La exhibición del Departamento del Tesoro de EE.UU. sobre mexicalenses involucrados con el narco por lavado de dinero, dejó huecos y expuesta a una generación de allegados políticos y empresarios
Cuando la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda fue cuestionada por medios de comunicación en la mañanera del martes 8 de abril, sobre el “narco funcionario” Christopher Ortega Lomelí, quien trabajaba como analista en la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario y que fue exhibido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, como lavador de dinero del Cártel de Sinaloa, se limitó a decir que no lo conocía y se retiró del lugar.
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Con una frase minimizó la acusación a un trabajador de su gobierno, que si bien es cierto es un analista de bajo rango (y que lo más probable es que realmente no lo conozca), la realidad es que entró a trabajar en su administración bajo el cobijo de José Gabriel Gálvez Beltrán, titular del sistema penitenciario.
El Gobierno de Estados Unidos exhibió a una red de lavadores de dinero del Cártel de Sinaloa allegada a La Chapiza, lo que resulta curioso entendiendo que la mayoría de las actividades ilícitas en la Capital bajacaliforniana son dirigidas por Los Rusos, grupo antagónico de los vástagos de Joaquín Guzmán Loera, preso en el vecino país del Norte.
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Sí bien toda la atención se focalizó en este trabajador, la realidad es que existen otros perfiles de mayor nivel dentro del rango criminal y sus ligas con actividades ilícitas en Ciudad de México, Sinaloa y Estado de México, donde los mexicalenses brillaron por su influencia.
El primero de ellos fue referido como originario de la Ciudad de México, de nombre Alberto David Benguiat Jiménez, quien fue colocado como uno de los líderes de la estructura financiera de lavado de dinero para Enrique Dann Esparragoza Rosas y Adán Viramontes Sesteaga.
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Aunque el Gobierno de Estados Unidos lo identificó como originario de Ciudad de México, la realidad es que es oriundo de Mexicali; ya era ubicado como un presunto narcotraficante del Cártel de Sinaloa, cuando en el año 2023 fue exhibido ante medios de comunicación por haber causado destrozos a bordo de un vehículo Lamborghini, el cual se redujo a chatarra luego de causar múltiples daños a vehículos estacionados, en Polanco.
El automóvil de siete millones de pesos, fue reclamado por otra persona, de nombre Julio César Licea López, de 47 años de edad, quien dijo ser originario de Mexicali, concretamente del domicilio marcado con el número 599, sobre la calle Navolato, en la colonia Nueva Esperanza, de Mexicali, una comunidad de condición humilde ubicada al Poniente de la ciudad.
Desde ese momento ya se le vinculaba por medios de comunicación y autoridades de la Ciudad de México como un posible operador del Cártel de Sinaloa, y si bien tiene años viviendo en la Capital del país, en Mexicali cuenta con muchas relaciones y familia; al grado que su hermana, de nombre Adriana Angélica Benguiat Jiménez, cuenta con una vivienda en uno de los residenciales más exclusivos de Mexicali cuando en el año 2002 residía en el fraccionamiento Paseos del Sol.
Según el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, la fémina comparte propiedad con un sujeto de nombre Luis Mohedano López, el cual aparece como dueño de negocios de diversos giros, desde vehículos hasta publicidad. Sin embargo, documentos en poder de ZETA refieren además que la hermana -quien no fue expuesta como integrante de ningún grupo delictivo- se dedica a la importación de productos, lo cual queda constar en procedimientos administrativos que ha tenido que enfrentar tanto en Sinaloa como en Tijuana, por temas relacionados a productos de procedencia extranjera.
Alberto David Benguiat Jiménez también es propietario -según el RPC- de la empresa Productions Pipo, radicada en Ecatepec, junto con una persona no mencionada por autoridades estadounidenses como Felipe de Jesús Reyes Ayala.
El Departamento de Estado exhibió los nombres de algunas empresas, como TAPGAS México, S.A. de C.V., fundada en 2018 y ubicada en Culiacán, Sinaloa, como una de las empresas lavadoras de dinero. Lo que no dijo es que la empresa es propiedad de Enrique Dann Esparragoza Rosas y de otros socios, como Juan Antonio y Efraín Rochín Arámburo, y Ezequiel Rangel Ibarra, radicados en aquella entidad.
Scatman & Hatman Corp, es otra de las empresas señaladas por el gobierno vecino, cuyos propietarios son Araceli López Esquivel y Alfredo Mayorga Galindo, que, según la información disponible en la página del DIF de la Ciudad de México, son padres de Alfredo Saúl Mayorga López, ex jefe de la Unidad Departamental de la institución, durante el gobierno de Claudia Sheinbaum. La empresa fue fundada en 2021
Grupo ZIPFEL de México, es otra empresa radicada en Naucalpan, cuyos propietarios son Eduardo Macías Ramírez y Javier Benítez Vega, los cuales también son propietarios de otra empresa llamada Grupo Vindende S.A de C.V., creada en la misma fecha.
Las empresas vinculadas son Grupo Unter Empresarial, radicada en Cuautitlán Izcalli, y Personas Unidas HOAS, radicada en Ciudad de México.
