Espiando

Un gobierno como el de Baja California, que desde 2014 fue exhibido internacionalmente como uno de los principales espías a nivel nacional de activistas, periodistas, rivales políticos y demás, debería tener mayor interés en transparentar sus actividades de intromisión en la vida privada de las personas y limitar tales actividades cuando esté justificado legalmente en temas de seguridad pública y procuración de justicia. En ese contexto, la Ley de Transparencia -recientemente abrogada- obliga a gobiernos a informar del uso de tecnología de invasión de privacidad, al menos de una manera general que no entorpezca las investigaciones ministeriales, lo que significa que cada vez que se utilice equipo para hacerlo, o se pida apoyo a empresas de telecomunicaciones, deben informarlo. Sin embargo, en la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda y el bienio de Jaime Bonilla Valdez, jamás reportaron este tipo de acciones ante Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) cuando la Ley estaba vigente. Lo interesante es que, tanto en 2024 como en 2025, la Fiscalía General del Estado titulada por María Elena Andrade ha realizado extracción de metadatos, intervenciones telefónicas o geolocalización, pero no ha informado, argumentando que se trata de investigaciones judiciales. En el apartado Intervenciones Telefónicas de la PNT, la FGE dijo que en enero realizaron un acuerdo para que se clasifique la información como reservada. “Los sujetos obligados deberán incorporan en sus portales de internet y en la plataforma nacional de transparencia, el listado de solicitudes a las empresas concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de internet para la intervención de comunicaciones privadas, el acceso al registro de comunicaciones y la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación, que contenga exclusivamente el objeto, el alcance temporal y los fundamentos legales del requerimiento, así como, en su caso, la mención de que cuenta con la autorización judicial correspondiente. A razón de lo anterior, y por lo que hace a la información dentro de las carpetas, que comprenden el periodo del CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024, estas se encuentran en investigación; por lo que se CLASIFICA como información RESERVADA, mediante el ACUERDO SO-01-2025-03”, refiere el texto donde la FGE debió informar sobre el número de expedientes. Es decir, -efectivamente- han realizado este tipo de acciones y actividades, pero justifican que todas forman parte de investigaciones, y, por lo tanto, son reservadas, cuando la ley establece -y no afecta- que informen cuando utilicen dichas herramientas, mas no información específica de los datos recabados. Con la intención de garantizar la opacidad, la dependencia (porque de autonomía mejor ni hablamos) ha decidido ignorar la ley y omitir la información a la ciudadanía cuando violan su privacidad. Y la pregunta es obligada: ¿Hay garantía que no están usando el programa espía para activistas, periodistas, opositores políticos?