La XVII Legislatura del Congreso de Baja California Sur se encuentra en el ojo del huracán de la opinión pública luego de que, por medio de una sesión privada y con votos en secreto, se rechazó el dictamen que aprobaba iniciar el juicio de procedencia en contra de la diputada del Partido del Trabajo (PT), Alondra Torres, y del subsecretario de Enlace Legislativo de Gobierno del Estado, Ariel Castro.
De acuerdo con información ya confirmada con el Congreso del Estado, el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia determinó que sí había elementos para iniciar el proceso que solicitó la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, sin embargo, nueve votos en contra, siete a favor y una abstención bastaron para frenar el desafuero.
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Organismos e instancias que se enfocan en la lucha contra la corrupción resaltaron que no se puede conocer la decisión de cada diputado o diputada, ya que se votaron en secreto, lo que calificaron como un retroceso y atropello a derechos humanos como la transparencia y al acceso a la información, aunque exista una Ley Orgánica que se los permita.
La Fiscalía Anticorrupción investiga a Alondra Torres, Ariel Castro, Óscar Leggs y Martín Talamantes por el delito de abuso de autoridad por simulación, esto por hechos ocurridos durante el 2022 en el Ayuntamiento de Los Cabos.
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Se advierte que autorizaron un pago de más de 14 millones 170 mil 560 pesos a una empresa que funcionaría como intermediaria financiera para que el Gobierno Municipal, que encabezaba Óscar Leggs, obtuviera un crédito bancario.
Sin embargo, la compañía no realizó ningún trámite o servicio a favor del Ayuntamiento de Los Cabos; aun así, se señala que estos cuatro exfuncionarios autorizaron el pago de la suma millonaria.
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Un día después de la sesión privada, las autoridades del Congreso del Estado procedieron a confirmar la decisión de la XVII Legislatura.
La diputada presidenta de la Mesa Directiva, Arlene Moreno Maciel, insistió en que dicha sesión se realizó “apegada a la legalidad, respeto y congruencia del Poder Legislativo”.
Argumentó que la sesión privada está estipulada en la Ley Orgánica del Congreso del Estado y que se contaba con el quórum legal con la presencia de 17 diputados, no permitiendo la asistencia de la legisladora Alondra Torres, para que el Pleno pudiera emitir sus observaciones y votaciones de manera libre.
El diputado Eduardo Van Wormer, líder de la bancada de Morena, aseguró haber votado a favor del dictamen, insistiendo en que está comprometido con los principios del movimiento de la 4T, sin embargo, declaró que la decisión mayoritaria fue apegada a la legalidad.
Por su parte, el diputado del PT, Omar Torres, desmintió que haya votado en la sesión, confirmando que no se presentó al encuentro legislativo.
“Quiero dejar claro que yo no estuve presente durante esa votación; es decir, no participé en ella porque me encuentro en desacuerdo sobre reuniones extraordinarias en secreto y sin transparencia hacia la ciudadanía y más aún de los votos secretos”, compartió.
Aseguró estar en contra de que el fuero se convierta en un escudo para evitar la justicia que los diputados deben fomentar.
“Los cargos públicos no deben ser refugio de impunidad, y cualquier persona que enfrente una acusación debe responder ante la ley como cualquier otro ciudadano. No hay excusas, no hay excepciones”, añadió.
CONGRESO, ALIADO DE LA IMPUNIDAD
El titular de la Fiscalía Anticorrupción, Lenin Ortiz Amao, detalló que es importante el antecedente de esta solicitud de desafuero, que proviene de una investigación que inicia con una denuncia presentada por la Auditoría Superior del Estado (ASE) y posteriormente por la Contraloría Municipal de Los Cabos.
Las denuncias se acumulan y en su momento se ha formulado imputación y vinculación a procesos a dos exservidores públicos: el exalcalde y extesorero de Los Cabos, Óscar Leggs y Martín Talamantes.
Se advierte la participación de otros dos servidores públicos: Alondra Torres y Ariel Castro, quienes en 2022 fungían como síndica municipal y secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos.
Para el fiscal, el antecedente habla de una determinación judicial por un órgano con la competencia constitucional de resolver sobre la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la probable responsabilidad de las personas que intervienen en este.
“Nos llama mucho la atención la actividad por parte del Congreso porque no es clara. A nosotros nos notifican el viernes. Un oficio que lo hace público la propia página del Congreso del Estado, en donde si se lee, no hay ningún fundamento, no se nos anexó una copia del dictamen, una copia de la minuta”, aseveró.
“Simplemente se nos dice que no alcanzó o que el dictamen se votó en contra por nueve diputados, trascendiendo mediáticamente que el dictamen, elaborado por la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia, venía favorable para que se continuara con el proceso de desafuero”, puntualizó.
Destacó que el dictamen se analizó y se discutió en sesión privada, recalcando que se votó de manera secreta lo que impide que instituciones y la ciudadanía conozcan el sentido de la decisión de cada diputado y diputada de la XVII Legislatura.
Ni siquiera se sabe qué representante popular votó a favor y quiénes en contra del dictamen, ya que el Congreso llevó a cabo el proceso, según palabras del Fiscal, de manera oscura sin que nadie se responsabilice por la impunidad que generan a beneficio de los servidores públicos que se están investigando.
En este escenario, Lenin Ortiz coincidió en que es contradictorio el que se haya negado siquiera iniciar el juicio de desafuero, cuando un juez ya determinó que hay elementos para vincular a proceso a Óscar Leggs Castro y a Martín Talamantes por el mismo caso.
No obstante, subrayó que en la contradicción mientras se justifique es válida, pero no se puede calificar el proceso porque se resolvió en opacidad, en secreto fuera de la supervisión de la ciudadanía, organismos e instituciones.
“Tenemos que entender que vivimos en un Estado de Derecho, donde los principios rectores del servicio público son la máxima publicidad y transparencia. Si el Congreso del Estado se vale de su propia normatividad para oscurecer, ahora no solamente advertimos que la existencia del fuero es un privilegio, sino que la propia reglamentación del Congreso permite esta impunidad”, declaró.
“Se debe avanzar hacia un futuro en el que los servidores públicos sean responsables de sus actos. Aquí no va a haber ningún diputado que diga ‘sí, yo voté en contra’”, agregó.
La situación ahora es esperar que Alondra Torres y Ariel Castro dejen sus cargos para que el juez pueda llamarlos para audiencia inicial, ya que la Fiscalía Anticorrupción no puede solicitar de nuevo el desafuero por el mismo caso.
“Tendríamos que esperar a que terminen su encargo o que por reformas se elimine el fuero constitucional”, indicó.
El fiscal mencionó que, en este caso particular, hay una suspensión del término de la prescripción, pero el punto es que la justicia debe ser pronta y expedita, sin embargo, estas argucias, como podría ser el que “brinquen” a otro puesto con fuero estarían llevándolos ante al juez en un plazo inimaginable.
Cabe recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya determinó que la modalidad de voto secreto en los congresos estatales es inconstitucional, recalcando que la autonomía parlamentaria no es absoluta si se violan derechos humanos como la transparencia y rendición de cuentas.
Sin embargo, la legislatura se ha resistido a armonizar su Ley Orgánica para impedir que esta violación a derechos humanos y a la premisa de máxima publicidad del servicio público, sigan ocurriendo en el Poder Legislativo de Baja California Sur.
LUCHAN POR ELIMINAR EL FUERO
Sergio Villarreal, integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California Sur (SEABCS), comentó que están en la lucha para seguir impulsando la eliminación del fuero constitucional como una medida efectiva para evitar que esto vuelva a suceder.
“Tenemos que erradicar la traba legal, quitar totalmente el fuero a servidores públicos en Baja California Sur; es una iniciativa basada en principios de legalidad y transparencia, y a nivel mundial en el que las personas debemos vivir libres de hechos de corrupción”, manifestó.
El especialista en el combate a la corrupción recalcó que no pueden seguir estos privilegios de protección a personas vinculadas por hechos de corrupción.
Con respecto a lo sucedido en el Congreso, mencionó que el procedimiento está dentro de la Ley Orgánica y que la decisión está dentro de las facultades del Poder Legislativo, sin embargo, la situación conlleva una contradicción.
“Si bien es cierto es un procedimiento normado, no llegó a ninguna comisión de instrucción, en sesión y votación secreta: quién votó a favor y quien en contra no se puede saber. Es un mensaje erróneo a la ciudadanía”, sostuvo.
Recordó que ya hay dos exservidores públicos que, por el hecho de no haber alcanzado un puesto con fuero en el último proceso electoral, fueron llamados ante el juzgado y están vinculados a proceso.
“Esto del fuero va más allá, cuando se cueza el derecho penal y la política. En la propia Constitución se señala que ningún servidor público quedará exento de responsabilidad administrativa”, compartió.
“Se creó impunidad en la realidad, todo lo que dice la Constitución y la Ley de Responsabilidades Administrativas”, apuntó.
En este sentido, el representante del CPC acusó que el mensaje que el Congreso del Estado manda a la población es que sus funcionarios no son sujetos que se regirán bajo estos mecanismos y normativas jurídicas.
Desde octubre del año pasado hacen acompañamiento a la diputada de Morena, Guadalupe Vázquez Jacinto, donde realizan foros para pedir la opinión de la ciudadanía y profesionistas, sociedad civil, incluyendo a todos los representantes para preguntar si están de acuerdo con la eliminación del fuero.
Por último, también precisó que el Poder Ejecutivo puede decidir en cualquier momento la separación del cargo de Ariel Castro, atendiendo a esos mensajes que el gobernador, Víctor Castro Cosío, insiste en replicar mensajes de una supuesta lucha contra la corrupción.
