El 15 de junio del 2021, el entonces gobernador Jaime Bonilla Valdez orquestó el evento más grande de su administración para presumir el arranque de la construcción de la planta fotovoltaica de la empresa Next Energy, que se ubicaría en el kilómetro 27 de la carretera Mexicali-San Felipe.
Ese día dista de la realidad actual, tanto política como gubernamental, pues el hoy petista se hizo acompañar de quien sería su principal rival a los meses, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda; pero también de la alcaldesa de Mexicali, Guadalupe Mora Quiñones, y tanto empresarios como políticos vinculados al partido en el poder, Morena.
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Todo era júbilo, fotografías y hasta reconocimiento de influencers y falsos activistas ambientales.
Hoy, casi cuatro años después de la instalación de la primera piedra, la tierra suelta casi homogénea llega hasta el horizonte, salvo por algunos espacios donde se aglomeran algunas floras desérticas.
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No hay nada en este punto salvo la inmensidad, un camino de terracería inconcluso y cascajo arrojado por constructores irresponsables. Las promesas de la instalación de una planta fotovoltaica que abastecería los más de 80 megawatts requeridos para operar el acueducto que traslada el recurso hídrico del Río Colorado a la Zona Costa del Estado, considerado el servicio más costoso en toda la entidad, se pierden en el aire.
El proyecto que comprometía el recurso de Baja California por 37 mil millones de pesos a pagarse en 30 años, cayó por su propio peso, pues pese a las advertencias de políticos, medio de comunicación y del mismo gobierno del entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre que se trataba de una obra inviable, el gobierno de Bonilla Valdez se desbordó en favor del proyecto.
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Fue tal el compromiso que la empresa Next Energy, propiedad de José Sebastián Maíz García, ex diputado del PRI y político allegado al Presidente López Obrador; y de Eugenio Maíz Doneme, adquirieron el 14 de junio del 2021 -un día antes del evento- un total de mil 100 hectáreas pertenecientes a la sociedad Polo de Desarrollo Cerro Prieto Sociedad Anónima de Capital Variable.
En el contrato de 10 páginas en poder de ZETA y avalado por el notario Luis Alfonso Vidales Moreno, se confirmó que la empresa regiomontana adquirió la propiedad de mil 100 hectáreas, de las cuales la mitad serían utilizadas para la instalación de paneles solares, por un monto de 11 millones de dólares, que serían divididos en los 35 propietarios del Ejido Adolfo López Mateos.
Sin embargo, la empresa sólo cubrió el pago del 50 por ciento y a casi cuatro años de signado el contrato, sólo han recibido largas.
ASEGURAN QUE EL PROYECTO ESTÁ NEGOCIANDO CON LA PRESIDENTA
Desde el kilómetro 27 de la carretera a San Felipe, con ya un intenso calor, ejidatarios de López Mateos, se entrevistaron con ZETA para denunciar esta situación, pues consideran injusto que a casi cuatro años, la empresa siga dando largas para cumplir con el compromiso firmado.
“No nos cumplió desde el 2021, no nos pagó; hemos estado afectados de que han venido otras personas a hacer renta y por la subdivisión no podemos. Hay compañeras que, como dice el compañero, están esperando ese dinero, ya son señoras viudas, que no pueden trabajar, ya sólo viven de la regalía del Ejido”, refirió Antonia Flores Robles, comisaria ejidal de la comunidad, quien aseguró que han recibido ofertas para comprar este terreno y no se puede debido a que la propiedad del mismo está en el aire.
Hugo Alejandro Verdugo Valdez, quien además de ser propietario de hectáreas en la comunidad es representante de los propietarios para este contrato, comentó que no se trata de una venta tradicional, sino que por medio de la persona moral llamada Polo de Desarrollo Cerro Prieto, recibirían una fuerte suma de dinero, pero también un esquema de sociedad -por medio de acciones- con Next Energy.
“Nosotros no les vendimos un proyecto, les vendimos un terreno; a puras promesas nos han traído, parte del pago era de paneles solares”, refirió.
Recordó que por medio de una inmobiliaria se contactaron con los propietarios de las tierras y tras una negociación se acordó el pago para los 35 ejidatarios. Sí bien la utilidad para la empresa son solamente 550 hectáreas, la otra mitad sería adquirida para evitar una posible instalación de algún inmueble como competencia; o bien, para otro tipo de actividades en coordinación con los ejidatarios.
Según el contrato, la empresa se comprometió a pagar la mitad del monto al día siguiente de la firma de contrato, hecho que la empresa cubrió sin mayor problema. La segunda parte se pagaría en cuanto el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Mexicali concluyeran con los trámites de subdivisión del terreno, pero ahí se estancó el procedimiento.
Entrando el año 2022 ocurrieron un par de incidentes que complicaron la situación para los propietarios, pues el 25 de febrero se negó el permiso federal para operar la planta fotovoltaica, y una semana después, tanto el secretario de Hacienda, Marco Moreno Mexía, como el Consejero Jurídico, Juan José Pon, anunciaron una serie de medidas legales en contra de Next Energy, Banca Afirme, encargada del fideicomiso que retendría el dinero que mensualmente se descontaría en favor de la empresa regiomontana; y un total de 7 funcionarios de la pasada administración, incluyendo al ex gobernador Jaime Bonilla Valdez.
Luego de absolver de la acusación a Amador Rodríguez Lozano, el juez Bernardino Ahumada ordenó la vinculación a proceso del ex secretario General de Gobierno; Salomón Faz Apodaca, titular de SEPROA; Karen Postlethwaite, titular de Sidurt; Rodolfo Castro y Adalberto González Higuera, ambos ex secretarios de Hacienda; Octavio Hilton e Israel Clemente González, ex oficiales mayores; y Tulio Pani Vano, representante legal de la empresa (inocentes en tanto no se determine su responsabilidad según el artículo 13 del CNPP).
Verdugo Valdez refiere que tras darse a conocer estos incidentes, y que posteriormente la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda anunciara en una mañanera realizada en mayo del 2022, se había logrado acordar rescindir el contrato con la proveedora de energía.
En medio de la turbulencia que se generó, los propietarios de los terrenos han intentado culminar con el proceso de subdivisión del terreno, luego de meses de posponer reuniones, pero refieren que el Ayuntamiento de Mexicali les informó que no podían hacer una subdivisión.
El argumento referido es que dichos terrenos tenían otro propietario que data de los años 60s, y que si bien no ha reclamado la propiedad -les aseguraron- no podían ejecutar la subdivisión.
Verdugo Valdez afirma que la versión del Ayuntamiento de Mexicali es falsa, toda vez que se trata de terrenos ejidales, y por lo tanto, no tenían dueños anteriormente.
Mediante amparos, recursos legales y todas las medidas posibles, han intentado avanzar con el procedimiento, pero encuentran trabas en el gobierno.
“Todo lo que se refiere en Next Energy, no en el gobierno, es mal visto, pero nos están perjudicando a nosotros como ejido y beneficiando a Next Energy, en realidad el gobierno”, refirió el representante de los ejidatarios, quien aseveró que le han ofrecido a la empresa que le otorgan la parte proporcional del terreno adquirido, pero hay una negativa, pues -asegura- buscan renegociar la planta con la Presidencia de la República para mantenerlo vivo.
Cabe mencionar que en el contrato en poder de ZETA no se establecen responsabilidades derivadas del incumplimiento del contrato y es muy claro al referir el momento en que se generará la erogación. Sin embargo, por las determinaciones de la generadora regiomontana, los propietarios no pueden recibir la totalidad del dinero ni vender la parte proporcional de lo que no se ha pagado.
“No, pues es que no podemos pagarle porque el gobierno nos canceló el contrato. Entonces ahí se empezamos el estira y a afloje y ya fue cuando nos dijeron: ‘Bueno, es que nos interesan las 1000 hectáreas’; dicen: ‘Porque el proyecto nosotros lo seguimos teniendo vivo el proyecto’. Entonces ellos quieren renegociar la planta y por eso les interesa”
Ante esta situación, los ejidatarios decidieron presentar recursos legales contra la empresa, pero sin éxito hasta el momento, así como intentar suprimir la cláusula relacionada con el pago y la subdivisión del terreno.
ZETA envió mensajes al ingeniero Héctor Martínez Vivas, director general de Next Energy, para sostener una comunicación, pero al cierre de la edición no había emitido una postura al respecto.
ESTADO HA COMBATIDO MÁS DE 30 AMPAROS
Por su parte, la defensa del Poder Ejecutivo, a cargo del consejero Jurídico del Estado, Juan José Pon, mantiene múltiples batallas legales tanto con la banca encargada de la creación del fideicomiso, ante la negativa de regresar los 123 millones de pesos que retuvo como primer pago; como con la empresa Next Energy.
La subconsejera jurídica del Poder Ejecutivo, Guadalupe Ricardo, comentó que durante el proceso han tenido que litigar un total de 36 demandas de amparo presentadas por las personas vinculadas a proceso por el contrato leonino firmado entre el Gobierno del Estado y Next Energy.
Hay que recordar que las cláusulas estipuladas durante la administración de Jaime Bonilla Valdez, establecían que en caso que el siguiente gobierno cancelara el proyecto habría una penalización de los 4 a los 12 mil millones de pesos, lo cual continúa en litigio.
Aseveró que en total se han peleado 36 procesos judiciales de amparo por parte de ex funcionarios, de los cuales un total de 18 continúan vigentes, lo que ha provocado que no puedan avanzar en el juicio.
Los procesos que se han llevado a cabo son a través de la vía penal, administrativo y mercantil, donde a la fecha aún no se ha podido rescindir la totalidad de los compromisos pactados por Bonilla Valdez.
Luego de que el Poder Ejecutivo pudiera evitar que se siguieran reteniendo participaciones federales de manera mensual que representaban cada una más de 120 millones de pesos, la banca encargada del caso decidió demandar al Poder Ejecutivo para exigirle que cada mes entregue las aportaciones al fideicomiso. Por fortuna, prácticamente todos los juicios han sido ganados por el Estado.
“El juicio de nulidad, el que te comenté primero, es contra todo el consorcio con el que se construyó; nada más con la distribución, es con es general. Y en los juzgados de Monterrey era el banco contra nosotros dos, contra la empresa y contra el Gobierno del Estado, que le pagáramos todo lo que no hemos pagado: hasta ahorita en las mensualidades son 4000 y poquito más de millones, poquito más de 4000 millones”, indicó.
Respecto al ex gobernador Jaime Bonilla Valdez y su imputación, la abogada Guadalupe Ricardo, aseveró que ha sido notificado para audiencia en cuatro ocasiones y en todas ellas resultó enfermo o con agenda de trabajo, por lo que no podía asistir. Sin embargo, el próximo 21 de abril se llevará nuevamente una audiencia en contra del ahora petista.
