En el transcurso del segundo semestre de 2025 iniciará la construcción de cuatro carriles confinados de peaje en el Corredor 2000, según la proyección de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT) que no contempla el plebiscito solicitado por residentes aledaños a la vialidad inconformes con que el proyecto sea una concesión privada y la población deba pagar cuota por transitarla.
Los carriles confinados se construirán en la parte central de la vialidad, en el tramo que va de la caseta de cobro de la Autopista Tijuana-Tecate a la Carretera Libre Tijuana-Tecate. La cuota sería entre 30 y 40 pesos por vehículo ligero y, entre 60 y 75 pesos por vehículo de carga. En esos 12 kilómetros también se rehabilitarán cuatro carriles ya existentes, cuya circulación seguirá siendo libre de pago. La inversión de la obra sería de ml 500 millones de pesos.
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Hasta el momento se desconoce qué empresas están interesadas en el proyecto. Empero, se sabe que “continúa el proceso de análisis de propuestas presentadas” para adjudicar la concesión a 30 años, mediante licitación por invitación.
Dado que el proyecto no representa ningún beneficio para los usuarios que circulen por los 30 kilómetros restantes del Corredor 2000 (de la Carretera Libre Tijuana-Tecate a Popotla) donde el concreto hidráulico presenta grietas y baches, falta iluminación y señalamientos, Arturo Espinoza Jaramillo, titular de SIDURT, adelantó que no se descarta que “en el futuro pueda concretarse otro proyecto para la parte sur del Corredor”.
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De acuerdo con el funcionario, se han invertido más de 50 millones de pesos en el alumbrado público, así como en mantenimiento de pluviales en la vialidad, ubicada en el Este de Tijuana. Actualmente está ejerciendo 9 millones para reparar algunas losas de concreto, colocar señalamiento vial y alumbrado del kilómetro 35+000 al 40+000, cerca de Rosarito.
Además, afiliados a Compañías Mexicanas de la Industria de la Construcción de Ensenada (Comice) hicieron jornadas de limpieza del camellón a lo largo de 23 kilómetros que no están sujetos al título de concesión, de cara al Tianguis Turístico 2025.
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El secretario estatal de Hacienda, Marco Antonio Moreno Mexía, aseveró el 8 de abril que el proyecto estará siendo licitado en el primer semestre de este año y se trata de una “concesión pura”. El Estado no aporta ni recursos, ni garantía, y obliga a la empresa que gane la licitación a realizar las inversiones.
“Seguramente se van a apuntar empresas grandes, de mucha capacidad económica, el retorno de la inversión es a largo plazo, y al haber restricciones a la tarifa, no cualquier empresa tendrá la capacidad”, indicó a ZETA.
En octubre de 2021, antes de que iniciara el gobierno actual, cuando Moreno Mexía que entonces se perfilaba para ocupar la Secretaría de Hacienda, bosquejó el proyecto en una entrevista con esta casa editorial. En ese momento declaró que el Estado buscaría impulsar proyectos de inversión que generen flujo de recursos, como el Bulevar 2000. “Hay un plan que pudiera permitir cobrar a todo el tráfico industrial un aforo por el uso de la vialidad y que se justifica de manera muy clara por las condiciones en las que está”, refirió entonces.
El 25 de abril de 2022, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda anunció el programa Respira, que, entre otras obras viales, contemplaba la construcción de dos carriles confinados en 12 kilómetros del Corredor 2000. En ese entonces se proyectó que una empresa privada o el Fideicomiso Administrativo de la Rumorosa (FIARUM) financiarían el proyecto, valuado en 700 millones de pesos.
El jueves 10 de abril, el titular de SIDURT indicó a ZETA que FIARUM “no tiene capacidad financiera”, y previó que en la primera semana de mayo el gobierno iniciará la licitación por invitación para poder otorgar el título de concesión.
Mientras se define, residentes cercanos al Corredor, apoyados por algunos legisladores federales de Morena, continúan gestionando que el Instituto Estatal Electoral (IEE) realice un plebiscito sobre el proyecto.
El 8 de abril se habían verificado 7 mil firmas de las más 18 mil entregadas. “A mediados de la próxima semana, ya estaría al 100 por ciento y estaríamos en la espera de la contestación del Instituto”, estimó la diputada federal Evangelina Moreno Guerra.
Lo “ideal” es que se haga el 1 de junio (cuando serán las elecciones del Poder Judicial federal y estatal), aunque “ya no da tiempo” porque la Ley de Participación Ciudadana contempla 60 días para incluirlo en la convocatoria, reconoció la morenista.
En entrevista, consideró un “contrasentido” que el gobierno estatal privatice vialidades cuando en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se decidió invertir en el Viaducto Elevado Aeropuerto-Playas manteniéndolo como una vía gratuita, aunque originalmente se había propuesto de peaje.
“Nosotros nos vamos en dos años, ¿por qué debemos sentenciar a 30 años a la población a estar pagando en casetas de cobro?” La concesión pretende ocupar el espacio que se había destinado a carriles que ampliarían el Corredor 2000 cuando creciera la población de la zona, lo cual ya ocurrió. La concesión no es viable, tampoco se nos ha dicho si ya se acudió al gobierno federal para recibir apoyo para esta obra”, aseveró.
A decir del abogado José Ángel Peñaflor, el plebiscito podría efectuarse después del 1 de junio, porque no necesariamente tiene que hacerse en la jornada electoral y sería de carácter municipal. De obtenerse una respuesta negativa por parte del IEE, “se recurrirá al tribunal estatal”, advirtió.
En opinión de la legisladora petista Yohana Hinojosa Gilvaja, las concesiones del gobierno estatal son una forma “muy retorcida” del programa Respira, ya que éste “prometió una liberación de tráfico en Baja California, sobre todo en Tijuana, y pues está dando una liberación de tráfico, pero a cambio de una compensación monetaria”.
En febrero de 2025, la legisladora promovió un exhorto en el Congreso local dirigido al titular de SIDURT para reconsiderar el cobro de cuotas y consultar a la población sobre el proyecto.
En la respuesta, la Secretaría indica que el proyecto “… pretende que sean los transportes de carga y pasajeros en su mayoría o en gran parte los que paguen la cuota que se impondrá al otorgar la concesión (…) con la finalidad de desfogar los carriles que quedarán a lado de ambos sentidos para que sean utilizados por la población en general”.
Será “opcional” el uso de los carriles confinados y el Poder Ejecutivo estatal “no cuenta actualmente con recursos suficientes para llevar a cabo la obra”, añadió.
“Lo que realmente hace falta es gestionar y no estar viendo todo como si fuera un negocio”, afirmó Hinojosa al considerar las obras por parte de la Federación fueron impulsadas por el anterior gobierno.
RIOBÓO SIGUE PARTICIPANDO EN PROYECTO DE VÍA ELEVADA
Aunque no aparece en el título de concesión por 30 años otorgado a Supervía Bajacaliforniana Elevada de Tijuana, SAPI para el segundo piso del Nodo Morelos-Otay, la empresa del ingeniero civil José María Riobóo Martín (considerado cercano al ex presidente Andrés Manuel López Obrador) continúa desarrollando el proyecto.
“Riobóo sigue trabajando con las empresas que son titulares de esta nueva empresa. Incluso las reuniones técnicas son con Riobóo”, expuso Arturo Espinoza. Explicó que la empresa ya hizo estudios de suelo y está desarrollando el proyecto ejecutivo, cuya inversión rondaría los 18 mil millones de pesos.
“Están considerando entre 15 y 16 kilómetros de largo, hasta lo que sería el Nodo Centenario” agregó el funcionario, a la vez de negar que sea una longitud mayor a la proyectada inicialmente.
Según el título de concesión, la vialidad elevada abarcaría 12.06 kilómetros, tendrá seis carriles, una altura de al menos 5.50 metros y será de peaje.
“Estamos en reuniones técnicas para confirmar el trazo, el tipo de estructuras a utilizar, para que se afecte lo menos posible al tránsito, como no poner columnas en los carriles actuales “y si hay que ponerlas ver cómo lo solucionas”, expuso.
El 14 de marzo, en el Periódico Oficial se publicó el título de concesión a Supervía Bajacaliforniana Elevada de Tijuana, SAPI. Empresa constituida por el consorcio de Impulsora Desarrollo Integral; SA de CV (IDINSA); SPV PRO T, SAPI de CV; Demego, SA de CV y Normandia Invest, SAPI de CV.
Según el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía federal, tres de las cuatro empresas que forman parte del consorcio (SPV PRO T, Demego y Normandia Invest) fueron constituidas en diciembre de 2024, días antes de que crearan Supervía, la cual tendría el propósito específico de desarrollar la obra.
SPV PRO T es propiedad de Antonio Boullosa Madrazo, quien además figura como accionista de Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura (Prodemex) y de Grupo Empresarial Ángeles, de Olegario Vázquez Raña.
En septiembre de 2024, el ISSSTE firmó un convenio con Prodemex para finalizar una Asociación Pública Privada (APP) y tomar el control del Hospital General “Dr. Daniel Gurría Urgell” de Villahermosa, Tabasco, luego que el ex primer mandatario Andrés Manuel López Obrador acusara que eran negocios “leoninos”.
VIADUCTO A PLAYAS AVANZA 78%
El último reporte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) indica que el Viaducto Elevado Aeropuerto-Playas lleva un avance físico del 78 por ciento. Asimismo, continúa el compromiso de concluir el tramo garita San Ysidro al Cañón del Matadero en el transcurso de 2025, refirió SIDURT.
En un recorrido hecho por ZETA el 6 de abril, se observó que sobre el Cañón del Matadero al menos hay cerca de diez pilas edificadas que soportarán el puente que conectará el túnel del fraccionamiento Soler con la carretera a Playas, aunque se desconoce si ya concluyeron los trabajos del túnel.
En la Avenida Internacional se observa que habría concluido la colocación de las pilas y la parte superior por donde circularán los vehículos. Está la conexión con el túnel del fraccionamiento Soler. En las inmediaciones de la sede municipal del PRI también es notorio el avance de la rampa de acceso a la vialidad elevada. En el sentido opuesto, las pilas no están terminadas.
En el Cañón Zapata ya se han edificado algunas pilas. Más al norte, también pegado al muro fronterizo, es visible la construcción del puente falso Emiliano Zapata, que conectará al viaducto con la carretera al aeropuerto.
En esa parte de la colonia Libertad se registraron accidentes el 24 de enero y 19 de marzo, en los que tres trabajadores resultaron con heridas leves. Mientras que en las inmediaciones de la canalización del Río Tijuana se registró un hecho similar el 29 de marzo, horas después de la visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Víctor Gabriel González, presidente de Comice Tijuana-Tecate-Rosarito, consideró que los accidentes podrían deberse a la dirección de la obra: “Es un tema de liderazgo. Si bajamos una buena información en temas de seguridad a nuestro personal, que todos cuenten con sus equipos de protección personal y que tengamos un equipo de seguridad (…) reduce en gran manera el porcentaje de accidentes que se han venido mencionando en los últimos meses”.
Asimismo, estimó necesario que en los proyectos “volteen a ver” a empresas locales para que la derrama económica que generan se quede en Tijuana. En el viaducto hay algunas empresas locales que están subcontratadas, pero “gran parte de las que están ahí son del interior del país”.
Por otro lado, residentes de la colonia Libertad, en voz de Mayra Montoya, expresaron preocupación porque después de que se adquirió un predio privado de alrededor de mil 300 metros cuadrados para un parque, ninguna autoridad ha socializado el proyecto.
“Queremos tener la certeza de que este predio no va a ser invadido, porque ha sido muy codiciado por la gente, incluso Sedena desalojó a unas personas que lo querían invadir”, sin que hasta el momento haya acercamiento con la delegada de Otay Centenario, Claudia Casas Valdez.
“He intentado hablar con ella, le he escrito… pero no tengo respuesta, nada más me deja en visto, lo cual genera desconfianza”, agregó Mayra.
Al respecto, SIDURT indicó que una vez concluido el viaducto se podrá realizar un estudio de las áreas verdes, aclarando que para entonces “deberá ser necesaria la coordinación con el Ayuntamiento de Tijuana”.
