Igual que sus antecesores, el alcalde Ismael Burgueño Ruiz optó por rentar servicios, bajo la promesa de lograr ahorros en el gasto del Ayuntamiento de Tijuana y que haya una mejora en seguridad, luminarias y recolección de basura, entre otras tareas prioritarias que el gobierno debe proporcionar a la ciudadanía.
Sin embargo, los objetivos podrían no lograrse dada la experiencia con los contratos otorgados por administraciones pasadas a empresas, algunas señaladas de incumplimientos, y cuyas cotizaciones formaron parte de los documentos que evaluó el Congreso de Baja California para autorizar al municipio suscribir contratos plurianuales hasta por siete mil 500 millones de pesos.
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Los estudios de mercado a los que tuvo acceso ZETA sugieren que los contratos plurianuales podrían implicar la expansión de servicios con empresas contratadas en otras administraciones, durante las cuales los servicios no mejoraron sustancialmente para la ciudadanía.
De 15 cotizaciones (3 por cada contrato) cuatro empresas: Servicios Logísticos Keiser S.A. de C.V., Arrendadora Shel-Ha S.A. de C.V., Power Iluminare S.A.P.I y Grupo Turbofín S.A.P.I., plantearon un monto que no rebasó la cantidad máxima autorizada para los contratos de cámaras de videovigilancia, patrullas, luminarias y camiones de recolección de basura.
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Alonso López Sepúlveda, director de la Secretaría de Gobierno Municipal, negó que las empresas a las que se requirió la cotización “tengan una puerta abierta” en el proceso de contratación formal que se hará mediante licitación, y que esas compañías hayan expresado interés en participar, habida cuenta que algunas ya son proveedoras del municipio.
No obstante, las empresas cotizantes podrían obtener los contratos plurianuales, ya que tampoco descartó que vayan a participar en las licitaciones, cuyas bases serán lanzadas a más tardar el 16 de abril.
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En entrevista, López Sepúlveda hizo énfasis en que las cotizaciones se hicieron para tener un precio de referencia y determinar algunos montos, porque es parte de los requisitos para que el Cabildo y el Congreso autoricen al Ayuntamiento iniciar los procedimientos de adjudicación de los contratos plurianuales.
“Lo que hicimos fue tener unas cotizaciones de referencia para saber cómo andan los productos y se pidieron cotizaciones a diferentes empresas de diferentes ramos, mínimo a tres, pero no quiere decir que ya sean las cotizaciones formales”.
Todavía hay que entrar al proceso de licitación conforme a la ley, en el que incluso las mismas empresas consultadas u otras podrían cotizar de forma diferente, siempre que no se exceda la cantidad máxima autorizada.
“Quienes cumplan con los requisitos de disponibilidad de los equipos, de capacidad económica y todos los demás requisitos que se establezcan para garantizar el servicio para el Ayuntamiento y para la ciudadanía van a poder participar en las licitaciones”. Los contratos plurianuales podrían firmarse a mediados o finales de mayo, una vez que sea hecha la licitación, previó el funcionario.
CONTRATO DE CÁMARAS POR 15 AÑOS
El único contrato que excederá el trienio de Ismael Burgueño es el relativo al servicio de cobertura y modernización del sistema de videovigilancia que contemplará seis mil 366 cámaras, por hasta tres mil 276 millones 451 mil 807.20 pesos, a un plazo de 15 años (180 meses).
En el Proyecto Ampliación de cobertura del Sistema de Video Vigilancia, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tijuana, argumentó un déficit en su fuerza policial y de herramientas tecnológicas, para justificar la contratación del mantenimiento de dos mil 122 cámaras que actualmente ya operan en 512 puntos de la ciudad y la colocación de cuatro mil 244 cámaras en mil cuatro puntos adicionales.
Llama la atención que, en el estudio de mercado entre las empresas Servicios Logísticos Keiser S.A. de C.V., MBIT S. de R.L. de C.V. y Softlife Desarrollos S.A. de C.V., la cotización de la primera haya sido por tres mil 276 millones 451 mil 800 pesos (IVA del 16% incluido). Cifra idéntica al monto máximo autorizado para dicho servicio. El resto de las cotizaciones exceden el límite.
Además de que Servicios Logísticos Keiser fue una de las 55 empresas de seguridad, ubicadas en Tijuana, que perdieron su permiso de operación entre 2022 y 2024, por diversas irregularidades como no acreditar su domicilio legal, no pagar sus multas y tener un “socio con registro negativo a su nombre”, según información difundida en noviembre del año pasado por la SSPC estatal.
Servicios Logísticos Keiser sería la proveedora del servicio de mantenimiento de las cámaras con las que ya cuenta la ciudad ya que, en 2019, Global Sigth S.A. de C.V. cedió sus derechos y obligaciones a esta empresa.
En febrero de 2020, el entonces alcalde Arturo González Cruz, informó sobre un acuerdo para que Servicios Logísticos Keiser instalara mil 500 cámaras adicionales a las 525 que tenía Tijuana, bajo un contrato por 539 millones 805 mil 420 pesos, por un plazo de siete años, a cambio de que Global Sight y Global Corporation se desistieran de la disputa legal que mantenían con el Ayuntamiento por la que fue condenado a pagar mil 500 millones, derivado del incumplimiento del municipio de un contrato otorgado en la administración de Jorge Hank Rhon.
Sobre qué ocurrirá con el acuerdo firmado por González Cruz que fenece en 2027 al darse el nuevo contrato plurianual, el alcalde Ismael Burgueño dijo: “se reestructura, se convierte en un solo contrato, donde vamos a garantizar la instalación de 6 mil cámaras que serán colocadas de manera estratégicas en el municipio”, cuya tecnología “nunca será obsoleta” porque se seguirá actualizando tanto el software como el equipamiento.
DESTINARÁN 946 MILLONES A PATRULLAS
El Congreso aprobó que el Ayuntamiento destine hasta 946 millones 372 mil 185.99 pesos para rentar 431 patrullas para la policía municipal, del 1 de abril de 2025 al 30 de septiembre de 2027.
Según las cotizaciones de Estelum Corporation S.A. de C.V. (1,120 millones de pesos), Grupo Turbofín S.A.P.I de C.V. (1,010 mdp) y Arrendadora Shel-Ha S.A. de C.V. (943.2 mdp). La propuesta de la última es la única que no excede el límite de las cantidades asignadas para el monto global del contrato y los definidos por cada año 2025, 2026 y 2027.
Esta empresa fue contratada en 2022 por la administración de Montserrat Caballero, mediante adjudicación directa, para el arrendamiento de 260 patrullas, pero al no cumplir con la entrega total de las unidades le fue dada una prórroga según las declaraciones del entonces Oficial Mayor, Marcelo de Jesús Machain Servin.
Pese a ello, el gobierno anterior entregó otro contrato por adjudicación directa a la misma empresa en 2023 (ADQ-2023-AD-004-FORTAMUN) para el arrendamiento de 287 patrullas por 237 millones 331 mil 215.80 pesos.
El cual fue observado por la Auditoría Superior de la Federación, al identificar que el acta de entrega recepción de los vehículos no estipula las características indicadas en el contrato, y en los reportes fotográficos de algunos vehículos “no se aprecia” que hayan estado equipados con las especificaciones señaladas en el contrato, por lo que no se contó con la documentación justificativa y comprobatoria suficiente de los vehículos adquiridos, así como de su operación.
Los resguardos de equipo de transporte de las unidades de la entrega para el usuario final fueron firmados en 2022, 2023 y 2024, por lo que los vehículos se encontraron “sin uso en el almacén”, indicó la ASF.
Según el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía (SIGER) la empresa fue constituida el 13 de octubre de 2009, por Carlos Alfredo Juraidini Rumilla, Ernesto Mizrahi Haiat y Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol.
En el sexenio de Felipe Calderón, Carlos Alfredo fue separado de su cargo como director de adquisiciones de la Secretaría de Gobernación para investigar el proceso de compra del avión Lear Jet que se desplomó, matando al entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, y a otros funcionarios, en noviembre de 2008.
Carlos Alfredo es hermano del exdiputado priista y extitular de Telecomm, Jorge Juraidini. Su familia ha tenido actividad empresarial en Puebla y Veracruz. Mientras que Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, habría tenido vínculos directos o indirectos con los involucrados en el caso Florence Cassez, así como la Agencia Federal de Investigación (AFI), según la revista Proceso.
LUMINARIAS PARA TRES DELEGACIONES
Para el contrato de renta de hasta 30 mil luminarias en las delegaciones La Presa, La Presa Este, Sánchez Taboada y San Antonio de Los Buenos, por un plazo no mayor a 30 meses, cuyo monto máximo será de 313 millones 394 mil 445 pesos, el Ayuntamiento recibió las cotizaciones de Comercializadora Bioiluminación S.A. de C.V., Power Iluminare S.A.P.I. (ambas constituidas en Jalisco) y Latnot S. de R.L. de C.V., en Tijuana.
La única que se ajusta al monto máximo es la propuesta de Power Iluminare, con un precio de 313 millones 165 mil 200 pesos. El resto excede el límite autorizado. Power Iluminare junto con otras empresas ha sido señalada de haber recibido un contrato de luminarias de cuatro mil millones de pesos, por una licitación con irregularidades, hecha por el entonces presidente municipal de Zapopan y hoy gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro.
PARA CAMIONES DE BASURA 870 MDP
Por otro lado, el gobierno de Tijuana destinará como máximo 870 millones 484 mil 068.30 pesos para el contrato plurianual para la renta de 129 camiones recolectores de basura, por un plazo que no exceda al 30 de septiembre de 2027.
La empresa Administradora Muriblu S.A. de C.V. propuso una cotización por 30.3 mdp mensuales, Estelum Corporation S.A. de C.V., 30.1 mdp y Grupo Turbofín S.A.P.I de C.V. por 28.3 mdp. La propuesta de esta última, con camiones de modelos 2022-2025, sería la que se ajustaría al límite autorizado, con un monto total de 849.04 mdp.
Llama la atención que la cotización de Turbofín también es la única que considera un centro de atención (call center). Uno de los requisitos que deberá cumplir el proveedor según lo señaló el Ayuntamiento en los beneficios administrativos, técnicos, logísticos y operativos que justifican la contratación plurianual, según la documentación enviada al Congreso.
En declaraciones a la prensa, en mayo de 2022, el entonces síndico Rafael Leyva Pérez afirmó que se había detectado que la mitad de las unidades rentadas a Turbofín en ese entonces no estaban funcionando, por lo que se analizaría rescindir el contrato. Sin embargo, en 2024 esta empresa ganó una licitación para rentar 74 camiones al gobierno.
La titular de SDTUA, Virginia Alejandra Vargas González indicó que actualmente el municipio cuenta con alrededor de 180 camiones que recolectan basura, de los cuales aproximadamente 90 son rentados con Turbofín y están operando.
“Hemos logrado nuevas rutas de basura sin haber adquirido más camiones, solamente con una reorganización de las mismas”, mientras que ahora la cobertura del servicio es de 70 por ciento. Se pretende que con el contrato plurianual suba al menos a 90 por ciento la cobertura.
“Vamos a revisar con la nueva Secretaría Ambiental que fue creada hace poco toda esta parte del ambiente” dijo Virginia Vargas sobre si habrá mejoras en cuanto al reciclaje y reúso de materiales en el servicio de recolección de basura con este nuevo contrato plurianual.
Así como el contrato plurianual de obra pública, por más de dos mil mdp, en el que se contempla la rehabilitación de tres estaciones de servicio y la construcción de una adicional en la delegación Otay.
