilfarro de 400 mil pesos al mes en renta. Por otro, se perdona el retraso, y el aumento del presupuesto, al escultor del Cocinero Chino, un monumento de 25 metros, erigido por capricho gubernamental. Y otro exceso cuando, contrario a su voluntad de vivir en un cuartel militar, el ayuntamiento invertirá en una casa para garantizar la seguridad del director, Julián Leyzaola.
Se han cometido tantos errores, excesos y abusos en la administración de Bustamante, pues resulta extraño que, en lugar de despedir a Ramón Aguilar, identificado y señalado como autor material del desvío, la consecuencia sea la remoción del funcionario de primer nivel. Ojo: No se defiende al director, que también puede ser investigado y separado del cargo en lo que transcurre la investigación, sino que se advierte de los diferentes raseros de la alcaldesa sobre lo que tolera de sus colaboradores, bajo los cuales se castiga al jefe, pero se mantiene al empleado corrupto.
Paradójicamente, este contrasentido lo pretenden vender como “combate a la corrupción”, cuando se trata de impunidad selectiva. Y así, el que cargará con el costo político será José Ramón; y los ganones, pues, el síndico Vega, la Oficial Mayor, Beltrán (ambos pretenden imponer a alguien para el manejo del proyecto Pilares), y el recomendado del esposo de la diputada Ang, que permanece impune.
