El Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria de Baja California (CEFPPBC) -que preside Gustavo Rodríguez Cabrales-, a su vez presidente de la unión ganadera local, presentó un juicio de amparo contra el requerimiento de información que le hizo la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), derivado de una auditoría iniciada por la Secretaría de Honestidad y Función Pública (SHFP) a la Sader.
El 11 de abril de 2025 el Juzgado Segundo de Distrito en Mexicali concedió la suspensión provisional “únicamente para que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran” en el expediente 445/2025, hasta en tanto la Sader de Juan Meléndrez Espinoza y la SHFP de María Gabriela Monge Pérez rindan el informe previo y el informe justificado.
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El juicio de amparo reclama el oficio del 1 de abril de 2025 con el que el Subsecretario de Agricultura solicitó al Comité información sobre el Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, de los periodos fiscales del 2022, 2023 y 2024, con el fin de desahogar una orden de auditoría.
En la demanda de amparo, el Comité habría argumentado que, las autoridades estatales no tienen competencia, y justifican se trata de una “maniobra para descarrilar” la candidatura de Gustavo Rodríguez en la contienda para la elección de presidente del Consejo Directivo de la Unión Ganadera Regional de Baja California, para el periodo 2025-2028, a celebrarse el 25 de abril próximo, titularidad en la que ya acumula 12 años.
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En tal proceso electoral en el que Gustavo Rodríguez pretende reelegirse por quinta vez y compite con Raúl Yagües Tejeda. Los argumentos esgrimidos por el Comité en su demanda de amparo estarían acompañados de pruebas sobre un video difundido el 18 de marzo en Facebook en el que Raúl Yagües hizo público que solicitó a la Secretaría General de Gobierno de Alfredo Álvarez Cárdenas hacer una auditoría al Comité.
Así como una publicación del 19 de marzo, en la cuenta oficial de la Secretaría General de Gobierno, en la misma red social, en la que se observan diversas fotografías de la reunión que sostuvo Alfredo Álvarez Cárdenas y un grupo de ganaderos encabezado por Raúl Yagües, acompañadas de un mensaje que hace referencia a que uno de los acuerdos tomados fue colaborar para que San Quintín y San Felipe sean acreditadas como zona libre de tuberculosis bovina.
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Sin embargo, en una entrevista inicial de ZETA para la edición impresa del semanario, fue precisamente Álvarez Cárdenas quien comentó que tal indagación oficial “era una auditoría de rutina”, argumentó que al mismo tiempo se auditaba a otras dependencias.
La secretaria de Honestidad, María Gabriela Monge, dijo a ZETA que efectivamente la dependencia que encabeza fue notificada del juicio de amparo el 15 de abril. “Apenas estamos leyendo la demanda”, nosotros atenderemos y recurriremos al juicio como lo debemos hacer por obligación, a través de mi área jurídica.
El plazo para que la Secretaría de Honestidad envíe el informe previo es de 48 horas y del informe justificado, 15 días. “Ahorita están en semana vacacional (los juzgados) hay que ver si están corriendo términos”.
La funcionaria consideró que no se alargará la auditoría a la Sader por el juicio de amparo, ya que sigue su curso la auditoría amplia a la que este año la Sader junto con otras 24 dependencias están siendo sometidas.
AUDITORÍA EN PROGRAMA ANUAL: SECRETARÍA DE HONESTIDAD
En la edición impresa número 2664, del semanario ZETA, que está circulando desde este miércoles 16 de abril, esta casa editorial informa sobre las declaraciones de Alfredo Álvarez en el sentido de que la auditoría a Sader se extendió al Comité de Fomento y Protección Pecuaria, porque el programa de inspección fitozoosanitaria se hace de forma conjunta entre el gobierno del Estado, la Federación y el Comité.
Sin embargo, María Gabriela Monge aclaró que la Secretaría de Honestidad no le ha requerido información al Comité de Fomento, pues sólo se ha solicitado información a la Sader. “Yo me dirijo directamente a la Secretaría de Agricultura. Ahí tienen subdirecciones. Tienen la dirección de Inocuidad e Inspección y de Ganadería. Ellos son los que me deben proveer la información”
La auditoría a la Sader está dentro del Plan Anual de Trabajo de la Secretaría de Honestidad, que se comenzó a trabajar en octubre de 2024, aseguró la funcionaria, sin precisar si la auditoría corresponde al ejercicio fiscal 2024 o también involucra anteriores.
La auditoría amplia consiste en una revisión de todas las unidades administrativas de la Sader. “Vemos que las funciones y atribuciones que a cada quien competen estén en atención a su haber diario de funciones; que los recursos estén debidamente aplicados con base en las reglas de operación de los programas federales y cuando se trata de recursos estatales se trata de la misma situación”
“Nosotros vamos, notificamos. Todo está debidamente armonizado, de hecho, se le notifica directamente al secretario de Agricultura y es algo que en este momento yo no podría hablar de hallazgos, porque acabamos de iniciar el 1 de abril”. Hasta ahorita “ha estado fluyendo la información” en la auditoría, afirmó.
Una auditoría amplia como la que este año se está haciendo a 25 dependencias -incluida la Sader- conlleva “unos meses”. Nosotros primero tendríamos un informe preliminar y eso depende de cómo va fluyendo la auditoría.
Hay auditorías que “brincan” un ejercicio fiscal y en esos casos la Secretaría de Honestidad debe emitir un acuerdo de ampliación por tanta documentación que se tenga que revisar y los auditores contadores soliciten mayor tiempo. “No digo que esto va a pasar, pero por eso no me quiero comprometer a tiempos”, agregó la funcionaria.
Por otro lado, refirió que el año pasado la Secretaría de Honestidad auditó un programa de la Sader, en el que “todas las observaciones fueron solventadas”. Esto significa que no hubo un pliego determinante, sino que hubo un pliego en el cual “se le comentó me hace falta esta constancia que no verifiqué, la solventaron sin observaciones y quedó cumplido”.
Finalmente, María Gabriela Monge expresó que en esta administración se han abierto siete expedientes de investigación en la Sader. Por estar vigentes y para resguardar la secrecía, la funcionaria no proporcionó más información.
ZETA solicitó una entrevista con Rodríguez Cabrales, pero no fue concedida.
